Este sábado se hacía público el regreso a la primera línea de la política de quien fuera vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, presentando su candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia por Compromís. Sin embargo, la causa judicial que pesa sobre ella por presunto encubrimiento a su exmarido, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada en 2016, le ha servido a la derecha en el Parlamento autonómico para denunciar y oponerse a esta candidatura.
Cuatro años después de presentar su dimisión en 2022 tras ser imputada, Oltra anunciaba este sábado en el séptimo congreso de Iniciativa del Poble Valencià (IPC), del que es militante, su voluntad de regresar a la política para encabezar la lista de Compromís al Ayuntamiento en las elecciones municipales previstas para 2027. “Mucha gente me pregunta cómo estás. Estamos sufriendo, nos están haciendo sufrir. No solo yo, también mis compañeros. Aunque dos jueces han dicho que no hay indicios, la derecha judicial ha dicho que nuestra pena es sentarnos en el banquillo”, ha subrayado. “¿Que cómo estoy? Va por horas, entre la esperanza de que en un Estado de derecho no se condena a inocentes y el miedo a no saber. Y el miedo paraliza”, defendía la exvicepresidenta a razón del mencionado anuncio.
Sin embargo, tras exponer todo ello, es ahora el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien coge el testigo de las acusaciones a Oltra y rechaza que esta pueda ser candidata a la alcaldía de Valencia poniendo como motivo principal que sobre ella pesa una causa judicial abierta. “Yo ya dije en su momento que, en mi partido, una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por ocultar junto a gran parte de su equipo los abusos sexuales a una menor no podría ser candidato ni candidata”, ha defendido ante los medios en una comparecencia en el Palau de la Generalitat este mismo lunes. Al hilo de ello, Pérez Llorca ha añadido que las acusaciones contra Oltra son "la cuestión más grave" que él recuerda que "se ha producido en la historia de la Comunitat Valenciana y de España", por lo que ha insistido en que "los hechos son de por sí ya muy graves para plantearse volver a la política”.
Un planteamiento que, no obstante, parece reflejar que el presidente de la Generalitat se olvida de que la gestión que llevó a cabo su predecesor en el cargo de la peor DANA que sufrió la Comunidad Valenciana en este siglo ha derivado en otra investigación judicial que se extiende ya durante año y medio y que se ha saldado con ceses, dimisiones y la condena unánime de la oposición y del pueblo valenciano a Carlos Mazón. Pese a que el exjefe del Consell no está siendo investigado porque se aferra a su condición de aforado, la jueza de Instrucción de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra le ha planteado en diferentes ocasiones que acuda a declarar voluntariamente y en todas ellas el expresidente valenciano se ha negado. Todo ello, con un Partido Popular (PP) que, además, lo ha amparado durante este año y medio con su condición de aforado desoyendo las constantes exigencias de la sociedad valenciana y de la oposición para que, si él no lo hace, sea su formación la que le pida el acta de diputado.
Todo ello coincide, además, con la personación de Mazón en la causa conocida este mismo lunes, con la que el exjefe del Consell valenciano podría acceder a buena parte del procedimiento judicial, también a las diligencias y documentación a las que hasta ahora le han sido inaccesibles. Una decisión que llega después de que la magistrada de Catarroja lo citara el pasado martes como testigo tras el varapalo del TSJCV y que le concede dos derechos: acogerse a su derecho a no declarar y poder mentir sin que esto acarree consecuencias legales.
De hecho, según indican fuentes judiciales consultadas por ElPlural.com, esta personación solicitada por Mazón podría tildarse como "fraude de ley", si se atiende al hecho de que el exjefe del Consell ha rechazado esa posibilidad todas y cada una de las veces que la jueza se lo ha ofrecido.