Uno de los puntos hasta los que llega la polémica del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, es el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid y, en este caso concreto, con las obras ilegales que se llevaron a cabo sobre el inmueble.

Las faltas que ha percibido el Ayuntamiento han quedado en la colocación sin permiso de dos aires acondicionados, según revelaba el pasado miércoles el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida en declaraciones a los medios de comunicación.

Ante la sospecha de que las ilegalidades fueran más que eso, Más Madrid ha solicitado copias de los expedientes relativos al caso -por el momento sin éxito- dado que el miércoles, cuando habló el edil primero, no se encontraban en el Portal de Transparencia.

Preguntando este jueves a la formación que a nivel comunidad lidera Manuela Bergerot, el partido confirma a ElPlural.com que “no han podido acceder aún”. “Lo que sí podemos decir es que esa ‘resolución pública’ de la que habla Almeida no aparece en ningún sitio de las bases de datos urbanísticos municipales”, apostillan. Se refieren a una resolución de carácter “público” sobre la cuestión, según proyectó el edil primero que incluiría el expediente.

El máximo representante de Cibeles indicó que el procedimiento “concluyó con que las obras se habían ajustado a lo que se había hecho la declaración responsable, salvo la colocación de los aparatos de aire acondicionado”. Asimismo, añadía que “en eso consistía el restablecimiento de la legalidad en las obras que se había llevado a cabo en ese piso”. La resolución emitida por el consistorio asegura, es “pública”.

El anuncio de cierre del expediente por parte del alcalde llega a pesar de que tanto desde el área de Urbanismo, dependiente de la agencia que emite las licencias, así como desde la Junta de Chamberí, distrito en el que se encuentra el inmueble, se niegan a aportar información sobre el caso señalando que se trata de “un particular”.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el AYuntamiento de Madrid y, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

Reforma ilegal

El Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo una inspección que corroboró que González Amador había llevado a cabo una reforma integral en su piso que incluía la redistribución de habitaciones, renovación de instalaciones eléctricas y los acabados, y cambios en las carpinterías exteriores de toldos y de equipos de climatización. El texto firmado por la arquitecta dejaba claro que “no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas”.

Ahora, las irregularidades se reducen sin embargo a los equipos de climatización y olvida el resto de los trabajos que se ejecutaron y que incluían varias demoliciones de tabique, según el expediente de obras al que tuvo acceso en ese momento elDiario.es.

Asimismo, ElPlural.com pudo hablar con un concejal del grupo municipal socialista que también había intentado acceder al documento, pero lo recibió “incompleto” y con datos “ocultos”, además de “deliberadamente manipulados”,según indicaba a este periódico.

Las obras en el inmueble llegaron solo unas semanas después de su adquisición, que tuvo lugar en julio de 2022 coincidiendo en el tiempo después del fraude de González Amador a Hacienda. El 4 de agosto de ese año pidió permiso para iniciar unas obras que fueron rechazadas al día siguiente por parte de un funcionario municipal.

A mediados de octubre reconoció en otro escrito presentado en su caso ante el Consistorio madrileño haber realizado trabajos para una reforma integral, siendo entonces cuando la pareja sentimental de la lideresa amplió el alcance de la reforma y elevó su coste de los 9.816,73 euros a los 94.289, 48 euros (diez veces más de lo que iba a costar en un principio). Estos trabajos incluían la demolición de tabiques, los suelos, techos falsos, alicatados y todo tipo de mobiliario de cocina. También renovar por completo la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Las operaciones no contaban con la licencia necesaria por parte del Ayuntamiento, que analizó la documentación aportado prácticamente al día siguiente. El 5 de agosto de 2022 un informe del arquitecto técnico del distrito aseguraba que las obras no podían hacerse al ser “ineficaz” las declaración responsable presentada un día antes. En concreto, lo que se quería realizar en el piso requerían una licencia ordinaria. Es más, hasta dos resoluciones municipales se emitieron a finales de año con la orden de detener las obras. No obstante, éstas siguieron adelante.

La coordinadora que firmó las obras fue cesada de su cargo tras la reelección de Almeida como regidor y pasó a ejercer como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. Dentro del PP, hay discrepancias entre quienes hablan de decisión voluntaria y quienes la consideran una especie de represalia por oponerse a las obras.