Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde junio de 2019, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción de Ourense por un supuesto delito continuado de apropiación indebida tras la denuncia presentada por el exconcejal y antiguo simpatizante de Democracia Ourensana, Telmo Ucha.
En la querella -que arrancó inicialmente como una acusación por un supuesto delito de malversación- a la que ha tenido acceso Europa Press, el denunciante recalcaba que el alcalde "tiene dedicación exclusiva para el ejercicio de sus funciones", con una "asignación exclusiva de 74.850,30 euros", aprobada en el pleno del 12 de junio de 2023, pero "realiza actividades mercantiles y privadas con grandes ingresos" sin contar con la debida declaración de compatibilidad, motivo por el que el regidor deberá declarar el 13 de febrero del 2026.
"El máximo mandatario siempre nos dijo que se dedicaba a la labor de gobierno, parece ser que nos engañó no solo a sus entonces compañeros sino a toda la ciudadanía", ha declarado el querellante en la denuncia. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Ourense afirmó en redes sociales que “el alcalde debe priorizar el interés general de la ciudad”, tras las afirmaciones del propio Pérez Jácome en las que reconoce “llevar a cabo actividades mercantiles" y "cobrar otras cantidades a mayores de las propias de la dedicación exclusiva".
En esta línea, la querella añade que el regidor ourensano "ha seguido ejerciendo una actividad empresarial" y "utilizando los ingresos del Ayuntamiento, del partido y de las contrataciones". En consecuencia, el Juzgado de Ourense ha solicitado al Ayuntamiento la remisión de una copia certificada de la documentación solicitada, así como la solicitud a la Administración Tributaria de las declaraciones de IRPF, IVA y renta de Jácome. El denunciante, a su vez, reclama la devolución íntegra de todos los salarios recibidos bajo el mandato de Jácome durante, al menos, los últimos cuatro años.
El trasfondo de esta citación se enmarca en una serie de investigaciones y denuncias previas. Jácome ya había sido advertido por la Fiscalía de Ourense de que la compatibilidad de funciones del alcalde con su actividad empresarial generaba una “situación irregular” y remitió el asunto al Tribunal de Cuentas para que valorase posibles responsabilidades contables.