El 1 de noviembre de 2024, apenas 48 horas después del arrase de la DANA y buscando desprenderse del cartel de principal responsable, el president de la Generaliat Valenciana, Carlos Mazón, lanzaba una campaña de recaudación de donaciones para auxiliar a los afectados que se vieron perjudicados por la nefasta gestión autonómica, entre ellas las familias de los 228 fallecidos. La próxima semana se cumplirá el primer aniversario de la catástrofe que cambió la vida de un territorio y consternó a todo un país, pero se desconoce el paradero de la recaudación de esta solidaridad.

La administración valenciana cuenta con miles de millones de euros de Presupuesto y puede acudir a instancias superiores a solicitar inyecciones de capital, algo que de oficio realizó el Gobierno central; sin embargo, el barón del Partido Popular (PP) optó por compartir un IBAN bancario sin más detalles sobre cuándo se iba a repartir lo recaudado, a dónde llegaría o a quién se destinaría. Pese a lo polémico de esta actuación, la población respondió y a finales del undécimo mes ya se rozaban los 4 millones. Cuantía que ascendió a los 12.317.471,70 euros, según datos de la Generalitat referidos al 8 de septiembre.

Si bien, tal y como ha revelado Raquel Ejerique en elDiario.es, se desconoce cuál ha sido el uso que ha hecho Mazón de esta gran cantidad de dinero y las instancias competentes no lo aclaran al ser preguntadas. “A través de esta iniciativa, ciudadanos, entidades y empresas podrán hacer donaciones que se destinarán íntegramente a asistir a las personas afectadas y a contribuir a reparar los daños sufridos”, garantizaba el president del Consell. El destino, por el momento, no se conoce y la Generalitat ha decidido recurrir al apagón informativo.

Procedimiento legal

La clave de estas donaciones es que no pueden repartirse o utilizarse a la ligera, como creían algunos influencers que buscaron hacer negocio y colgarse la medallita aprovechándose de la desesperación de los afectados. Y mucho menos si el receptor de la solidaridad es una administración pública. El Consell debe aprobar una resolución de generación de crédito para sumar estos millones al presupuesto de la Generalitat, movimiento que debe quedar debidamente plasmado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), movimiento que no se ha producido.

Este proceder no es nuevo, pues ha podido verse en otros momentos de crisis en los que se recurrió a las donaciones (Covid-19) y en los que la Generalitat siguió el proceder anteriormente citado. Los más 12 millones podrían haberse movido de forma opaca e informal o incluso podrían haberse sumado a las Cuentas autonómicas, pero estos mecanismos no cumplirían con la normativa vigente. Incógnitas fácilmente aclarables que, no obstante, el Consell y sus diferentes consellerias se niegan a despejar, ensombreciendo aún más la situación.

A priori, la Generalitat filtró en marzo de este curso a medios afines que los fondos irían a parar a la “recuperación del tejido productivo”, pero no ha vuelto a saberse más. Autónomos y micropymes iban a ser los principales receptores, según trasladaba ElEspañol, periódico que trasladaba que la Generalitat tenía la intención de contar con “ATA, Unió Gremial, Confecomerç y la Cámara de Comercio”, asociaciones y entidades, para la implementación de los mecanismos de apoyo. Una propuesta gestionada por la mano derecha de Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero.

Las asociaciones de autónomos no saben nada y entres las diferentes ayudas repartidas ninguna hace referencia a las donaciones de la ciudadanía. Más allá de la filtración a algunos medios, tampoco se ha detallado ni presentado oficialmente el destino de los 12 millones de euros, a los que hay que sumar otros tres millones de euros puestos por el Banco Sabadell, entidad que acogía la cuenta, como contribución a la causa.

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