Francisco José Gan Pampols ha vuelto a contrariar la política del Gobierno valenciano de Carlos Mazón con motivo de los efectos de la DANA y, esta vez, se ha referido al conocido barranco del Poyo, uno de los epicentros de la catástrofe. El vicepresidente de la Generalitat y encargado de la Recuperación Económica y Social de Valencia no es la primera vez que se posiciona de esta manera públicamente.
El dirigente de la Generalitat fue entrevistado este martes por Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas de TVE bajo el marco de los tres meses que se cumplen este miércoles de la devastadora DANA. Al explicar las competencias que le corresponden a su Conselleria, el teniente general puso el acento en la necesidad de remodelar las infraestructuras que pueden volver a sufrir impactos de este calado ante lluvias torrenciales y desprendimientos.
Bajo este telón de fondo, explicó que las obras en los cauces y barrancos tienen que determinarlas la confederación hidrográfica: “Inicialmente, todas esas cuencas contemplaban obras en lo que llamábamos el Plan Hidrológico Nacional de principios del 2000. Las obras que tendrían que haber resuelto el problema en el barranco del Poyo, La Saleta, el Pozalet, están proyectadas desde el año 2010, son ocho actuaciones”, expuso. De esta manera, explicó que, con la crisis financiera de 2008, las inversiones en esta materia “cayeron un 75%”, reiterando que la solución más efectiva sería “tomarse en serio un plan hidrológico nacional”.
Con estas afirmaciones, Gan Pampols pone de relieve dos argumentos contrapuestos e inexactos: el primero, el esgrimido por el Gobierno central a través del Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que viene avalando el retraso en la ejecución de estas obras; el segundo, la tesis del Partido Popular que acusa al Ejecutivo central de paralizarlas por ser incompatibles, según respaldan, por la Ley de l’Horta.
El proyecto obtuvo luz verde en 2012 con la declaración de impacto ambiental (DIA) que firmó la exministra Teresa Ribera cuando ejercía como secretaria de Cambio Climático pero, con la no ejecución de las mismas bajo el mandato en Moncloa de Mariano Rajoy, esta medida caducó y se vio abocado a iniciar desde cero el mismo proceso de trámites ambientales. De haberse puesto en marcha, se habrían reducido los daños materiales en un 30%.
De esta manera, el vicepresidente del Consell dejó caer que el periodo límite para volver a la normalidad que calculan se fija en “el próximo otoño”: “Además, tenemos que haber sido capaces de hacer algunas actuaciones que permitan que esa ocupación del territorio se reduzca, es decir, permeabilizar algunas infraestructuras que actuaron como dique de contención, como la Pista de Silla”, añadió. A su vez, indicó la necesidad de “corregir trazados de algunos polígonos, eliminar y ofrecer terreno para construir viviendas”; un plazo que podrá alargarse entre dos y cuatro años.
Críticas hacia el propio Consell de Mazón
El que fuera teniente del Ejército de Tierra no escatimó en críticas durante la entrevista, tanto al Estado como la Administración valenciana. En lo que concierne al primero, se refirió a la lentitud de llegada de las ayudas al lamentar que no exista un punto único que unifique todos estos trámites de solicitudes. Pero se refirió de forma más prolongada sobre las actuaciones de la Generalitat con respecto a los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por medio del Gobierno central, sobre los que ya se han abonado a los afectados 1.386 millones de euros: “Es una cuota que pagamos todos en cada seguro que tenemos”, dijo.
En cuanto a la actitud del presidente Mazón, siendo una de sus últimas y polémicas declaraciones la comparación que hizo sobre los fallecidos en Valencia por la DANA con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, Gan Pampols evitó confrontar: “Ya sabe usted lo que pienso de Gaza”, refirió.
No es la primera vez que el vicepresidente para la Reconstrucción entra en un debate arduo con el mismo Consell. Desde su nombramiento, Gan Pampols ha venido esgrimiendo una postura en ciertos aspectos contraria a la ejecutada por Mazón: desde denunciar que no tuvieron en cuenta sus alegaciones para el Decreto Ley de Medidas Urbanísticas Urgentes hasta respaldar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con respecto a las competencias dentro del CECOPI.