La contratación pública de la pareja del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, continúa siendo motivo de debate en el plano político de la autonomía. Este lunes, el PSPV-PSOE ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) ha denegado el acceso al expediente completo de la funcionaria, pese a tratarse de información clave para determinar cómo optó a la plaza pública.
En este sentido, los socialistas valencianos han tachado esta decisión de "inadmisible" por impedir que se acceda a dicha documentación cuando entienden que existen dudas sobre la evolución profesional y retributiva de la pareja sentimental del president del Consell valenciano. Todo ello coincide con el traslado de la funcionaria a la Diputación de Valencia a través de una comisión de servicios que, a ojos de los socialistas, estuvo "falto de transparencia y tramitado con carácter de urgente necesidad que no se ha justificado", según han precisado en un comunicado.
Han incidido a su vez que el mencionado traslado a la Diputación ha supuesto un "notable incremento salarial" de más de 52.000 euros anuales, es decir, que "duplica" sus ingresos en comparación con lo que cobraba en el Ayuntamiento de Finestrat. Al tiempo, el PSPV ha advertido de un posible procedimiento irregular en los plazos al comprender que se podría haber realizado "a medida".
Al respecto, la secretaria Institucional de la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos, Mayte García, ha señalado que se está atendiendo a "un intento deliberado de ocultar información a la ciudadanía” con este caso : “Cuando hay sospechas de enchufismo y de utilización de las instituciones para beneficiar a personas cercanas al poder, lo mínimo exigible es transparencia total, no levantar muros administrativos para impedir el control democrático”, ha subrayado.
En clave de reproche al Partido Popular, les ha acusado de tratar la Administración pública "como si fuera un cortijo” y ha exigido “la entrega inmediata de toda la documentación solicitada”: “No vamos a parar hasta conocer toda la verdad sobre este caso, porque la ciudadanía merece saber si se han utilizado recursos públicos para favorecer intereses privados”, ha reiterado.
El PSPV pidió una comisión de investigación y Pérez Llorca les acusó de mentir
A principios de este mes de abril, cuando esta cuestión estaba en pleno auge en el escenario político de la Comunidad Valenciana, los socialistas solicitaron la creación de una comisión de investigación en la Diputación de Valencia para determinar cómo fue el proceso de contratación y para conocer si “se cumplieron los principios de legalidad, igualdad e imparcialidad”. Entendieron los socialistas entonces que existen “sospechas fundadas de que se han utilizado las instituciones para beneficiar” a la esposa de Pérez Llorca “en un caso de enchufismo”.
Por su parte, en una de las últimas sesiones de control a su Gobierno desde Les Corts Valencianes, Pérez Llorca defendió la trayectoria profesional de su pareja, que ha trabajado desde “hace 20 años” en la Administración pública, concretamente, en el Ayuntamiento de Finestrat. Por consiguiente, acusó a los socialistas de “continuar con la mentira y el relato” sobre esta cuestión.