La alcaldesa de Villalba (PP) prepara el desahucio de más de 100 personas sin orden judicial

Mariola Vargas, alcaldesa del municipio madrileño de Collado Villalba, es una vieja conocida del Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid. Desde 2007 vive de la política y, desde 2014, rige el Ayuntamiento ubicado en la sierra madrileña con mano de hierro y un evidente desprecio a los más vulnerables. Su actual aspiración es expulsar a 42 familias, que aglutinan a más de 100 personas, de un edificio propiedad de la SAREB. Actuación que pretende desarrollar sin orden judicial y sin ofrecer alternativa habitacional a los inquilinos.

El Ayuntamiento sigue dando pasos para acometer este desalojo que, en plena ola de frío y lluvias, empujará a menores, personas enfermas o con discapacidad y mayores, que viven sin agua corriente desde hace cinco años, a dormir en la calle. El arquitecto municipal Tomás Llorente, que los vecinos denuncian que está ligado al PP, ya ha realizado un informe en el que defiende que el bloque no es habitable, revelan las vecinas, y en vez de instar a la propiedad pública a solucionar los problemas, insta a su desalojo.

Una larga historia de guerra sucia contra las más vulnerables

El bloque de Calle Real, okupado por personas en riesgo de exclusión social, seguirá la misma suerte que el ubicado en la calle Trinidad, donde vivían nueve personas que fueron expulsadas ilegalmente, sin previo aviso ni orden judicial, obligadas a dejar atrás sus pertenencias. Es más, la Policía llegó a dejar emparedado al gato de unos inquilinos al seguir las órdenes del Ayuntamiento de Collado Villalba. Un procedimiento turbio y oscuro que vulnera toda legalidad vigente, pero que a la alcaldesa, que muestra abiertamente su odio a estos vecinos, no le importa desplegar.

“Los criterios que está usando el Ayuntamiento no son técnicos, sino que el proceso es parte de su larga historia de guerra sucia contra las más vulnerables”, relata la Asamblea de Vivienda de Villalba a ElPlural.com.  El Ayuntamiento pepero fue el primero en abrir la primera oficina de antiokupación de España, un fracaso que, aparte de para propiciar una querella contra el Consistorio, sirvió como chiringuito para colocar al jefe de una de estas bandas que hacen negocio desalojando a gente de sus casas a través de la coacción y la violencia.  

“Por ahora desconocemos cuándo se va a producir el desalojo cautelar del bloque, que puede llevarse a cabo en cualquier momento”, expone la Asamblea el momento concreto que viven los afectados. “Las vecinas llevan a sus hijas al colegio, se van a trabajar y no saben si van a tener casa cuando vuelvan”, trasladan el dramatismo, exponiendo además que todo se sustenta en un expediente arquitectónico que no han podido ver los vecinos y que alude a fallas en las instalaciones que no existen. Sin embargo, el único expediente técnico público, al que ha tenido acceso este periódico, tumba los argumentos de la alcaldesa.

El Informe arquitectónico desmiente al Ayuntamiento

“El edificio está construido con estructura de hormigón armado y acero, conforme a las tipologías habituales en edificación residencial contemporánea. La estructura presenta un estado de conservación bueno, sin signos visibles de fisuración estructural, deformaciones, asentamientos diferenciales ni patologías relevantes. No se han detectado indicios de desplazamientos, grietas en zócalos ni movimientos en juntas estructurales. Cubiertas y fachadas se encuentran en estado funcional, aunque se observan desperfectos estéticos menores, como desconchados en revestimientos y suciedad superficial”, recoge el único informe arquitectónico conocido.

En este, se insta únicamente a una revisión técnica completa de la instalación eléctrica, estando en buen estado fontanería y saneamiento, ventilación y climatización, zonas comunes, acceso y seguridad. “El edificio presenta un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes. Las instalaciones eléctricas requieren una revisión técnica, aunque no se han detectado situaciones de peligro. El resto de instalaciones se encuentra en condiciones aceptables”, concluye el informe, que pone en valor “la acción colectiva de los residentes” para mejorar y mantener el estado del inmueble.

Racismo de SAREB

No obstante, si de verdad el Ayuntamiento considera que el bloque no está en condiciones, corresponde a la propiedad arreglarlo, siendo esta SAREB, con quien los vecinos se encuentran negociando alquileres sociales. “Si el bloque no está habitable, que lo arregle SAREB, que está negociando alquileres sociales con las vecinas, teniendo en cuenta especialmente que el edificio va a entrar a ser parte de la Empresa Pública de Vivienda una vez SAREB sea disuelta”, espeta la Asamblea. Negociaciones que no están siendo sencillas.

Hace un poco más de un mes, explican las vecinas de la Asamblea de Villalba, el conocido como banco malo SAREB decidió excluir de las negociaciones para un alquiler asequible a las personas migrantes sin la nacionalidad. “No ha dado ninguna razón ni explicación de por qué este veto repentino, así que solo nos queda asumir que es algún tipo de discriminación racista pensada para dividir a las vecinas”, denuncian. Las vecinas migrantes tienen capacidad de obrar, en términos jurídicos, razón por la que la negativa se inclina a las tesis racistas que no compran el resto de afectados, que se niegan a negociar sin incluir a sus vecinos migrantes.

Odio de la alcaldesa

La persecución que están sufriendo las 42 familias por parte de la líder municipal es de todo menos sorprendente. El odio de Mariola Vargas ha llegado hasta tal punto que, durante la celebración de la cabalgata de los reyes magos y delante de niños que se encontraban en la celebración, deseó que les fuese mal. “A los reyes magos les voy a pedir ‘fuera okupas de Collado Villalba, fuera delincuentes’. Y luego, para la gente de bien, que es la mayoría de los 72.000 habitantes, 71.500 son gente fantástica y solo 500 son okupas y delincuentes que molestan mucho, salud y trabajo. A los otros, fuera”, trasladó en una entrevista in situ.

La presidenta de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid deseando a 500 vecinos que no tengan ni salud ni trabajo. Una anécdota atendiendo a que Villalba es uno de los municipios que menos invierte en Servicios Sociales de todo el Estado. En 2022 desapareció la partida de Alternativa Habitacional y hasta el comedor social de la parroquia ha pedido a Servicios Sociales que dejen de derivarles gente. Odio al pobre en su máxima expresión, hasta vaciar un edificio para dejarlo abandonado, mientras sus inquilinos se mueren en la calle de hambre y frío.