La oposición pone pie en pared por la manera en la que la Xunta de Galicia está desarrollando la nueva ley de costas, un ámbito en el que tiene las competencias desde que el Estado se las otorgase en abril del año pasado -la emisión se hizo efectiva en julio-, produciéndose de esta manera un hecho histórico en tanto en cuanto la gallega se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en asumir la competencia para la gestión plena de su litoral.
Sin embargo, lamentan que el equipo regional está haciendo un uso partidista y que “favorece” el “interés” de unos pocos en favor de la “especulación” también en primera línea de playa y la “turistificación”.
Establecimientos turísticos o centenares de chiringuitos
Estos son algunos de los términos que emplea Luis Bará, viceportavoz segundo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y diputado de la formación, en declaraciones a ElPlural.com. Encargado de ser la persona que pone de manifiesto la opinión de su partido sobre la gestión de la Xunta en un ámbito que recuerda ahora en Semana Santa, cuando mucha gente acude a Galicia, expresa que el Ejecutivo autonómico permite “una red de establecimientos turísticos del litoral y promueve que se transformen edificios patrimoniales en turísticos”, entre otras cosas.
Con un toque de sorna, pero un trasfondo muy serio, la formación empleaba esta semana el concepto de “chiringuitada” para aludir a la autorización de más de 400 chiringuitos a través de una ampliación de estos sitios que ya va “desde estas fiestas hasta finales de octubre”. En paralelo, no es solo que proliferen este tipo de aspectos, sino que lo hacen sin tener en cuenta, según explica el BNG, planes para proteger el espacio a todos los niveles.
Sin planes de protección
Bará concreta que, “a la vez de la ley se deroga el plan de ordenación del litoral, que establecía determinadas protecciones en áreas de mejora ambiental y en sitios de valor ambiental”. “En los últimos meses se están dando cada vez más instalaciones de campings, bungalós o instalaciones turísticas, y ahora el gran logro que anunció la Xunta los primeros años de la ley del litoral fue el récord de chiringuitos en la costa”.
El viceportavoz segundo insiste en que “no hay plan de ordenación costera”, por ejemplo, mientras que el de “ordenación marina tenía que estar en julio de 2026 y no se sabe nada de él aún”. El resto tenían que estar preparados en dos años pero, indica, “ya vamos por tres”.
Por lo tanto, la Xunta “derogó el plan de ordenación de litoral, sin desarrollar ningún instrumento de ordenación sustitutorio”: “Y están tramitando con rapidez y urgencia medidas en el sentido del mayor impacto en la costa, como todas las actividades turísticas que aumentan”.
El diputado señala directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Siempre llevó él directamente las competencias de Turismo (…) Tiene una red de amistades de gente con intereses en este sector que desde hace tiempo puso sus intereses en el patrimonio costero y edificios costeros para uso turístico”.
Con todo lo expuesto encima de la mesa, pone de manifiesto que esa “orientación claramente especulativa y de masificación turística en el litoral” afecta sobre todo a “determinadas zonas” gallegas. “Todo ello utilizando este argumento que emplea la Xunta de que somos un refugio turístico, cuando sabemos que hay muchas operaciones de compra y de especulación alrededor de la transformación de construcciones en el litoral para convertirse en edificios turísticos”, contempla. Asimismo, recuerda que el Gobierno central se reservó algunas competencias.
La ley, defiende el Gobierno de coalición, se centra en la protección ambiental, limita nuevas edificaciones en la franja de 100 metros y promueve la gestión del dominio público-marítimo terrestre.
Catálogo de bienes de valor cultural
En los últimos días, la Xunta de Galicia ha aprobado el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que identifica más de 2.000 construcciones que será necesario proteger y conservar al formar parte del patrimonio costero de la comunidad.
El presidente gallego incluyó 988 que están en A Coruña, 835 en Pontevedra y 180 en Lugo, siendo la mayor parte arquitectónicos, por delante de los arqueológicos, etnográficos, industriales y artísticos. Más de la mitad del total, unos 1.040 pertenecientes a la categoría arquitectónica e industrial son susceptibles de experimentar cambios de uso para destinarlos a un fin diferente del cual fueron concebidos originalmente por mediante proyectos de revitalización.