La defensa de Pradas pide el archivo de la causa de la DANA tras la declaración del presidente de la Confederación del Júcar

Justo en el día en que se cumplen once meses de la DANA, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha solicitado el archivo de la causa que investiga la juez de instrucción de Catarroja para esclarecer los hechos y responsabilidades del pasado 29 de octubre de 2024. La petición de sobreseimiento, comunicada por la defensa de la exconsellera, se produce después de la declaración que prestó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el pasado 29 de septiembre y al argumentar que Pradas “cumplió del mejor modo posible” su deber.

En este sentido, los abogados de quien fuera responsable de Interior, Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, sostienen que “su obligación, que cumplió del mejor modo posible, era coordinar y decidir en base a la información que le suministraban los técnicos presentes en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), en especial los responsables máximos de la CHJ y de la Aemet cuya falta de información hubiera sido necesaria resultó clave en lo sucedido aquella jornada”, según ha adelantado elDiario.es. Asimismo, sobre el envío tardío del mensaje Es-Alert que alertó a la población de la situación cuando ya había personas fallecidas en múltiples municipios, la defensa de Pradas alega que era “la primera vez que se enviaba en la Comunidad Valenciana y cuya implementación no resultó fácil”. Un argumento completamente opuesto a lo que sostuvieron desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat quien reconoció que sus técnicos habían recibido formación a partir de ocho cursos del Ministerio del Interior sobre sistema de alerta. Al margen de ello, cabe destacar que durante la legislatura anterior correspondiente al Pacte del Botànic también se hicieron dos pruebas. 

Pese a todo ello, la defensa de la exconsellera vuelve a insistir en el “apagón informativo” que ya ha sido tumbado por la juez de Catarroja y sobre el que tanto Mazón como el PP han articulado en numerosas ocasiones su discurso. Sobre esto último, añaden que en su declaración el presidente de la CHJ “reconoció” que en el Cecopi “no se manejó información alguna” sobre el barranco del Poyo. “No anticipó ninguna explicación de las consecuencias que pudieran tener los anuncios de intensas precipitaciones en la zona de las montañas de las que luego descenderían, lógicamente, los ríos y cauces cargados de agua hacia las zonas de más abajo”, añaden. 

Insisten en el desvío de responsabilidades

En líneas similares a todo lo anterior, en el escrito presentado por la defensa hacen hincapié en que la responsabilidad en la materia recaía sobre la CHJ a la que atribuyen “el control antes, durante y después de los barrancos y cauces objeto de su competencia”, haciendo así oídos sordos a lo que se desprende del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en el que se defiende que la responsabilidad involucra a múltiples agentes como los ayuntamientos, los bomberos, la policía autonómica, la Guardia Civil o las comunidades de regantes.

Asimismo, para reforzar su tesis, la defensa agrega que los técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias reconocieron que no comunicaron al Cecopi el contenido del correo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ de las 18:43 horas en el que se alertaba del aumento del caudal del barranco del Poyo. Con ello, los abogados de Pradas agregan que las “lamentables pérdidas de vida” del 29 de octubre “se debieron a una catástrofe natural de magnitud imprevisible y de desarrollo tan veloz que impidió reaccionar con tiempo suficiente” para “mitigar sus consecuencias, máxime cuando la información necesaria para haber anticipado la respuesta no llegó ni se debatió en el Cecopi”. Además, defienden en su argumentario que la muerte de las 229 personas “no se pueden imputar en absoluto” a Pradas “ni tampoco a ninguna de las muchas personas que intervinieron en la gestión de la emergencia”.

Pradas, una “cabeza de turco”

La de este lunes no es la primera ocasión en que la defensa de Pradas solicita el archivo de la causa. El pasado 24 de marzo la exconsellera de Justicia presentaba un recurso contra la imputación como responsable de 229 muertes por negligencia el día de la DANA. Un recurso en el que su letrado no dudaba en tildar a Pradas de "cabeza de turco" en este procedimiento penal. 

Así, según consta en el escrito de su defensa, al que tuvo acceso ElPlural.com, se asegura que: "El orden penal no es el idóneo para los objetivos señalados pues ello sólo puede venir precedido de la declaración de responsabilidad por delito, que en este caso ya desde este momento inicial, se vislumbra más que difícil, muy improbable, resultando absolutamente inadmisible que se seleccione como «cabeza de turco» (permítaseme la expresión) a nuestra representada, con la pretensión de poder atribuirle la responsabilidad penal por los fallecimientos producidos, por su posición institucional el día 29 .10.2024".

Asimismo, la defensa de Pradas sostuvo que los responsables del Cecopi en el que se envió el ES-Alert, tarde y mal redactado según la juez, tenía dos responsables, la consellera y la Delegación del Gobierno, y eso pese a que desde la Generalitat ya se ha enviado un informe al juzgado diciendo que no era un órgano colegiado (con varios mandos), y que por eso, ni hay actas ni tampoco grabaciones.

Pese a todo, dice la defensa de Pradas en su escrito que, "las competencias en las materias afectadas por la acción de la DANA, no se refieren sólo a «protección civil» y desde luego, el Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la AEMET y la Confederación del Júcar", y que "obviándose que existía codirección con la Delegada del Gobierno- en relación a las medidas de autoprotección de la población".