Se despeja la incógnita. La resolución, que llega con retraso, es contundente: la Audiencia Provincial de Madrid se ha opuesto finalmente a crear una macrocausa por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el Covid, adoptando así una postura contraria a la que pedían los familiares de las víctimas.
La decisión, que se ha conocido este jueves a pesar de que hacía un par de semanas que el órgano jurídico debía haberse pronunciado, ha supuesto un jarro de agua fría para los hijos de los fallecidos, que mantenían la esperanza de que se unificaran todos los casos en un mismo juzgado.
Ahora mismo, cada testifical se está produciendo en un juzgado de diferentes municipios madrileños, lo que a ojos de los familiares supone una complicación en el sentido de que, ya no ellos, sino los abogados tienen que desplazarse constantemente, los tiempos son más lentos y supone un perjuicio incluso para los imputados.
La parte damnificada lleva seis años litigando en decenas de juzgados de la región y se habían inspirado en la instrucción del caso de la DANA de Valencia, que ha logrado mayores avances en la averiguación de las decisiones políticas. Si bien los hay que piensan que es preferible mantener las opciones abiertas, pero las víctimas lo tienen claro.
¿Qué dice el auto?
Con todo, la decisión no sorprende tanto desde septiembre del año pasado, cuando una jueza de Plaza de Castilla se negó a acumular los procedimientos que les habían enviado otros compañeros de la región, que vieron coincidencias porque se repetían los imputados.
La jueza en aquel momento era María Isabel Durántez, titular del juzgado de instrucción número tres de Madrid, quien se opuso a aceptar las peticiones de los otros jueces poque consideraba que cada muerte se dio en unas circunstancias diferentes.
Las familias recurrieron a la Audiencia Provincial y contaron con el apoyo de la Fiscalía y del imputado Francisco Javier Martínez Peromingo. Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional redactaron el 22 de abril el auto, que se ha conocido en las últimas horas y narra lo siguiente.
“No existe una identidad subjetiva y objetiva en las diferentes causas”; emite. “Si bien coinciden tres de los investigados, en otras causas figuran otros y los sujetos pasivos )los fallecidos) son diferentes con padecimientos propios”.
Asimismo, los magistrados añaden que a efectos prácticos tampoco conviene la acumulación dado que “el conocimiento de todas ellas en una misma causa lo que haría sería añadir complejidad y dilatar más el procedimiento”, además “impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”.
Esperable, aunque doloroso
Ya en su anterior resolución, la Audiencia Provincial defendió hace un par de meses que cada fallecimiento se produjo en situaciones distintas. La sección número 16 del órgano consideró que cada fallecimiento se produjo en circunstancia diferentes en una decisión que no quedó exenta de polémica, ya que la jueza de instrucción número 5, Carmen Valcarce, remitió en julio de 2025 a su compañera María Isabel Durántez, del número. Dictaba que “de no acumularse los procedimientos, tales personas -los imputados- deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares”.
El órgano defendió que la magistrada había esgrimido argumentos “extensos y fundados” para mantener separadas las investigaciones y se retrotraían al Tribunal Supremo, dictando que éste había indicado con anterioridad que el caso de las residencias de Madrid tiene que analizarse fallecimiento a fallecimiento porque las circunstancias son distintas.
Asimismo, la Audiencia entendía que los delitos no son los mismos en cada procedimiento -porque en algunos supuestos se ha denunciado el homicidio imprudente y pudo haber más personas responsables- y que analizar cada fallecimiento podía resultar en última instancia “inabarcable”.