Tarde o temprano, la verdad se abre paso. Y cuando lo hace, no admite atajos ni refugios tácticos. La decisión de la jueza instructora de elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la petición para investigar a Carlos Mazón por su gestión durante la DANA no es un gesto político: es un paso judicial fundado en indicios que la propia magistrada considera suficientemente sólidos.
Durante meses hemos escuchado excusas y mentiras. Hemos visto cómo se intentaba reducir a anécdota lo que fue una tragedia. Hemos asistido a una estrategia basada en ignorar y en maltratar a las víctimas, mientras se blindaba a quien entonces era president de la Generalitat. Pero el auto es claro y demoledor. La jueza habla de “minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia”. Habla de “situación de ajenidad”. Habla de “desconexión prácticamente completa”. Habla de “aislamiento en las comunicaciones propio de la negligencia”. Y habla de “pasividad de la máxima autoridad del Consell en la gestión”.
No son calificativos de la oposición. Son expresiones literales de un escrito judicial.
Ese escrito, además, no se limita a un juicio moral. Recuerda algo esencial: quien ostenta la Presidencia de la Generalitat ostenta la dirección superior de la acción del gobierno autonómico y el mando en materia de protección civil mientras no se declare el interés nacional. No es una función ornamental. Es una responsabilidad ejecutiva. Una responsabilidad de garante respecto a la vida y la integridad de la ciudadanía.
La jueza sostiene que el riesgo era conocido, anunciado y previsible. Que no fue un fenómeno súbito imposible de anticipar. Y que la eventual ausencia física o la falta de presencia directa en el centro de coordinación no elimina la responsabilidad derivada del cargo. La inacción ante un riesgo vital, cuando se tiene el deber jurídico de actuar, no queda extramuros del análisis penal.
Ese es el plano judicial, que seguirá su curso. Pero hay otro plano que no puede esperar: el político.
Carlos Mazón ya no es president de la Generalitat. Dimitió. Pero continúa siendo diputado en Les Corts Valencianes. Y continúa siéndolo por una razón evidente: el aforamiento. Mantener el escaño le permite conservar una protección procesal que no tendría como ciudadano común. Utilizar ese escaño como escudo es un abuso del cargo y una falta de respeto institucional.
La responsabilidad política no se asume a medias. No basta con dejar el Palau si se mantiene el acta para protegerse. No basta con apartarse del foco mientras se conserva el privilegio. La responsabilidad política es integral o no es.
Por eso sostengo con claridad que Carlos Mazón debe dimitir como diputado. Debe entregar su acta. Debe dejar de utilizar una institución pública como parapeto frente a la acción de la justicia. Y debe hacerlo por dignidad democrática y por respeto a las 230 personas que perdieron la vida y a sus familias.
Porque hay algo que no podemos olvidar: mientras Mazón continúe ocupando un cargo público, continúa ofendiendo la memoria de las víctimas. Cada pleno, cada intervención, cada presencia institucional es una herida abierta para quienes perdieron a un padre, a una hija, a una hermana en aquellas horas que el propio auto judicial describe como las más críticas y mortales, coincidiendo con su prolongada ausencia y desconexión.
Si Mazón no entrega el acta, entonces la responsabilidad ya no será solo suya.
Entonces será del Partido Popular.
Será de Pérez Llorca, actual president de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana. Será de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Ellos tienen instrumentos políticos para actuar. Pueden exigir el acta. Pueden suspenderle de militancia. Pueden expulsarlo del grupo parlamentario. Lo han hecho en otras ocasiones cuando han considerado que un cargo perjudicaba a su organización. Lo han exigido también a otros partidos cuando han querido dar lecciones de regeneración.
No actuar es una decisión. Y en este caso, no actuar significa convertirse en cómplices políticos. Cómplices de una gestión que la jueza califica de negligente. Cómplices de la minimización del riesgo. Cómplices de la pasividad. Cómplices de las mentiras posteriores que intentaron reescribir lo ocurrido aquel día. Y cómplices de un intento de blindaje frente a la justicia.
En la Comunitat Valenciana conocemos demasiado bien lo que ocurre cuando un partido antepone la protección de los suyos a la ejemplaridad institucional. Hemos visto a expresidentes y altos cargos del PP sentarse en el banquillo. Hemos visto condenas. Hemos visto entradas en prisión. Y siempre hubo un momento previo en el que alguien pudo actuar y no lo hizo. Hoy estamos en ese momento.
La justicia dirimirá la responsabilidad penal. Determinará si hubo imprudencia grave, si hubo omisión relevante, si hubo infracción del deber objetivo de cuidado. Ese es su ámbito y debemos respetarlo. Pero la responsabilidad política es anterior y es independiente. Y esa ya es evidente.
Carlos Mazón no puede seguir siendo diputado. Y si no tiene la valentía de marcharse por sí mismo, el Partido Popular de Pérez Llorca y Núñez Feijóo tiene la obligación democrática de apartarlo. No hacerlo no es neutralidad. Es complicidad. Y las víctimas merecen algo muy distinto: verdad, justicia y dignidad.
Diana Morant es secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades