Partido Popular (PP) y Vox han ampliado las licencias de decenas de casas de apuestas cercanas a institutos en la Comunidad Valenciana. Una decisión tomada a conciencia y para la que fue necesario tumbar una normativa del Gobierno del Botànic, que prohibía mantener abiertos los salones ubicados a menos de 850 metros de estos centros educativos. La decisión fue asumida a finales de 2023 y, desde entonces, la Generalitat ha prorrogado 29 autorizaciones de este tipo de locales que cada vez tienen más presencia en los barrios.
La información la ha revelado la propia Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, como respuesta a una pregunta parlamentaria de los socialistas valencianos (PSPV), y una investigación del Levante ha revelado que 21 de las 29 casas de apuestas a las que se ha prorrogado la licencia, casi tres de cada cuatro (73%), están a menos de 850 metros de algún instituto. Un peligro, como apuntan todos los estudios y los profesionales del ámbito educativo, para los adolescentes, estrato poblacional en el que está penetrando fuertemente la ludopatía.
Una exposición evitable con la que las dos formaciones ultras, las mismas que presumen sin ruborizarse de ser garantes de la protección de los menores, ponen en riesgo a los niños valencianos, en pro de los beneficios empresariales. Así lo decidieron ambos socios con su ley de Acompañamiento, que vio la luz el mismo día que los primeros Presupuestos de Carlos Mazón. De mantenerse la anterior normativa, aprobada por el Ejecutivo de Ximo Puig, se habría producido el cierre progresivo de los centros según hubiesen caducado las licencias.
Estos locales de juego “no pueden situarse a una distancia inferior a 850 metros de centro educativo acreditado por la conselleria competente en materia de educación para impartir educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclo de formación profesional básica y enseñanzas artísticas profesionales”, recogía la ley que impulsaron conjuntamente PSPV, Compromís y Unides Podem. Además, también establecía que dos establecimientos de esta modalidad no podían estar el uno del otro a menos de 500 metros, algo que también sucede gracias al acuerdo de PP y Vox para que el juego siga proliferando.
Agentes comerciales del lobby del juego
Los socialistas han salido rápidamente al paso y han cargado contra los efectos de las políticas del tándem PP-Vox. “Queda demostrado para quién trabajan la derecha y la extrema derecha”, que se comportan como “agentes comerciales del lobby de los salones de juego sin importarles lo más mínimo poner en riesgo la salud de los valencianos y, en especial, de nuestros jóvenes”, ha expuesto el síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz.
“Estamos ante un Consell que perjudica gravemente la salud de los valencianos y valencianas”, ha asegurado Muñoz, que ha criticado que la Generalitat Valenciana en manos del PP y con apoyo de Vox “fomenta la ludopatía desde las instituciones”. “Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que respaldar a partidos que aprueban leyes a la carta para beneficiar determinados intereses tiene consecuencias, y pone en riesgo la salud de las personas y las desprotegen”, ha trasladado.
En esta línea, Muñoz ha insistido en que “el suplente de Mazón, Pérez Llorca, tiene que decidir de qué lado está, si del lado de las operadoras del juego o de la ciudadanía”. En ese sentido, ha anunciado que el grupo socialista volverá a presentar una iniciativa en las Corts para revertir la norma aprobada por PP y Vox y volver a la legislación del Botánic que luchaba contra la ludopatía y ponía freno a las casas de apuestas. "La presentaremos cuántas veces haga falta porque las políticas desalmadas no tienen cabida en nuestra sociedad", ha aseverado.
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