Pie en pared contra el oscurantismo de la administración de Alfonso Rueda por el proceso de Altri en Galicia. Cerca de cuatro años de poco menos que clandestinidad por parte del equipo del PP gallego a la hora de explicar los pormenores de la macrocelulosa que la compañía portuguesa pretende instalar en Palas de Rei (Lugo) con el beneplácito de la Xunta y a pesar de las enormes reticencias populares, reflejadas en varias macromanifestaciones, la última en diciembre de 2024.
Oscurantismo en la administración Rueda
Además del enorme impacto negativo en el aspecto medioambiental, existen las sospechas sobre todo un entramado de acuerdos y tratos de favor para la implantación de la factoría. Ante las sombras, el BNG ha presentado una serie de iniciativas con las que pedir al gobierno con mayoría absoluta conservadora la descalificación de lo que califica como “papeles ocultos” del proyecto, además de apreciar en el mismo evidentes “conflictos de intereses”.
El partido nacionalista exige que se hagan públicos todos los documentos necesarios tumbar cualquier sospecha que tanto la izquierda a nivel político como buena parte de la sociedad gallega tienen sobre el proyecto de Altri que, cuestión no menor, lleva a cabo la medida vía acuerdo con Impulsa, compañía que depende de la Xunta.
El BNG afea que lo único que el equipo de Rueda ha presentado como prueba de que no hay nada punible, ni siquiera poco ético, en la implantación de la macrocelulosa en el municipio lucense, es una nota informativa. “El texto dice que se dio una alianza para construir una unidad industrial que produciría anualmente 2.000 unidades de pasta y fibra (…) Las cifras fueron mudando, pero es significativo recordar que hay un acuerdo entre Altri e Impulsa, dependiente de la Xunta”.
Esto último, que la administración de Rueda niega, el BNG recuerda que el Ejecutivo disfruta del 40% de acciones, Abanca de un 38%, Sogama de un 10%, y Reganosa, de un 12%. “De estas dos últimas, la Xunta también tiene participación, por no hablar de la relación con Abanca…”, apostilla.
Posible incompatibilidad
Asimismo, hay que subrayar que la persona que establece los “acuerdos ocultos con Altri y la que tiene que tramitar la aprobación del Poyecto Industrial Estratégico es María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industrial”. O lo que es igual: “La misma persona”. Más allá del tono un poco jocoso, la situación viene a proyectar un posible caso de “tráfico de influencias” y de “incompatibilidad”, así como de “tráfico de influencias”. “Está clara su doble condición (de Lorenzana) con un intercambio de información, que vienen a corroborar sus declaraciones públicas cuando señaló que el proyecto era ‘redondo’ desde el punto de vista ambiental”. “La decisión estaba tomada desde el primer momento (…) La tramitación del proyecto y su riesgo medioambiental era un puro paripé”, concluye el diputado gallego.
Y a las constantes preguntas y peticiones de información, los partidos se han encontrado con “evasivas”. “Además, en todo el proceso hubo una serie de modificaciones urbanísticas, medioambientales y ordenación del territorio que parecen hechos a medida”, dictan. Y a más a más, “se lleva a cabo una modificación en materia de Política Industrial para que Altri pudiese recuperar toda la inversión en caso de que el proyecto no saliera adelante”.
Enorme impacto ambiental
Los detractores señalan que lo que la compañía quiere instaurar en esta localidad lucense de 3.330 habitantes no es una factoría sino una macrofábrica capaz de producir 250.000 toneladas de celulosa, frente a las únicamente 60.000 de las fibras textiles para que se quiere poner en marcha, cantidades que luego llegarán a las 400.000 y 200.000 toneladas respectivamente.
Además de Lugo, Pontevedra ya cuenta, con el visto bueno de la Xunta, de una construcción similar al ya conocido como proyecto Altri. En ese otro caso, la defensa de la factoría Ence -así se llama la de Pontevedra- personificada primero en Alberto Núñez Feijóo y después en Rueda, apelaron constantemente el trabajo. La realidad, según los informes ecológicos y de colectivos contrarios a la planta es muy diferente.
De nuevo, ahora en el caso de las intenciones de la empresa portuguesa, la administración pública esgrime los mismos argumentos. Los cálculos del equipo del PP apuntan a la creación de cientos de empleos para la construcción de la factoría y, una vez esté en marcha, medio millar de puestos directos y unos 2.000 indirectos, una cifra más que atractiva para la zona.
Pese a ello, la Xunta ha encontrado la queja de los vecinos de la comarca de Ulloa, los trabajadores del mar de la ría de Arousa, las entidades ecologistas, las organizaciones de agricultores y ganadores y otros colectivos, que no quieren la fábrica precisamente por el alto coste medioambiental que entienden que supondrá.