El Gobierno de la Generalitat Valenciana, desde la dimisión de Carlos Mazón en poder de Juan Francisco Pérez Llorca, ha dejado prácticamente sin apoyo de funcionarios a la jueza de Catarroja que instruye la causa de la DANA contra el expresident. En concreto, ha retirado a cuatro funcionarios incluyendo gestoras y tramitadoras y dejado única y exclusivamente al auxilio judicial, tal y como ha adelantado elDiario.es.
El documento por el que se resuelve esta decisión explica que la Conselleria de Justicia, capitaneada por María José Adalid, “ha considerado no prorrogar los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos vigentes desde el pasado 1 de enero, entre ellos el juzgado que se encarga del procedimiento que investiga la gestión del temporal que asoló Valencia en octubre de 2024.
El informe fija la vista en el próximo 30 de junio, día que se prevé que las cuatro funcionarias abandonen el juzgado de la magistrada que estudia las responsabilidades que puedan existir por parte de los dirigentes políticos, entre ellos el propio Mazón, Nuria Ruiz Tobarra. La fecha queda marcada teniendo en cuenta la obligación de consumir los días pendientes de vacaciones y asuntos propios antes de esa fecha.
El papel de los funcionarios es importante, dado que aportan apoyo a la instrucción del procedimiento, prorrogada hasta el 30 de octubre. Además, las gestoras y tramitadoras se encuentran ya familiarizadas con una causa que es enormemente compleja, que contempla 230 fallecidos y en la cual han declarado más de medio millar de testigos y perjudicados hasta la fecha. El propio president de la Generalitat dio explicaciones en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre.
Al menos, la instructora dispone de un refuerzo en su juzgado, que le asegura su dedicación exclusiva a la causa, aunque éste fuera acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Justificación de la Conselleria
En declaraciones al medio mencionado, fuentes de la Conselleria de Justicia justifican que la medida se produce con el “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia” que sea más “moderno, ágil y eficiente” y que esté “orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”.
La decisión, aseguran, mezcla la “reivindicación histórica de las organizaciones sindicales” y la “prioridad compartida por la propia Administración” de mejorar la Justicia en y las condiciones de sus trabajadores, con una mayor estabilidad de las plantillas o una reducción de la temporalidad.
Son 200 los puestos cuya cobertura no se renuevan y que, según expresan las mismas fuentes a elDiario.es tienen que ver con refuerzos de larga duración. Su identificación, indican “se ha realizado con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requiere una consolidación definitiva”.
Esos centenares de puestos laborales “pasarán a integrarse como plazas estructurales” con el mismo número y estables en la plantilla y un “refuerzo de la capacidad del sistema y contribución directa a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de justicia”. En la misma línea, hablan de una medida que se ha comunicado y trabajado con los sindicatos e indican que todo se llevará a cabo de forma “ordenada” para que el servicio pueda continuar y se minimice cualquier impacto en trabajadores y ciudadanos.
Mazón, cada vez más cercado
Entretanto, la investigación cerca cada vez más al que fuera principal responsable del Ejecutivo valenciano el día del temporal. Las últimas líneas confirmarían las mentiras del president y del PP sobre los pasos de Mazón después de su comida en El Ventorro.
Las llamadas con su chófer, recogidas en un documento al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca la comunicación clave que desmiente todas las versiones aportadas por el ex presidente valenciano. A las 19:47, el conductor recibió la llamada de un teléfono que corresponde al contacto “Secretaria Presi.
Aunque Mazón ha defendió durante meses que había llegado al Cecopi “pasadas las siete” y que había estado trabajando en su despacho del Palau, el registro demostraría que no fue hasta cerca de las 20:00 cuando su equipo se movilizó para acudir a la reunión.
Tras esa llamada, el conductor habría llamado a uno de los escoltas. La realidad es que el representante primero de los valencianos en ese momento había llegado al Palau poco antes de las 20:00, después de haber alargado la sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana y haber acompañado a la informadora hasta un aparcamiento cercano al restaurante.
No fue hasta la advertencia de que la situación era crítica por parte de un alto cargo que el Jefe del Consell partió al Cecopi en su vehículo oficial. En ese momento, ya había decenas de fallecidos y los daños personales, aunque también materiales en algunos lugares eran irreparables.