Tres presidentes, tres partidos y una coincidencia poco habitual en el actual tablero político. Salvador Illa, Alfonso Rueda e Imanol Pradales aprovecharon su encuentro en el Foro La Toja para defender el Estado autonómico y cuestionar, desde posiciones distintas, la concentración de poder político y económico alrededor de Madrid. No hay una alianza formal entre PSC, PP y PNV ni una hoja de ruta compartida, pero sí un diagnóstico que atraviesa las siglas y cuya conclusión podría resumirse en que la descentralización sigue siendo una herramienta útil y que la cohesión territorial no debería depender siempre de la capital.
Pradales fue quien formuló la advertencia con mayor claridad. El lehendakari mostró su preocupación por una “deriva” hacia la centralización de los poderes políticos, económicos y tecnológicos en torno a Madrid y defendió que repartir esos centros de decisión favorece la competitividad y reduce tensiones territoriales. “No tenemos nada contra Madrid”, precisó, antes de advertir de que esa concentración constituye “un mal negocio” para la cohesión.
Rueda llegó al mismo punto desde otro camino. El presidente gallego reivindicó una “descentralización bien planteada” y la vigencia del Estado autonómico, al tiempo que defendió que Galicia pueda competir con el resto de territorios sobre unas condiciones básicas de igualdad. Illa completó la fotografía al recordar que “más allá de Madrid” también están Galicia, Euskadi y Cataluña, tres comunidades que, según sostuvo, forman parte de una España que no puede entenderse únicamente desde su centro político.
La coincidencia llama especialmente la atención porque procede de tres tradiciones políticas diferentes. Illa gobierna Cataluña al frente del PSC; Rueda preside Galicia con mayoría absoluta del PP; Pradales dirige Euskadi desde el PNV. El debate territorial consigue así romper, al menos durante unos minutos, la frontera convencional entre izquierda y derecha. Lo que los aproxima no es una misma concepción del Estado, sino la voluntad de preservar capacidad de decisión, recursos y peso económico fuera de Madrid.
El acuerdo termina cuando aparece la financiación
La sintonía empezó a resquebrajarse en cuanto la conversación pasó de la descentralización como principio a la forma concreta de repartir los recursos. Rueda rechazó el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno al considerar que deja a Galicia entre las comunidades peor situadas. La Xunta ha presentado 18 alegaciones y reclama que factores como el envejecimiento o la dispersión de la población tengan mayor peso en el reparto.
Illa defendió justo lo contrario. El president sostuvo que el actual sistema está “caducado” y reivindicó una propuesta que, según explicó, trasladaría 21.000 millones de euros adicionales del Estado a las comunidades de régimen común. Su argumento es que el nuevo modelo reduce diferencias y no concede privilegios a Cataluña. Rueda respondió que Galicia apenas recibiría alrededor del 2% de esa cantidad y volvió a reclamar una negociación multilateral.
Pradales observa el choque desde una posición distinta. Euskadi queda fuera del sistema común gracias al Concierto Económico, aunque el lehendakari recordó que las decisiones sobre financiación autonómica y condonación de deuda pueden influir indirectamente en la negociación del cupo quinquenal. La fotografía conjunta, por tanto, no elimina los intereses particulares: cada territorio llega a la descentralización con sus propios instrumentos y prioridades.
La vivienda también marca los límites
La vivienda volvió a mostrar hasta dónde alcanza el entendimiento. Illa defendió una mayor intervención pública y respaldó las medidas planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, construir más no basta para responder a un problema que ya afecta incluso a trabajadores con empleos estables. También expresó su “profunda decepción” con Junts por su rechazo a los decretos de vivienda.
Rueda sostuvo una posición diferente. El presidente gallego insistió en que el problema exige aumentar la oferta, defendió el compromiso de su Gobierno de construir 4.000 viviendas públicas durante la legislatura y cuestionó que los decretos estatales generen nuevas casas. También alertó de la inseguridad jurídica que, a su juicio, pueden provocar determinadas medidas sobre los propietarios.
Pradales evitó alinearse por completo con ninguno de los dos. Criticó que la crispación política impida alcanzar acuerdos básicos sobre vivienda y reivindicó el modelo vasco, que sitúa actualmente el parque protegido alrededor del 8% y pretende elevarlo al 12% en 2032.
La vivienda confirma así la naturaleza limitada de esta coincidencia. Illa, Rueda y Pradales pueden compartir la defensa de la descentralización sin compartir las políticas que cada autonomía debe aplicar. La fotografía de La Toja no borra sus diferencias; las hace más visibles precisamente porque parte de un punto de acuerdo poco frecuente.
La reivindicación territorial no se reduce al reparto institucional de competencias. Pradales puso sobre la mesa la concentración de actividad económica y tecnológica; Rueda vinculó la cohesión al mantenimiento de los servicios públicos y a una financiación suficiente; Illa insistió en la necesidad de vertebrar España con infraestructuras que no obliguen a pasar siempre por Madrid.
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