El Ejecutivo de Pérez Llorca aprobaba esta semana los presupuestos de la Generalitat Valenciana para lo que resta de 2026. El acuerdo con Vox que le impulsó a la presidente de esta región española también permitió respirar al Partido Popular, que hubiera tenido muy difícil gobernar de no haber pasado a contar el año pasado con el apoyo de Vox en Les Corts. El reparto de partidas económicas recibía el visto bueno, desbloqueando, así, las cuentas públicas.
Los presupuestos diseñados por el equipo de Pérez Llorca salían adelante en la votación. Eso sí, al igual que cuando debieron aceptar en 2025 distintas políticas a desplegar que Vox le imponía para darle su apoyo, los populares obtenían luz verde tras haber cedido en 114 de las 115 enmiendas presentadas por los de Abascal a estas cuentas públicas.
Desde la oposición este hecho no fue bien recibido, ya que, mientras el Partido Popular admitía la práctica totalidad de las propuestas de Vox, todas y cada una de las enmiendas presentadas por PSPV-PSOE y Compromís, que fueron más de 5.000, fueron rechazadas. Los socialistas denunciaron severamente la negativa a cualquier iniciativa o planteamiento expresado, recriminando lo que definieron como un notorio "entreguismo" de Pérez Llorca a los de Abascal que ha acabado, tal y como subrayaban, con la capacidad que había no hace tanto de mantener un diálogo y llegar a consenso entre PP y PSOE en distintos asuntos.
Como se mencionaba, práctica totalidad de las propuestas presentadas por Vox fueron aceptadas por el equipo de Pérez Llorca, negando solo una. El único aro por el que no pasaron los populares fue el recortar el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución dedicada a fomentar la lengua de esta comunidad autónoma.
Los populares declinaron reducir en un millón de euros la partida económica dedicada a la AVL, una propuesta de los de Abascal que fue fuertemente criticada por los socialistas, quienes consideraron que desde Vox buscaban la extinción de esta institución por "inanición".
La AVL, según señalaban desde el PSPV-PSOE,es la entidad normativa sobre el valenciano que en su día el PP, con Zaplana, pactó con el socialistas para sacar la lengua del debate político. "Los ultras quieren eliminarla porque están en contra de las lenguas cooficiales y se han subido al carro de que es una entidad 'catalanista'", remarcaban.
La Acadèmia Valenciana de la Llengua
Creada por la Ley 7/1998 de la Generalitat Valenciana con el objetivo de dotar a la Comunidad Valenciana de un organismo independiente que fijara la normativa lingüística y contribuyera a superar el histórico conflicto sobre la regulación de la lengua, es la institución normativa encargada de regular el uso oficial del valenciano. Aunque la ley se aprobó en 1998, la institución quedó formalmente constituida en 2001 y, desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, está reconocida como una de las instituciones estatutarias de la Comunitat Valenciana y como la única autoridad competente para establecer la normativa oficial del valenciano.
Entre sus principales funciones figuran la elaboración de la normativa lingüística, la fijación de la toponimia y la onomástica oficiales a petición de la Generalitat, la emisión de informes y dictámenes sobre cuestiones lingüísticas, la defensa y promoción del uso normal del valenciano, el estudio del patrimonio literario y documental valenciano y la supervisión de la adecuación lingüística de los textos elaborados por las administraciones públicas. Sus resoluciones deben ser observadas por las instituciones de la Generalitat y el resto de organismos públicos de la Comunidad Valenciana. La AVL goza de personalidad jurídica propia y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su independencia y objetividad.
Vox y su confrontación con las lenguas cooficiales
La política lingüística se ha convertido en uno de los principales frentes ideológicos de Vox desde su irrupción en las instituciones. La formación de Santiago Abascal ha situado las lenguas cooficiales en el centro de su discurso, defendiendo la primacía del castellano y cuestionando tanto los organismos encargados de su regulación como las políticas públicas destinadas a proteger idiomas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano. Sin embargo, esta posición choca con el modelo constitucional y con el consenso científico que reconoce la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de España.
La Constitución de 1978 no solo establece el castellano como lengua oficial del Estado, sino que también reconoce la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas y obliga a proteger la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del país. Sin embargo, Vox sostiene que estas políticas favorecen el nacionalismo y generan desigualdad entre españoles. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el partido ha reclamado la supresión de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y ha cuestionado su criterio científico sobre la unidad lingüística entre valenciano y catalán. En Aragón también ha impulsado iniciativas para reducir el reconocimiento institucional del aragonés y del catalán.
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