El caso que acorrala al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), suma un nuevo y demoledor capítulo que estrecha de forma definitiva el cerco judicial sobre su gestión patrimonial. Documentos inéditos incorporados a la causa judicial —a los que ha tenido acceso este periódico— revelan la maniobra in extremis ejecutada por el regidor 'popular' y su hija mayor, Julia, apenas unas horas antes del fallecimiento de la matriarca de la familia, Dolores Pilar Rosalía Hermida Pereiro.
La tarde del 2 de enero de 2025, mientras la madre de los hermanos Durán Hermida se encontraba ya totalmente sedada en sus últimas horas de vida, Gonzalo Durán y su hija Julia procedieron a remitir una batería de mensajes a través de la aplicación "WhatsApp" a los diversos arrendatarios de los 13 inmuebles de Santiago de Compostela que conforman parte del patrimonio familiar, junto con otra vivienda, la 14ª en Santiago, que el tándem comercial de padre e hija explotan como VUT de forma irregular, sin los permisos administrativos necesarios.
El objetivo de la comunicación (mensajes a través de la aplicación "WhatsApp") era taxativo: exigir la modificación inmediata de la cuenta bancaria para el ingreso de las mensualidades del alquiler, ordenando que los pagos dejaran de realizarse en la cuenta de la titular, la madre de los Durán, que agonizaba en el hospital horas antes del fallecer, y pasaran a ingresarse en una cuenta bancaria a nombre del propio Gonzalo Durán.
Amenazas a los inquilinos y un poder que no permitía actos de disposición
Entre las pruebas que ya analiza la magistrada figura las capturas de pantalla de los mensajes enviados por Julia Durán a las inquilinas, así como los correos electrónicos posteriores emitidos por la arrendataria. En dicha documentación se constata que la maniobra se realizó a espaldas y sin el consentimiento del otro copropietario y hermano del regidor.
Ante las dudas expresadas por una inquilina y la comunicación de su disconformidad con el cambio de domiciliación, la respuesta por parte de la hija del alcalde fue tajante: por un lado, se profirió la amenaza explícita de rescindir el contrato de arrendamiento si la mensualidad "volvía a la cuenta de Dolores"; por otro, se pretendió blindar la operación amparándose en un poder notarial firmado el 30 de octubre de 2024 ante notario.
Sin embargo, el análisis jurídico del citado poder saca a la luz la presunta irregularidad de la actuación: la escritura pública solo facultaba a Gonzalo Durán para actos de mera administración ordinaria, en ningún caso para actos de disposición patrimonial o apropiación de fondos. Asimismo, la validez de dicho poder decaía de forma automática con el fallecimiento de la progenitora. Gonzalo Durán, dada su condición de médico, conocía con precisión el estado terminal de su madre y los tiempos biológicos, jugando con ellos para acelerar el trasvase de los ingresos a su cuenta personal antes del deceso.
La mecánica del vaciado contable: 'nóminas' opacas y embargo tributario
Esta maniobra no constituye un episodio aislado, sino el broche final de un modus operandi continuado en el tiempo. Aprovechando la brecha digital de su madre y su frágil estado de salud, Gonzalo Durán tomó las riendas de la cuenta bancaria familiar mediante la banca electrónica, operando con absoluta opacidad. La cuenta en cuestión era el pulmón financiero donde se depositaban las rentas de los 14 inmuebles y tres locales comerciales que posee la familia en Santiago de Compostela.
El patrón financiero descubierto por la investigación judicial revela una cadencia quirúrgica: el mismo día en que los inquilinos abonaban sus mensualidades, el dinero se esfumaba mediante retiradas en efectivo o transferencias hacia las cuentas del alcalde y su entorno.
Muchas de estas operaciones se camuflaban bajo el concepto de "Nómina", una figura jurídicamente inasumible para la gestión de una herencia familiar y manifiestamente incompatible con la condición de Gonzalo Durán como regidor con dedicación exclusiva y sueldo público de 59.241,57 euros anuales.
Mientras el efectivo fluía hacia el bolsillo del regidor, el patrimonio compartido sufría una quiebra deliberada. Al dejar la cuenta sin saldo, la entidad bancaria devolvía sistemáticamente las cuotas de tres comunidades de vecinos, las tasas municipales de basura y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La deuda acumulada supera ya los 280.000 euros, un agujero que ha provocado embargos ejecutivos sobre el patrimonio personal de su hermano, José Juan Durán, afectado por una gestión en la que nunca tuvo participación ni voto.
El descontrol ha sido tal que la Agencia Tributaria (AEAT) ha intervenido emitiendo diligencias de embargo de créditos notificadas directamente a los inquilinos. Ante el impago voluntario de las obligaciones fiscales por más de 21.000 euros, la AEAT interceptó los ingresos ordenando que el alquiler sea abonado directamente a las arcas públicas, certificando documentalmente la insolvencia y la gestión temeraria ejercida por el alcalde.
