Este domingo se conocía que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta tanto contra el alcalde de Móstoles y como el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. Esta denuncia se presentó por el presunto acoso sexual y laboral que habría perpetrado Manuel Bautista sobre la posible víctima, unos hechos que se pusieron en conocimiento del Partido Popular y que, además de no prestarles apenas atención según la denunciante, trataron de ocultar.
Tan solo unas horas después de que se conociera que esta denuncia avanza en los tribunales y que la jueza cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio, el alcalde de Móstoles ha comunicado que no dejará su cargo. Lo hacía en una comparecencia pública en la que, además de subrayar que está siendo víctima de una "cacería política", recordaba a cierto suceso parecido en el fútbol femenino al asegurar lo siguiente: "Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir". En este sentido, el primer edil de esta ciudad madrileña ha sido incisivo y ha señalado que lleva "75 días aguantando una persecución absoluta sin tener nada, sin tener una sola demanda".
Un caso del que tuvo conocimiento el PP de Madrid y que se trató de dejar en la sombra
El caso de la exconcejala de Móstoles constituye uno de los episodios más relevantes recientes sobre presunto acoso sexual y laboral en la política municipal española. La denunciante, que formaba parte del Partido Popular, interpuso una querella contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, tras haber sufrido, según su relato, una situación prolongada de hostigamiento.
Los hechos, de acuerdo con la denuncia, comenzaron tras la llegada de Bautista a la alcaldía en 2022. En un inicio, la concejala mantenía una relación de confianza profesional con él, pero esta se deterioró cuando el alcalde habría iniciado insinuaciones y proposiciones de carácter sexual no deseadas. La exedil afirma que estas conductas incluían comentarios explícitos y propuestas de mantener una relación extramatrimonial, que ella rechazó.
A partir de ese momento, según su versión, el acoso sexual derivó en un proceso de acoso laboral. La concejala habría sido progresivamente apartada de sus funciones, excluida de actos institucionales y sometida a un entorno de trabajo hostil. También denuncia la difusión de rumores sobre su vida personal y profesional, lo que habría afectado gravemente a su reputación y bienestar psicológico.
Antes de acudir a la vía judicial, la denunciante trató de resolver la situación dentro del partido. Sin embargo, sostiene que no solo no recibió apoyo, sino que fue presionada por dirigentes del PP de Madrid para que no denunciara y abandonara el asunto. Incluso afirma haber recibido advertencias y comentarios disuasorios, lo que interpretó como un intento de silenciar el caso.
La falta de mecanismos efectivos de protección y la ausencia de respuesta institucional agravaron su situación, llevándola finalmente a dimitir de su cargo en 2024. Posteriormente, presentó una querella por delitos que incluyen acoso sexual, acoso laboral, coacciones y vulneración de la integridad moral.