La Sociedade Impulsa con accionariado del 50% propiedad de la Xunta de Galicia (40 por ciento propio y 10 por ciento a través de Sociedad Galega do Medio Ambiente, Sogama) ha estado siempre en el disparadero.

En 2021, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, se creó esta entidad en la que está el que consideran el banco de referencia del PPdeG (Abanca) con un total del 38% de sus acciones. Fue de las últimas creaciones de Feijóo puesto que un año después se postuló primero y alcanzó después el liderazgo de su formación a nivel nacional.

Desde el principio ha estado en entredicho esta Sociedade Impulsa, cuyo papel más relevante se ha ligado a la puesta en marcha de la macrocelulosa de Altri en el municipio lucense de Palas de Rei.

En abril de este año, el Consello de Contas llamó la atención sobre la necesidad, por parte de la Xunta, de “transparentar” Impulsa, Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia desde el punto de vista de su actividad financiera. La advertencia no era menor y ante la misma tuvo que salir a la palestra la propia conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que también ostenta el cargo de presidenta de esta entidad.

Lo llamativo es que en aquel momento, y en contra del criterio del Consello de Contas, argumentó que no hacía falta ofrecer explicaciones por parte de Impulsa porque “no es una sociedad pública”, y ello a pesar de que la Xunta, de forma directa e indirecta, es el accionista mayoritario.

Ese mismo mes de abril, desde el Bloque Nacionalista Galego se pidieron explicaciones, al tiempo que se criticaron las aclaraciones de Lorenzana. La conexión con Altri, tal y como se denunció desde diferentes ámbitos, quedó patente el pasado agosto cuando se anunció a través de un simple comunicado en plenas vacaciones la “disolución de la sociedad”, con la justificación de que se había constatado “el cumplimiento de su propósito fundacional: contribuir a acelerar la recuperación económica de la comunidad aútonoma en el escenario pospandemia”.

La clave, sin embargo, está en otro de los argumentos que propician el fin de esta creación del último año de Feijóo al frente de la administración autonómica: “El próximo final del programa Next Generation UE”.

Y es aquí donde se halla, en opinión de la oposición gallega, la conexión entre Altri y la Sociedade Impulsa, que salta por los aires tras no obtener el proyecto de la factoría de la multinacional portuguesa ayuda alguna por parte del Gobierno central para su desarrollo.

Un mes antes, el PSdeG también hizó hincapié en la “falta de transparencia” que siempre ha rodeado a la entidad desde su nacimiento.

“Qué esconde el pacto entre Altri y Xunta”

No obstante, cuando se anunció su disolución, los socialistas recordaron que poco antes habían reclamado “todos los expedientes relacionados con Impulsa”. En su momento comentaron que este cierre precipitado está relacionado con Altri, de ahí que preguntaran “qué se esconde tras el pacto” entre la compañía lusa y el Ejecutivo gallego del PP.

Ahora, el viceportavoz del BNG en la Cámara autonómica, Luís Bará, acaba de pedir en sede parlamentaria que se haga público el acuerdo firmado entre la Xunta y Altri a través, precisamente, de la Sociedade Impulsa.

La sospecha de los partidos de la oposición tiene que ver con la posible indemnización cerrada entre Gobierno regional y Altri, algo que negó en mayo el propio presidente gallego Alfonso Rueda.

La acusación de los nacionalistas apuntan a que los 'populares' han llegado a modificar leyes “a través de vías torticeras, como la de recurrir a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para cambiar la ley de Política Industrial por la puerta de atrás". Según Bará, de este modo, se podrá “indemnizar” a la multinacional portuguesa “por inversiones ya realizadas cuando su proyecto fracase totalmente”.

Los nacionalistas creen que ese “acuerdo secreto” esconde una indemnización que va más allá del “medio millón de compensación si el proyecto no se aprueba en el plazo de un año”

El diputado del BNG ha calificado a Impulsa, que debía ser “el buque insignia” de la política industrial de la Xunta, como “gran fiasco” porque se hunde antes de poner en marcha “ninguno de los proyectos tractores que anunció”.

Ha dio más allá en sus acusaciones Luís Bará, al encuadrar la decisión del final de la Sociedade Impulsa en “el interés del PP por hacer un borrado y eliminar pruebas sobre los acuerdos con Altri”. En caso de que la petición de esa información no sea atendida la conclusión para los nacionalistas es clara: “Tienen cosas muy graves que ocultar sobre sus responsabilidades, complicidades y chanchullos que, incluso les llevaron, para cumplir las condiciones impuestas por Altri, a modificar una serie de leyes".