La jueza de Santiago ha designado a un Administrador Judicial externo —cuyo auto no ha sido recurrido por Durán— para auditar hasta el último céntimo de la última década. Esta fiscalización busca romper la barrera de la prescripción ordinaria de cinco años al enfocar la causa como un delito continuado de apropiación indebida, lo que situaría al regidor ante penas que rozan los diez años de cárcel.
¿Casualidad o causalidad?: el millonario entramado patrimonial del clan
El verdadero enigma que desentraña la justicia radica en el destino del dinero sustraído de la masa hereditaria. El cruce de fechas entre el desvío de rentas en Santiago y las inversiones inmobiliarias del círculo íntimo del alcalde dibuja una sincronía delictiva. En cuestión de pocos años, mientras la cuenta de la anciana era esquilada, el entorno más cercano a Gonzalo Durán ha levantado un imperio patrimonial valorado en más de un millón de euros.
El caso de su pareja sentimental, Covadonga, resulta paradigmático. Tras ejercer como profesora de instituto, irrumpió en el mercado inmobiliario mediante la constitución exprés de una sociedad limitada con apenas 3.000 euros de capital. La firma, administrada por José Manuel Aspérez —concejal tránsfuga integrado en el equipo de gobierno de Durán—, adquirió de forma relámpago un edificio entero en el centro de Vilanova de Arousa valorado en 200.000 euros.
Las obras de reforma de este inmueble han encendido todas las alarmas por un presunto quid pro quo municipal: la rehabilitación la ejecuta una empresa de mantenimiento eléctrico que resulta ser una de las corporaciones más beneficiadas por las contrataciones y adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Vilanova.
A esta operación se suma la vertiginosa expansión de sus hijas. Rosalía, la hija menor, asumió a través de una mercantil la franquicia del supermercado DIA en Rianxo por unos 400.000 euros, adquiriendo además otra vivienda residencial en Vilanova poco después del fallecimiento de su abuela.
Por su parte, la primogénita, Julia Durán, adquirió dos pisos en Santiago de Compostela que explotó como Viviendas de Uso Turístico (VUT) clandestinas al margen de Hacienda, obteniendo rendimientos anuales de más de 30.000 euros.
Un despliegue de ladrillo que se completa con una flota automovilística privada compuesta por un Mercedes AMG descapotable de 200.000 euros, un todoterreno AMG de 150.000 euros y el histórico Rolls-Royce utilizado por el regidor.
Conclusiones judiciales: de la vía patrimonial al banquillo por calumnias
El avance de las pesquisas sobre el entramado patrimonial coincide temporalmente con el colapso del blindaje penal de Gonzalo Durán en los juzgados. La magistrada Sofía Leonor Castro Verdes, al frente del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa, ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado (PA 27/26), dando por concluida la instrucción y dando el paso definitivo para sentar al regidor en el banquillo de los acusados por delitos continuados de calumnias e injurias graves.
La resolución judicial da por acreditado que Durán instrumentó una cacería reputacional contra la candidata del PSdeG, María José Vales, utilizando el salón de plenos municipal en la campaña electoral de 2023 para acusarla falsamente de corrupción a partir de una causa archivada y un simple error material de la Fiscalía.
El testimonio en sede judicial del Patrón Mayor de la Cofradía desmontó la coartada del alcalde, confirmando que jamás existió denuncia institucional ni pruebas contra la edila socialista. La apertura inminente del juicio oral por esta querella criminal cercena la estrategia de dilación del regidor y precipita un doble frente penal: por un lado, el banquillo ordinario por atentar de forma dolosa contra el honor de su rival política; por otro, la pasarela directa a la Fiscalía Anticorrupción que construyen los informes del Administrador Judicial tras certificar el acoso a inquilinos y el expolio continuado del legado materno.
Consecuencias políticas: el desgaste institucional sobre Feijóo y Alfonso Rueda
Esta acumulación de reveses judiciales sitúa a la dirección del Partido Popular ante un dilema ético e institucional insostenible. La figura de Gonzalo Durán ha pasado de ser un barón incombustible a convertirse en un activo tóxico para la cúpula que lideran Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.
La paradoja roza el esperpento político: precisamente el pasado fin de semana, en pleno huracán por la apertura del procedimiento abreviado y las revelaciones sobre el desvío de cuentas en el lecho de muerte de su madre, se le entregó a Alfonso Rueda la insignia de oro y brillante en Vilanova de Arousa. Este máximo reconocimiento municipal, otorgado bajo la sombra del regidor investigado, escenifica un respaldo público que la dirección autonómica del PPdeG difícilmente podrá justificar cuando se formalicen los escritos de acusación del Ministerio Fiscal.
Mantener la cobertura institucional a un regidor cercado por embargos fiscales, acusado de usar las rentas familiares como cajero automático y con un pie en el juicio oral representa una enmienda total al discurso de regeneración democrática del PP, dejando a la cúpula popular atrapada en el fango procesal de un alcalde que afronta la inhabilitación y el ocaso definitivo de su carrera política.
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