Este martes, el Partido Popular ha hecho oficial el nombre que quiere que sustituya a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Se trata de Juan Francisco Pérez Llorca, el secretario general de la formación valenciana y número dos del expresident. No obstante, este lunes a última hora, Vox presentó sus enmiendas al proyecto de Ley para la mejora de la renta valenciana de inclusión incluyendo medidas regresivas para migrantes y víctimas de violencia de género. Tratándose de la primera factura que el PP va a pagar a Vox a cambio de favorecer la continuidad de un president popular en la Comunidad Valenciana.
Entre otras cuestiones, la ultraderecha pide a los inmigrantes, principales afectados ya que los nacionales no tienen el problema del empadronamiento, un mínimo de doce meses de residencia continuada en un piso o cinco años de residencia en un municipio de la Comunidad Valencia, para poder acceder a la Renta Valenciana de Inclusión. Además de la integración cultural, idioma y costumbres de España. Y en lo que respecta a la violencia machista, la formación que lidera Santiago Abascal vuelve a eliminar la referencia a la violencia de género y lo sustituyen por violencia intrafamiliar.
En los casos que contempla la ley para no exigir los periodos mínimos de residencia habitual, Vox exige cambiar el apartado que versa sobre “las víctimas de violencia sobre la mujer y violencia intrafamiliar” y piden redactarlo de la siguiente forma, siguiendo con sus políticas de no reconocer la violencia de género y tratándola como violencia intrafamiliar: “Las víctimas de violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar que hayan abandonado, la víctima o el agresor, su domicilio habitual, solas o acompañadas de otros familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad”.
Además, piden eliminar uno de los puntos en el artículo que aborda los requisitos de acceso a la renta valenciana de inclusión. En concreto, quieren quitar el que contempla las excepciones que se pueden llevar a cabo por circunstancias extraordinarias. Este es concretamente el apartado que piden suprimir: “Con carácter excepcional, podrán ser destinatarias de la renta valenciana de inclusión aquellas personas en las que concurran circunstancias extraordinarias de especial vulnerabilidad debidamente acreditadas por los servicios sociales de atención primaria en el diagnóstico de vulnerabilidad o exclusión social previsto en esta Ley, en los términos que se establezcan reglamentariamente, aunque no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 de este artículo”.
Por su parte, el Partido Popular sigue endureciendo su discurso y adoptando medidas más propias de la extrema derecha. Es así como incluyen en el proyecto de Ley el tema de los okupas. En lo que respecta a la extinción de la renta valenciana de inclusión, el PP ha presentado una enmienda para modificar el artículo al respecto e incluir el aspecto de la okupación. “Encontrarse la persona titular en situación de ocupación ilegal de vivienda, cuando dicha situación haya quedado acreditada mediante sentencia judicial firme”, piden añadir.
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