La Comunidad de Madrid emprende una guerra contra la educación pública desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Puerta del Sol. En su pretensión por favorecer a los centros privados, la líder del Partido Popular (PP) hace y deshace con los fondos autonómicos, llegando incluso a renunciar a partidas y políticas financiadas por el Gobierno central para mejorar el servicio público. La última ha sido el rechazo de 169 millones del programa de universidades, que han suscrito las 16 comunidades autónomas restantes, incluidas las del PP, y que hará perder a Madrid 1.000 profesores.

Este martes, el Gobierno ha señalado esta “dramática” situación tras la celebración del Consejo de Ministros, haciéndose eco del grito de auxilio que han lanzado conjuntamente los rectores de todas las universidades públicas de la Comunidad. “Las universidades públicas madrileñas están clamando porque se sienten claramente amenazas y con esta tendencia están abocadas a la desaparición”, ha lamentado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Sin embargo, en plena celebración de la rueda de prensa posterior al encuentro de ministros, Ayuso ha rectificado, ante la perplejidad de los allí presentes.

“El titular parece que dice que dar marcha atrás y que acepta los profesores de universidad, pero que también hablará con el Ministerio de Ciencia para ofrecer una propuesta alternativa al acuerdo”, ha trasladado Morante en referencia a la información remitida por la Comunidad antes de la reunión con los rectores madrileños. “Han sido 16 las autonomías que han firmado el mismo convenio, con las condiciones que se aprobaron en conferencia sectorial y el voto de la Comunidad de Madrid; por tanto, no sé si alegrarme o si es otra excusa para no firmarlo”, ha añadido.

Rechazo a fondos públicas

La ministra ha querido mostrar que la cerrazón de Ayuso no responde a rivalidades entre PSOE y PP o entre el Ejecutivo central y las administraciones autonómicas aludiendo que todos los territorios, a excepción de Madrid, han suscrito el programa con el Ministerio de Universidades, incluidas las diez autonomías restantes lideradas por los de Alberto Núñez Feijóo. “Hemos alcanzado el acuerdo con 16 comunidades, solo ha quedado una que es Madrid. Hay 14 convenios ya firmados, uno con País vasco que se firmará a través de la reunión bilateral entre Gobiernos y otro con Castilla y León que estamos a punto de firmar”, ha detallado Morant.

La decisión del Ayuso, que parece haber rectificado, supondría un duro golpe para Madrid, denigrando y castigando aún más su sistema universitario público, que contempla como las universidades privadas crecen y reciben el trato favorable. “Madrid ha expresado su rechazo a firmar este programa, lo que significa la desaparición de 1.000 profesores de las universidades públicas de Madrid en los próximos tres años”, ha explicado la ministra del ramo. “La situación de asfixia aboca a que tenga que subir las matrículas y hacer cada vez menos accesible un ascensor social como es la universidad pública”, ha añadido.

Además, amenaza completamente a la investigación, que se desarrolla en un 70% en los centros universitarios, aunándose el 95% en los públicos. Así, el rechazo del programa por parte de Ayuso pone una desprotección clara a las universidades, más allá del agravio comparativo de los alumnos y profesores de la región con el resto de universidades. “Cuando Milei pasó por aquí con su predicamento de la motosierra parece que ha tenido efecto y en la Comunidad de Madrid se han tomado en serio lo de recortar y dar el golpe final a un sistema público muy importante”.

Las universidades públicas podrían desaparecer en Madrid

El Ministerio de Universidades ha querido abordar uno de los principales problemas presentes en todas las universidades públicas del país: la temporalidad y precariedad del profesorado. “Uno de cada dos profesores tiene un contrato precario y temporal, que es contra lo que lucha la nueva ley orgánica del Sistema Universitario”, ha explicado Morant. La competencia es autonómica, pero desde el Ejecutivo han querido destinar millones de euros a cada territorio para poder ayudar.

“Hemos hecho es poner sobre la mesa un programa para que se incorporen más de 5.600 profesores en los próximos tres años y se estabilice al resto en los próximos seis años”, ha desgranado Morant el plan, financiado con las cuentas el Estado. Una ayuda a fondo perdido que, como no podía ser de otra manera, han suscrito todos los Gobiernos autonómicos preocupados por sus universidades y deseosos de que estas den el mejor servicio posible a sus ciudadanos.