Una explotación minera vuelve a estar en entredicho en Galicia, después de la denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción esta misma semana por la posible comisión de delitos contra el medio ambiente. Según esta organización, tal y como describe en el escrito presentado en los juzgados de Carballo, A Coruña, el pasado 31 de enero tuvo lugar un fallo crítico en una balsa de residuos mineros de la mina de Monte Neme.

La denuncia de carácter penal implica a los “responsables políticos y técnicos de la Xunta de Galicia, así como contra las empresas integrantes de la UTE Monteneme, encargadas de las obras de restauración de la explotación minera”.

Así, tal y como describen en la denuncia, el punto de mira judicial se centra, entre otras personas, “en la conselleira de Economía e Industria, el director general de Planificación Energética y Minas y un ingeniero de minas del departamento territorial de A Coruña”.

Según recuerdan, el fallo detectado es “muy similar” al que se produjo hace ahora 12 años y que provocó “un desastre ambiental” a causa de un vertido incontrolado “de gran volumen de aguas contaminadas con metales pesados” desde una de las balsas situadas al sur de la explotación. En aquel momento, esos residuos “descendieron hasta el Rego de Tuixe, el Rego dos Riás y finalmente la Praia dos Riás, dentro de la ZEPA Costa da Morte, espacio protegido de la Red Natura 2000”. Las consecuencias fueran muy importantes con daños ambientales “visibles a lo largo de todo el recorrido”, obligando, incluso, al corte de una carretera local entre Leiloio y Aviño.

Desde Ecoloxistas no dan credibilidad a las versiones oficiales que “apuntan a un accidente fortuito causado por las lluvias o por la existencia de una galería desconocida”. Apoyan su desconfianza en la documentación que incluyen en la denuncia, en la que se pone de relieve que esa galería a través de la que llevó a cabo el vaciado de la balsa “estaba perfectamente inventariada desde al menos 1998” en escritos oficiales de la propia administración autonómica.

La entidad naturalista va más allá y achaca el fallo que provocó el vertido de manera directa a “los trabajos de restauración impulsados por la Xunta de Galicia, iniciados en diciembre de 2025, durante los cuales se realizaron importantes movimientos de tierras”. Estas actuaciones conllevaron “el desplazamiento de las aguas contaminadas hacia una balsa que no reunía condiciones de estabilidad suficientes”. A esto añaden que parte de esas aguas embalsadas “deberían haberse sometido a un proceso de tratamiento”, sin embargo este proceso tiene un coste que “supone más de la mitad del presupuesto del proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation”.

Precedente muy peligroso

En un comunicado, Ecoloxistas en Acción señala que la denuncia presentada esta semana en los juzgados de Carballo, hace hincapié en la “contradicción entre los análisis oficiales actuales, que descartan contaminación pocas horas después del vertido, y los realizados tras el fallo de 2014, cuando Augas de Galicia confirmó la toxicidad de las aguas y lodos vertidos desde la misma mina”. En el episodio de hace más de una década se vertieron más de 24.000 metros cúbicos de aguas contaminadas, tal y como reflejan los denunciantes.

“Lo sucedido el 31 de enero no es un hecho aislado, sino la consecuencia de décadas de abandono, falta de control y actuaciones administrativas irregulares, a pesar de que la peligrosidad de las balsas de Monte Neme está documentada en múltiples inventarios oficiales desde finales de los años noventa”, agregan.

En su escrito solicita la organización ecologista la apertura de diligencias previas, “la toma de muestras y análisis independientes de las aguas y sedimentos”, además de pedir que se reclame vía requerimiento “toda la documentación administrativa y técnica relacionada con la mina, con las obras de restauración y con las autorizaciones de vertido”. El objetivo de Ecoloxistas es personarse como acusación popular en el proceso.

Se da la circunstancia de que hace solo unas semanas esta misma ong informó de que el juzgado de instrucción número 1 de Santiago iniciaba la incoacion de diligencias penales relacionadas con otra mina, en este caso siutada en A Gudiña, Ourense.

Sobre la mesa la investigación de posibles delitos de prevaricación apuntando al mismo cargo que en el anterior supuestos, es decir, a Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Consellería de Economía e Industria, contra el que se dirige la denuncia penal, así como contra Roberto García, administrador de la empresa que explota la mina ourensana.

En concreto, la denuncia se debe a la presunta comisión de delitos de prevaricación, desobediencia y contra el medio ambiente, si bien estos últimos forman parte de una pieza separada.