El juzgado de lo contencioso número 30 de Madrid ha ordenado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, reponer la placa que el primer edil quitó en 2020 a petición de la extrema derecha en honor a Francisco Largo Caballero, presidente socialista del Consejo de Ministros durante la Segunda República, situada en la plaza de Chamberí.

La sentencia recoge también que deberá ser repuesta la placa con el nombre de la calle del mismo político y la de Indalecio Prieto, representante asimismo socialista durante el periodo previo al estallido de la Guerra Civil.

Petición de Vox

El 15 de octubre de hace dos años el Ayuntamiento de Madrid retiraba la placa en memoria del expresidente del Consejo de Ministros sin previo aviso después de una petición que Vox había hecho 15 días antes.

El líder de la formación ultra en el Ayuntamiento, Javier Ortega-Smith, celebraba la retirada de la inscripción del político, a quien calificó como el “Lenin español”. De hecho, cargó también contra su estatua y pidió derogar la Ley de Memora Histórica. Días más tarde, el monumento fue vandalizado.

Por su parte la oposición calificó la retirada -a martillazos- de “ilegal”, anunció que recurriría a los tribunales y acusó al grupo popular de “maltratar” la memoria democrática, lo mismo que UGT.

Ahora, el Consistorio está obligado a colocar de nuevo la placa a instancias del sindicato y tras la resolución de la Justicia, que anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. En ella, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo sentencia que ni PP ni Vox han acreditado los crímenes con los que los partidos justificaron la destrucción.

Así las cosas, UGT recurrió el hecho por considerar inaplicable el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica aprobada la semana pasada y que reconoce a quienes sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura “dando lugar a una resolución carente de motivación y arbitraria”.

Los hechos alegados “no han sido acreditados”

Efectivamente, la magistrada Carmen Casto Guijarro asegura que ninguno de los hechos alegados por Cibeles “han sido acreditados” y que, además, “no encuentran encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica” porque “ni Francisco Largo Caballero ni Indalecio Prieto exaltaron la sublevación contra la República ni la fomentaron o apoyaron el golpe de Estado, así como tampoco exaltaron la represión de la Dictadura, ya que ambos murieron en el exilio”. La oposición ha celebrado que la justicia ponga la memoria democrática “en el sitio que la derecha y la ultraderecha le niega”.