Manifestantes cortaban el pasado lunes la A-3 con pupitres en señal de protesta por las condiciones en las que trabajan los docentes madrileños; unas reclamaciones que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se niega a atender, ya que ni tan siquiera se sienta a negociar.
Mientras se prende la chispa en la capital en el marco de la huelga indefinida que daba comienzo el pasado 14 de octubre, el profesorado valenciano se muestra también dispuesto a salir a la calle de nuevo como ya hizo hace meses pese a la subida salarial.
En concreto, será durante noviembre que profesores realizarán una serie de acciones para mantener la presión sobre la Generalitat, si así lo ratifican los profesionales del ámbito educativo en una encuesta telemática.
La iniciativa, bautizada como ‘Noviembre Verde’, contempla la presencia diaria de profesores, alumnos y familias en las avenidas del enclave mediterráneo, especialmente a las puertas de la Conselleria de Educación. De esta manera, si finalmente se realizan las protestas, volverán a verse imágenes como las de hace unos meses, cuando la marea por la Educación tiñó de verde la ciudad del Turia, encontrándose también con la represión policial, como ocurría en los últimos días en Madrid, en su caso a las puertas de la Universidad Complutense (UCM) y de la Consejería de Educación.
Asignaturas pendientes
Las reclamaciones de los profesores valencianos y de los madrileños son muy similares: bajada de ratios, sueldos dignos, recursos humanos y atención a la diversidad, mejoras de infraestructuras, reducción de la burocracia y refuerzo de la FP y, en su caso, de la enseñanza en valenciano.
Tras la huelga, que se mantuvo hasta junio, los profesores logaron que la autonomía valenciana se comprometiera a un aumento salarial progresivo o una actualización de trienios y sexenios, pero el grueso de las demandas sociales no se cerró con un acuerdo definitivo, lo que mantiene abierto el conflicto entre las partes. Por lo tanto, y aunque los profesores sí consiguieron cesiones por parte de la administración pública, la suspensión se debió más a una cuestión de desgaste tras cinco semanas de paros indefinidos.
El 90% del profesorado rechazó el acuerdo parcial en material salarial, mientras que el 84% de quienes participaron en consulta se opusieron a firmar el bloque lingüístico, en pleno clima de protestas contra la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. Y el 78% del personal que votó lo hizo en contra de las condiciones de contratación. En lo que respecta a las ratios y a la inclusión, los dos puntos recibieron un 70% de votos en contra, invalidando con ello los calendarios de descenso de volumen de alumnos presentados por el departamento que dirige María del Carmen Ortí.
Más de ese porcentaje de los votantes aprobaron la suspensión temporal de la huelga bajo un diseño estratégico, una fórmula jurídica y sindical que permite congelar el paro de manera temporal para dar un respiro a las plantillas, dejando la puerta entornada a retomar la acción en cualquier momento del curso presente (la decisión se adoptó antes de verano) sin tener que avisar antes a la administración. Miles de docentes secundaron entre 5 y 15 días de parón, destacando más de 800 profesores que mantuvieron la huelga durante 23 días laborables.
Un mes intenso
En los últimos días, los sindicatos también han invitado a los docentes a que se sumen a la huelga general prevista para el día 11 de noviembre, una jornada que, aunque tiene a la crisis habitacional como eje central, puede unir diferentes reclamaciones como la sanidad o, en este caso, la educación, según manifiestan los agentes sociales valencianos.
Además de ese día, se prevén paros puntuales, lecturas de manifiestos, actuaciones musicales-protesta en diciembre, enero y febrero, pero es noviembre el mes para el que, por el momento, se proponen acciones diarias. Las protestas podrían coincidir con la elección de los representantes, docentes, el día 3 de diciembre.
En Madrid, este martes tiene lugar el quinto día de huelga indefinida. En la capital también se están llevando a cabo distintas acciones y marchas, que contemplan el corte de algunas de las principales calles del centro, como el Paseo de la Castellana. En los últimos días, los manifestantes han acudido a actos políticos de dirigentes de Sol, incluída la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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