Críticas al nuevo modelo de financiación de carreteras del Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha presentado esta semana el anteproyecto de la nueva Ley de Carreteras, una norma que sustituirá a la actual Ley 5/1996, y que busca, según defienden desde el Ejecutivo, "simplificar trámites, reforzar la seguridad vial y modernizar la gestión y financiación de la red autonómica".

Según ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Medianorma, el texto había quedado "obsoleto en prácticamente todos los aspectos que regula, por lo que la nueva normativa busca "dar respuesta a las necesidades presentes y futuras" de las infraestructuras viarias, "a los cambios en la tecnología de las carreteras, a la evolución de la normativa estatal y autonómica y a la legislación de contratación pública, ordenación del territorio, urbanismo y evaluación ambiental".

La Ley apuesta, defiende el equipo de de María José Sáenz de Buruaga, por la simplificación administrativa y la sostenibilidad ambiental  y contempla  nuevas fórmulas de financiación de las nuevas carreteras, un aspecto que ha hecho saltar las alarmas en Cantabristas. 

Desde esta formación muestran su rechazo frontal a este nuevo modelo que, aseguran, supondrá más gasto para las arcas públicas, ya que “privatiza los beneficios y socializa los costes”. A esto añaden también que puede abrir la puerta a “favoritismos empresariales”.

La reforma, sostienen desde este partido “refleja un modo de gobernar opaco y que sigue sometido a los intereses de las constructoras”, a lo que añaden que "permitiría diseños de pliegos y condiciones ad hoc para favorecer a determinadas empresas". 

Otros de los aspectos que más les preocupa tiene que ver con el hecho de que las empresas privadas puedan adelantar el dinero de las obras a cambio de quedarse con el mantenimiento de las vías durante varios años. "Esta fórmula no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario: encarece el coste final de las infraestructuras, traslada el gasto a los presupuestos futuros y blinda contratos de mantenimiento durante décadas en favor de grandes constructoras que pueden permitirse jugar con esos plazos de tiempo”.

Cantabristas pide al Gobierno regional que dé marcha atrás y apueste por un modelo de gestión de carreteras que permita “fortalecer los medios públicos de construcción y mantenimiento, en lugar de priorizar delegar estas labores en empresas privadas”. "El nuevo sistema de financiación hipotecaría a largo plazo la administración, que quedaría presa de los intereses, beneficios empresariales y costes financieros por unas obras que, de gestionarse directamente, resultarían mucho más económicas”, resumen.

Otros cambios de la nueva ley

La nueva Ley de Carreteras de Cantabria introduce una amplia reforma del marco normativo autonómico que incluye otras novedades como que el personal adscrito a la explotación de carreteras pase a tener la consideración de agente de la autoridad y que determinadas obras menores en zonas de protección puedan ejecutarse mediante declaración responsable, sin necesidad de autorización previa.

La norma adapta la elaboración y modificación del Plan de Carreteras a la legislación de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental, incrementa la participación pública y permite una vigencia superior a los ocho años. Asimismo, clasifica formalmente los estudios y proyectos de nuevas infraestructuras y actualiza su tramitación, especialmente en lo relativo a la información pública y a la validez de la Declaración de Impacto Ambiental.

En materia de gestión del territorio, la ley regula las expropiaciones y las reposiciones de servicios afectados. La administración podrá valorar los terrenos como suelo rural y permitir que el expropiado conserve el aprovechamiento urbanístico cuando la normativa y el planeamiento lo permitan. Asimismo, el Ejecutivo podrá establecer restricciones temporales de circulación en situaciones de necesidad o por motivos de seguridad.

El régimen sancionador se endurece, tomando como eje la protección de la seguridad vial. Las multas oscilarán entre los 300 y los 120.000 euros, según la gravedad, y prescribirán en uno, tres o seis años. No obstante, se contemplan rebajas de hasta el 40 % por pago anticipado.

La nueva norma también el Catálogo de la Red Autonómica, que permite incorporar denominaciones geográficas o históricas y establece la elaboración del Mapa Oficial de Carreteras. Se concretan los procedimientos de cambio de titularidad y se redefine con detalle la estructura funcional de las carreteras.

Por otro lado, se clarifican las zonas de protección y los usos permitidos, con una regulación más detallada de accesos, obras y movimientos de tierras. La publicidad será menos restrictiva: se mantiene la prohibición en tramos no urbanos, pero se flexibiliza en otros supuestos, como en paradas de autobús. También se prohíbe plantar especies invasoras, se fija una franja mínima de seis metros para plantaciones forestales y se otorga a la Administración capacidad para actuar rápidamente ante riesgos, como la caída de árboles.

Por último, la ley incorpora normas específicas para tendidos aéreos, conducciones subterráneas, transportes especiales y la organización de pruebas deportivas y eventos en la vía pública.

El texto completo puede consultarse en las dependencias de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en horario de 09:00 a 14:00 horas y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.