Nuevo avance en la investigación sobre la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias de mayores durante la pandemia. Ahora, la primera ‘macrodenuncia’ interpuesta contra el Ejecutivo de la Puerta del Sol comienza a dar los primeros pasos en los tribunales, ya que cuatro fiscalías de Madrid han acordado abrir diligencias por cada uno de los denunciantes -109 en total, familiares de más de un centenar de fallecidos- para determinar si se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios.
De esta manera, la Fiscalía da un paso sustancial para determinar si se cometieron estas irregularidades por orden del Gobierno de Díaz Ayuso en las 7.291 muertes que se produjeron en los primeros y peores meses del coronavirus en 2020 en la región.
De esta manera, se ha citado a declarar a decenas de familiares de mayores fallecidos en estas residencias de la Comunidad de Madrid en el marco de esta gran denuncia colectiva que se presentó el pasado 10 de octubre. Estas primeras declaraciones arrancarán este mismo miércoles 8 de enero.
Parte de las asociaciones denunciantes, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, han celebrado dicho avance al considerar que el movimiento de la Fiscalía "contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores".
Sin embargo, al tiempo, han alertado sobre el riesgo de que "los delitos denunciados prescriban" si no se actúa "con rapidez", un hecho que ocurriría a partir de "la segunda quincena del mes de marzo", cinco años después de que ocurrieran los hechos. "Solicitamos a la Fiscalía que judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares, especialmente teniendo en cuenta que los denunciantes ya aportamos una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos", han añadido en su comunicado conjunto.
‘Macrodenuncia’ pionera
Para ser exactos, esta gran denuncia contra el Ejecutivo de Ayuso fue presentada el pasado mes de octubre por 109 denunciantes, familiares de hasta 115 personas que fallecieron en dichos centros geriátricos de gestión pública y no fueron derivados a un hospital. Esos 115 residentes vivían en 72 geriátricos diferentes de Madrid; de ellos, fallecieron 111. Ante la gravedad de los hechos, consideran que se acometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Así, ahora las cuatro fiscalías territoriales de la región que recibieron la denuncia entonces han acordado ahora abrir las respectivas diligencias de investigación por cada uno, es decir, se abrirán 109.
La denuncia se dirigió contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes, a su vez, fueron el firmante y el autor de "los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños"; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno de Díaz Ayuso, que "incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo", y los geriatras responsables de aplicar dicho protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños.
Los denunciantes detallan en su escrito la discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos, aunque resulta especialmente grave lo ocurrido al no medicalizar las residencias y al impedir el traslado de residentes a hospitales públicos. Los otros tres ámbitos se corresponden con el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado; en el hospital del Ifema y en los hoteles medicalizados.
En consecuencia, el Ejecutivo madrileño, en voz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas acerca de este tema y que se está haciendo un "uso partidista" sobre este tema, tal y como ha venido esgrimiendo la propia Ayuso.