Desde hace semanas se mantiene abierta la guerra entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia a propósito del litoral, que la administración autonómica reguló con la normativa aprobada por el Ejecutivo presidido por Rueda que lleva dos años operativa. 

La disputa entre administraciones se debe a la tramitación del anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, que precisamente la semana pasada el Parlamento gallego pidió su suspensión en aquellos preceptos que incidan directamente en el régimen de duración y prórroga de las concesiones que amparan actividades económicas. Repiten desde el PP gallego que, en palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "sigue escociendo" a Moncloa la Ley del Litorial gallego.

Sin embargo, desde el Bloque Nacionalista Galego, principal grupo de la oposición, tiene claro que el objetivo fundamental de los 'populares' con esta nueva normativa está muy lejos del interés general. En palabras del portavoz de Medio Ambiente de esta formación, Luís Bará, la meta del Gobierno de Rueda es la “especulación”. Este domingo, el dirigente del BNG indicó que esto es lo que caracteriza a las políticas del Gobierno del PP en relación con el patrimonio costero, “a través de una explotación intensiva de zonas con valores ambientales y de la proliferación de establecimientos turísticos y chiringuitos en un contexto de desregulación y desprotección del litoral”.

Las competencias en esta materia han sido reclamadas por la Xunta en años anteriores. Sin embargo, a la vista de los resultados, tiene claro Bará que “para esto era para lo que quería Rueda las competencias del litoral”.

En este sentido, los dos años y medio que está activa la nueva Ley del Litorial de Galicia los resumió “en dos palabras: una chiringuitada”. Según el portavoz nacionalista en Medio Ambiente, a lo largo de este tiempo “la medida estrella impulsada por el Gobierno de Rueda fue la ampliación de la temporada de chiringuitos desde Semana Santa hasta octubre, siete meses, y el récord, supuestamente, de 400 establecimientos de este tipo autorizados”.

Luís Bará ha sido todavía más contundente hablando de un “interés desmedido” a la hora de dar luz verde a “medidas encaminadas a la especulación a toda costa”, por parte de la Xunta, a la que acusa de “falta de interés por la gestión integral”. Esta afirmación la respaldo con un dato: “el Gobierno del PP no ha aprobado ninguno de los instrumentos de planificación y ordenación previstos en la ley de julio de 2023”. Entre estos cita, por ejemplo, las Directrices de Ordenación del Litoral, que debían estar aprobadas dos años después, en el mismo mes de 2025, “y aún no se han presentado”.

"Llenar la costa de chiringuitos"

Pero no se limita a este caso el diputado del Bloque Nacionalista Galego. También citó el llamado Plan de Ordenación Costera. Señaló que si bien esta regulación debería estar aprobado dos años después de la entrada en vigor de la ley “sigue pendiente”; algo similar ocurre con el Plan de Ordenación Marina, “del que tampoco hay noticias pese a que debería recibir luz verde en julio de este año”.

Para los nacionalistas esta “pereza normativa” de los 'populares' responde a una gestión que prioriza “llenar la costa de chiringuitos, promover una red de establecimientos turísticos o una senda costera que debería desarrollarse en el Plan de Ordenación Costera que se retrasa, precisamente de manera intencionada”.

Es en esta línea donde el Bloque también sitúa la inacción del Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda que ha dejado sin efecto “una buena parte” del Plan de Ordenación del Litoral correspondiente a 2011. La explicación, para Luís Bará, de esta forma de proceder permite facilitar la autorización de “campamentos turísticos, bungalows o cabañas turísticas en zonas clasificadas como de mejora ambiental o de protección costera”.

Al final, todo lo descrito, para el BNG, caminan “en la misma dirección”, es decir, “especulación en torno al patrimonio costero, explotación intensiva de zonas con valores ambientales y proliferación de establecimientos turísticos y chiringuitos; una situación de desregulación y desprotección de la que se benefician los amigos de Rueda”, en palabras del portavoz de Medio Ambiente.