Hace poco menos de un mes, la entidad Eólica Así Non elevó un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que se investigue qué hay detrás de la decisión de la recientemente nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, de mover los litigios relacionados con la gestión eólica de la Sección Tercera a la Segunda. En su denuncia, el colectivo solicitaba que se determinase si este movimiento pudiera constituir un delito de prevaricación.
Ahora, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, Adega, acaba de anunciar hoy mismo que, junto a la Confederación Intersindical Galega (CIG), han remitido un nuevo escrito, en esta ocasión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que se lleva a cabo una ampliación de la denuncia presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo.
El motivo es el mismo, es decir, el curioso y llamativo traslado “injustificado”, según los denunciantes, “de procedimientos judiciales relativos a líneas de alta tensión desde la Sección Tercera a la Sección Segunda” del alto tribunal gallego.
En opinión de Adega, entidad que forma parte también de Eólica Así Non, este movimiento en los procedimientos “solicitado por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se llevó a cabo contraviniendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho al juez o jueza predeterminado por la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, tal y como han subrayado en el escrito presentado.
Ante la primera denuncia presentada por la Coordinadora Eólica Así Non, la Fiscalía superior de Galicia decidió abrir diligencias de investigación preprocesales por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, como han explicado, “al no poder investigar a las personas denunciadas debido a su condición de aforadas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, trasladó la denuncia y la documentación a la Fiscalía del alto tribunal, a la que corresponde continuar con la tramitación de las diligencias de investigación”.
La ampliación de la denuncia que en mayo se presentó ante la Fiscalía gallega tiene que ver los movimientos de la propia presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG. En este sentido, según CIG y Adega, a pesar de que se han abierto diligencias de investigación, Azucena Recio “mantiene su intención de trasladar a la Sección Segunda no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorizaciones administrativas y de construcción de parques eólicos, que hasta el momento se estaban resolviendo en la Sección Tercera, competente en asuntos industriales”, han aclarado los denunciantes.
Conocimiento "a través de la prensa"
Apoyan su escrito con varias notificaciones de la presidenta de la Sala resolviendo el traslado de los litigios relativos a los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.
De igual modo, también han tenido conocimiento “a través de la prensa”, del traslado del procedimiento judicial relativo al proyecto eólico Orballeira.
No cabe duda para las entidades denunciantes que estas resoluciones de cambio de sección de asuntos ya en tramitación “vulneran las normas de reparto del TSXG aprobadas en el año 2023, conforme a las cuales, hasta hace unos meses, las impugnaciones de las autorizaciones administrativas de parques eólicos e instalaciones de transporte de energía recaían en la Sección Tercera”.
A su juicio, estas “resoluciones de traslado contradicen de manera radical” el posicionamiento seguido hasta ahora por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG frente a las peticiones formuladas anteriormente por la Xunta de Galicia y por empresas del sector codemandadas. Precisamente, hasta este cambio de criterio, “la Sección Tercera había rechazado de plano tales pretensiones por considerar que incurrían en fraude procesal”.
Ante esta situación, tal y como han señalado este viernes tanto la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia como la Confederación Intersindical Galega, es “urgente que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos —realizada en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso— existen motivaciones espurias, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés expresado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados y magistradas de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”.
Ambos colectivos han recordado hoy que ya se enviaron hace semanas escritos de queja ante las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta el momento no han recibido respuesta alguna.
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