La juez que instruye la investigación de la DANA del 29 de octubre ha llamado a declarar como testigo a la jefa de gabinete de la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, según se desprende de los dos autos y la diligencia de ordenación notificados este miércoles atendiendo así a la petición del sindicato Fetap-CGT.

De este modo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado también información a los ayuntamientos de los municipios afectados con el fin de conocer cuáles de ellos formaron parte del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), así como los motivos sostenidos por la Generalitat para que se constituyera. En la misma línea, la juez de Catarroja ha solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que informe sobre los avisos “a todos los municipios con un Plan Municipal de Riesgo, para tener medidas de control sobre los cauces de los ríos” y “los datos de retorno” de los ayuntamientos, según se desprende del Plan Especial de Inundaciones.

Precisamente sobre este último, la magistrada ha considerado necesario saber si se informó “a todos los municipios afectados” de la situación de emergencia y a los servicios “involucrados en la operatividad” del Plan Especial. En línea también con ello, la juez pretende conocer si se establecieron los procedimiento de actuación que fijan las actuaciones a seguir en el CECOPI y si existían “pautas de coordinación de los flujos de información entrante y saliente”.

Entre otras cosas, atendiendo a las peticiones del sindicato que actuó como acusación popular, ha pedido saber si la AEMET recibió orden de “ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona en la que se precisara conocer la evolución” y si, según marca el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, se constituyeron el comité asesor, los grupos de seguimiento de riesgo y de gestión de medios y recursos y el gabinete de información. Asimismo, la magistrada ha solicitado también a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que aporte datos sobre los servicios de salvamento y rescate llevados a cabo por los bomberos de la Generalitat con helicópteros el 29 de octubre. 

Fetap-CGT, satisfecho con la citación

Después de conocerse la nueva citación de la juez de Instrucción, la acusación popular representada por Fetap-CGT ha valorado positivamente la decisión de la magistrada de llamar a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Pradas, Silvia Soria Cases. Según señalan, al ser citado como testigo no podrá responder únicamente a las preguntas de su abogada, como hizo la exconsellera, sino que está obligada a responder a todas las partes. 

Consideran además que su condición de jefa de gabinete de la responsable de Emergencias el día de la DANA puede suponer el disponer de información relevante y necesaria para el curso de la investigación que se mantiene abierta, y también sobre la situación de su municipio, Benetússer. No obstante, habrá que esperar a ver cómo Soria se persona en la Ciudad de la Justicia de Valencia ya que en el auto notificado este miércoles no figura todavía la fecha de la declaración.

La juez descarta, de nuevo, citar a Bernabé

Al margen de los dos nuevos autos, la magistrada ha vuelto a rechazar atribuir a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la condición de investigada en la causa. De la misma manera, ha descartado elevar una exposición razonada y trasladar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para la imputación del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. 

La magistrada responde así en un auto a la petición formulada en este sentido por una acusación particular que alegaba que ninguno de los dos había solicitado la declaración de emergencia nacional por la DANA que el 29 de octubre dejó 228 víctimas mortales y daños multimillonarios en la provincia de Valencia.

En el caso de Bernabé, la magistrada reitera lo sostenido en resoluciones previas: que la protección civil es competencia autonómica, según establecen el Estatuto de Autonomía y la ley autonómica 13/2010 "y la patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico".