El primer pleno del Parlament con el gobierno de ERC en minoría se saldó con el retorno de un proyecto de ley y dos avisos a sendos consejeros como resultado de la distancia tomada por Junts respecto de cualquier iniciativa de sus antiguos socios. La sesión fue un ensayo general de lo que tiene por delante el presidente Pere Aragonés y su escuálido apoyo parlamentario. De todas maneras, Junts y la CUP dejaron entrever que su desinterés por el futuro del gobierno de la Generalitat se acaba justo cuando está en juego el prestigio de alguno de los pilares de las teóricas estructuras de estado, como sería el caso de los Mossos d’Esquadra. Junts impidió la aprobación del apartado de la moción del PSC que criticaba los reiterados intentos de politización del cuerpo policial catalán.

Junts no tuvo inconveniente en que su abstención en el proyecto de ley del Plan Estadístico 2023-2028 acabara con el trámite parlamentario de un texto elaborado por el exconseller de Economía, Jaume Giró. En comisión, habían votado favorablemente el dictamen del proyecto, pero su nueva condición de partido de la oposición se impuso a la lógica y se desentendieron de un plan con el que no pueden estar más de acuerdo. Hace unos días, el gobierno Aragonés ya anunció el recorte de unas 200 iniciativas de su agenda legislativa para evitarse un alud de derrotas parlamentarias como esta.

La derrota más dura que puede sufrir ERC en las próximas semanas es la constatación de que no dispone de apoyos para sacar adelante los presupuestos de 2023. De mantenerse la tendencia de Junts de abstenerse incluso en los proyectos redactados por sus consejeros antes de abandonar el gobierno, el horizonte del presidente Aragonés es tormentoso. ERC ya ha insinuado que podría presentar las cuentas de Giró sin tocar un decimal, intentando presionar a Junts por la vía del afecto paternal a unos presupuestos extraordinariamente expansivos (un aumento de 3.000 millones) de los que ya había alardeado en todos los medios de comunicación. La primera reacción de Junts fue justamente no reconocer tal paternidad, afirmando que el anteproyecto no era del partido, sino la propuesta personal de Giró.

La trascendencia de impedir que la Generalitat disponga de un presupuesto diseñado para aumentar notablemente la inversión social frente a la crisis económica puede acabar sensibilizando a Junts de la necesidad de votarlos favorablemente o animando a ERC a saltarse el protocolo independentista y aceptar la oferta de colaboración del PSC. Las dos opciones se antojan complejas, pero la errática lógica argumental de los republicanos en materia de acuerdos políticos aconseja prudencia sobre el final de la historia. En el Congreso de los Diputados, ERC acaba de renunciar a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos del gobierno Sánchez, gracias a la enésima promesa de los socialistas de reformar el delito de sedición.

En el pleno de esta semana, Junts también permitió que la oposición declarara “el fracaso” de la consejera Teresa Jordà en su gestión de la crisis energética y, parcialmente, también dejó vía libre a la iniciativa del PSC que recriminaba la gestión del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en el polémico cambio del jefe de los Mossos. Sin embargo, en este último asunto, Junts (y la CUP) marcaron los límites de su apoyo a los no-independentistas, impidiendo la referencia a la politización del cuerpo policial, una de las joyas de la corona de la Generalitat.

Al derrotar esta referencia, los antiguos socios de ERC envían un mensaje al resto de la oposición, especialmente al PSC. A pesar de sus grandes diferencias con el gobierno Aragonés, están dispuesto a socorrerle en caso de ser puestas en peligro las esencias del discurso soberanista por parte de la justicia, el gobierno central o los mismos socialistas catalanes que, a efectos de enemigo exterior, son todos lo mismo, según el lenguaje independentista. Esta prevención de solidaridad in extremis entre los grupos independentistas, no expresada explícitamente todavía, pueden favorecer la continuidad de Aragonés con sus 33 diputados, aunque sea a trancas y barrancas, alargando la legislatura al menos hasta después de las elecciones municipales.