En el marco de la investigación judicial que se cierne sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, sobre la que el juez José Luis Calama ha apuntado directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dos gobiernos del Partido Popular ahora se sitúan en el epicentro por haber sido clientes de algunas de las empresas señaladas en el auto. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario de la investigación judicial en la Audiencia Nacional, ha apuntado que el colectivo de entidades controladas por el amigo del exmandatario socialista y supuesto testaferro, según la policía, Julio Martínez Martínez, tuvo negocios con entidades controladas por cargos de Génova.
De esta manera, en el estudio de la ONIF figuran que los Gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía de José Manuel Moreno Bonilla abonaron cantidades entre 2020 y 2024, según ha comprado este periódico tras tener acceso al informe.
En concreto, el informe arroja que el Ejecutivo de la Puerta del Sol, entre 2023 y 2024, abonó 129.189,88 euros, con un pago de 96.753,02 euros en el primer año y 32.436,66 euros al siguiente. En 2023, otros 50.106, 48 euros se ingresaron en empresas de Martínez desde el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En suma, hace cs en montante final.
En lo que concierne al Ejecutivo de San Telmo, entre 2020 y 2024, se abonaron 62.307,12 euros en total a empresas del amigo de Zapatero. Desgranado por años: 7.334, 46 euros en 2020; 12,893,08 en 2021; 13.363,05 euros, en 2022; 13.964,45 euros en 2023; y 14.752,08 euros en 2024.
Ambas administraciones autonómicas del PP, de Ayuso y Moreno Bonilla, brindaron a empresas de Julio Martínez un conjunto de 241.603,48 euros.
Claves del informe de la ONIF
Entre otras cuestiones a destacar, el informe de la oficina perteneciente a la Agencia Tributaria señala a los principales clientes del colectivo de entidades del entorno de control que se les imputan ingresos a través de las declaraciones informativa, situando al cliente más relevante como Plus Ultra, con un volumen de 589.910,07 euros de ingresos que percibió por Análisis Relevante SL (301.290,00 euros), IOT Domotic Europe SL (155.847,36 euros) y Voli Analítica SL (141.772,71 euros), teniendo en cuenta que ni la primera ni la tercera empresa disponen de trabajadores “por cuenta ajena en el periodo analizado”, según se apunta, mientras que IOT no cuenta con empleados por cuenta ajena “en los ejercicios que obtiene los ingresos”.
Entre otras claves emanadas del informe de la ONIF, se dibuja un fuerte contraste entre el “escaso” patrimonio personal de Martínez Martínez en comparación con el amplio entramado societario bajo su mando. Según este estudio, el empresario apenas declaró rentas personales, no tuvo cuentas bancarias entre 2020 y 2021, no tenía vehículos a su nombre y vivía de alquiler cuyos costes serían difíciles de asumir con los movimientos bancarios detectados.
Pese a ello, entre 2020 y 2024 controló de manera directa e indirecta hasta 39 sociedades, muchas de ellas sin actividad aparente, sin empleados o con ingresos mínimos. El informe apunta a casi cinco millones de euros en ingresos declarados o imputados en su entorno empresarial en el último lustro. Una cantidad de la que casi un millón de euros tendría origen, directo o indirecto, en operaciones relacionadas con Plus Ultra y que, al menos, 981.000 euros llegaron al entramado societario controlado por Martínez a través de pagos de la aerolínea o de empresas vinculadas a clientes, como las tres entidades mencionadas anteriormente.
Debido a los diversos movimientos de dinero entre las cuentas bancarias de varias empresas y los ingresos declarados por la vía oficial, así como las sociedades en las que no figuran empleados o con actividad mínima que llegaron a mover más de un millón de euros entre 2020 y 2025 –exceptuando el caso de Análisis Relevante con “cierta coherencia” entre “el volumen de entradas en cuentas y los ingresos declarados- el informe finaliza señalando que “con la información disponible, no se puede determinar el origen de buena parte de las discrepancias”, agregando que tampoco “constan operaciones en efectivo”.
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