La Comunidad de Madrid firmó un patrocinio de 45.000 euros para la etapa final de la Vuelta a España 2025 –que finalmente no se disputó por las protestas contra la invasión de Gaza– a cambio de visibilidad de marca (vallas publicitarias, vídeos promocionales, entradas VIP, etc.). La suspensión de la prueba abre la incógnita de si ese pago público sigue adelante o si podrá evitarse, dado que el evento no llegó a celebrarse completamente.
Para ser más precisos, ElPlural.com ha tenido acceso a dicho contrato, adjudicado a la empresa organizadora Unipublic S.A. a finales de agosto, que detalla la contraprestación que obtendría la Comunidad de Madrid a cambio de su aportación. En esencia, la adjudicataria debía garantizar la presencia destacada de la marca “Comunidad de Madrid” durante el desarrollo de la etapa final. Esto incluye la exhibición del logotipo institucional en numerosos lugares del evento, la colocación de 20 metros de vallas publicitarias con la marca en la zona de salida, la publicación de vídeos y cuñas promocionales alusivos a Madrid, y la entrega de 20 pases VIP para el acto de salida de la jornada final
Toda esta visibilidad pretendía aprovechar el “enorme” impacto mediático de La Vuelta, argumento con el que se justificó la inversión de dinero público en la promoción turística regional. Sin embargo, la esperada proyección internacional de Madrid a través del ciclismo se vio frustrada. Lejos de ser un escaparate positivo, la etapa 21 fue suspendida antes de su conclusión debido a las multitudinarias protestas pro-Palestina en la capital, que llevaron a los organizadores a detener la carrera por motivos de seguridad
La tradicional estampa de los ciclistas recorriendo el centro de Madrid y la foto del podio final en Cibeles nunca llegó a producirse, privando a la ciudad de la promoción que buscaba con este patrocinio. De hecho, Madrid “no ofreció la imagen” que sus mandatarios esperaban para fomentar el turismo tras el abrupto final de la competición.
La cancelación de la etapa plantea ahora una duda clave: ¿debe la Comunidad de Madrid pagar íntegramente los 45.000 euros pese a que el evento no se celebró tal como estaba previsto? El contrato regional fijaba un plazo de ejecución hasta el día de la carrera (14 de septiembre de 2025) y, como es habitual, supeditaba el abono al cumplimiento de las condiciones pactadas.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid –que había comprometido un patrocinio mucho mayor de 350.000 euros para la meta final– su acuerdo con Unipublic establece expresamente que “la celebración del evento” es la principal obligación de la adjudicataria, y que “el abono se realizará después de la prestación del servicio y previa acreditación de que se han cumplido todas y cada una de las prescripciones de los pliegos”. Gracias a esta cláusula, el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida ha señalado que “estudiará” si finalmente paga, dada la suspensión de la prueba en Madrid.
En el contrato autonómico, por su parte, la mayoría de compromisos publicitarios estaban ligados al inicio de la etapa, un acto que sí llegó a celebrarse en la localidad madrileña de Alalpardo. De hecho, la propia Ayuso participó en el pistoletazo de salida de la jornada final, con la caravana publicitaria luciendo las vallas y logos regionales previstos. Por ello, desde el Gobierno madrileño podrían argumentar que buena parte de la contraprestación sí se cumplió –al menos en la salida– y proceder con el pago a Unipublic pese al fracaso de la llegada. No obstante, el espíritu mismo del patrocinio –promocionar Madrid ante el mundo– quedó claramente incumplido. Si la Comunidad acaba abonando los 45.000 euros sin obtener el retorno publicitario previsto, ese dinero público habría quedado prácticamente tirado tras un evento que no alcanzó su objetivo.
Asimismo, queda por ver si el contrato contempla alguna cláusula de reversión o reducción del pago en caso de anulación de la etapa, una salvaguarda que protegería las arcas públicas regionales, o si por el contrario el Ejecutivo de Ayuso tendrá que asumir el coste íntegro pese al fiasco organizativo. En cualquier caso, la polémica ya está servida y la oposición reclama explicaciones por este gasto comprometido en una foto que nunca tuvo lugar.