Niños, niñas y mujeres embarazadas de la Comunidad de Madrid estarían encontrando mayores dificultades para acceder a la atención sanitaria a pesar de la protección que les otorga la legislación estatal, unas complicaciones a las que también se estarían enfrentando menores extranjeros.
La Cadena Ser publicaba este miércoles un artículo sobre los obstáculos con las que se topan muchas de estas personas en el que se recogen datos aportados por organizaciones que pelean contra la pobreza y la exclusión. Estas aluden a más de 5.000 barreras de acceso a la sanidad pública en la región que afectan especialmente a los menores extranjeros, aunque la normativa estatal reconozca expresamente que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que cualquier otro menor.
El último informe de la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Madrid) y Médicos del Mundo proyecta que alrededor de 2.000 personas en situación administrativa irregular han tenido problemas para acceder al sistema madrileño en este año debido, principalmente, a la imposibilidad de acreditar el empadronamiento o a la negativa de aplicar la legislación estatal vigente.
Sistema DASE
ElPlural.com ha tenido acceso a las cifras sobre el sistema DASE (Documento de Asistencia Sanitaria para Extranjeros) que el PSOE de Madrid (PSOE-M) obtuvo de la Comunidad no sin poco trabajo, tal y como expone la portavoz de Políticas Sociales del partido de Óscar López, Lorena Morales.
El desglose de los datos que ha podido consultar este periódico arroja números como que entre 2022 y 2025 seis de cada diez solicitudes DASE, sistema empleado por la región madrileña para gestionar la atención sanitaria de personas extranjeras, rechazadas correspondieron a menores. Del mismo modo, también seis de cada diez personas a las que Madrid reconoció el DASE en el mismo periodo eran niños o niñas.
Esta matemática, dice Morales, va en contra de la ley, ya que la normativa estatal, concretamente el Real Decreto 180/2026 que regula el acceso a la sanidad, reconoce el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para las personas extranjeras sin residencia legal.
La diputada arremete contra la Comunidad de Madrid por esta cuestión, recuperando las ayudas al concebido no nacido que la administración Sol anunció a bombo y platillo en lo que desde la oposición y buena parte de la sociedad consideraron un ataque directo contra el derecho al aborto.
La portavoz de Políticas Sociales del PSOE añade que se está llevando a cabo un “apartheid sanitario a los niños y las niñas migrantes” con la forma de proceder en materia sanitaria de la Comunidad de Madrid en declaraciones a ElPlural.com. “Es más, les niega la sanidad a cientos de niños y niñas que tienen derecho a ella, saltándose la ley estatal y dejándolos abandonados a su suerte”, eleva, aseverando que el “racismo” y la “falta de humanidad” del gobierno de Ayuso “es aterradora”. “Esto no es Madrid, no merecemos a esta mala gente en su gobierno”, concluye en palabras a este periódico.
Contra la normativa estatal
Los datos facilitados por Morales reflejan asimismo que en aproximadamente medio año de 2026 se aceptaron 34.656 solicitudes de menores en el sistema DASE, pero se vendrían aceptando solicitudes desde 2021. De hecho, en 2022, según las cifras consultadas, se habrían rechazado una treintena de solicitudes DASE.
La diputada socialistas hace hincapié en que algunas de estas solicitudes incluyen a menores de un año, por lo que “hablamos de un sistema que ha afectado a niños y niñas de todas las edades, incluso bebés”. De esta manera, Morales condena que los datos muestran que el procedimiento continuó funcionando después de la entrada en vigor del Real Decreto 180/2026. “Ayuso lleva desde 2021 aplicando la prioridad nacional a los niños y niñas en algo tan básico como acceso a la sanidad, vulnerando la normativa estatal”, define.
La Comunidad de Madrid recurrió el texto el pasado mes de abril, pero la representante socialista sostiene que debe respetar la ley mientras se resuelve el recurso. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir en este caso a este Real Decreto”, defendió en aquel momento Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo hace meses que la normativa facilitaba la regularización “sin control” y encima “con antecedentes penales”. “No vamos a dejar morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregularidad (…) Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el gobierno de Sánchez. Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos”, pronunció.
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