Las alertas rojas decretadas en la Comunidad Valenciana en los últimos días han hecho a muchos revivir los peores momentos de la DANA que se llevó por delante la vida de 229 personas. La región ha vuelto a afrontar con miedo e incertidumbre lluvias torrenciales, con la mirada puesta en que una tragedia como la del pasado año no vuelva a repetirse. Sin embargo, apenas se ha avanzado nada para que esto sea así.
Lo advierten los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, que han vuelto a denunciar la falta de medidas reales que garanticen la seguridad de la población. "Las administraciones siguen sin asumir sus responsabilidades", lamentan en un comunicado, en el que explican que "los planes de emergencia siguen pendientes de ser revisados, no existen protocolos de evacuación, ni sistemas de alerta por megafonía, y los sistemas de drenaje y alcantarillado continúan sin reparar".
Según destacan, más allá de medidas generales como la suspensión de las clases, las actividades culturales y deportivas y las recomendaciones de no salir a la calle, casi no hay nada. "No hay un censo actualizado de personas mayores, con movilidad reducida o discapacidades que requieran ayuda en caso de evacuación", subrayan.
Asimismo, tampoco hay espacios seguros habilitados para las personas que viven en plantas bajas, no se ha realizado ninguna formación ciudadana en autoprotección, ni se han implementado sistemas alternativos de comunicación para garantizar que la población esté informada en caso de que haya cortes de luz o caída de la red de telefonía. "Nosotros disponemos de una red de 80 walkies distribuidos por l’Horta Sud, que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos, pero ninguna administración ha considerado importante coordinarse con nosotros", enfatizan.
Llevan meses reclamando su presencia como ciudadanía organizada en los organismos que gestionan las emergencias, insistiendo en que tienen conocimiento, herramientas y arraigo en el territorio para aportar información relevante y recursos valiosos, pero no lo han logrado. "Dejarnos fuera de los procesos de decisión no solo es un error: es un riesgo", alertan.
A su juicio, las medidas adoptadas por los ayuntamientos, tras las reuniones de los CECOPAL, "son insuficientes y demasiado genéricas" y no contemplan una respuesta concreta a situaciones que ya se evidenciaron como críticas durante la riada del 29 de octubre.
Entre las deficiencias más graves destacan la falta de atención a las personas dependientes que viven en plantas bajas, un colectivo de alto riesgo en caso de inundación, la ausencia de espacios habilitados para la reubicación segura de vehículos, y la falta de previsión ante posibles cortes en las comunicaciones, un factor clave que puede dejar a la población completamente incomunicada en el momento más crítico.
"Estos son solo tres ejemplos de los muchos aspectos que, según hemos constatado, no se contemplan en la mayoría de planes municipales de emergencia", precisan.
En este contexto, insisten en la importancia de estar presentes en los Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con el fin de garantizar una respuesta real, ágil y adaptada a cada municipio. "Nuestra participación aseguraría una capilaridad bidireccional fundamental: por un lado, podríamos transmitir las instrucciones a la población de forma clara y rápida; por otro, haríamos llegar a las autoridades las necesidades reales de los colectivos más vulnerables", resumen.
Los integrantes de estos comités exigen que no se menosprecie su conocimiento del territorio, "desde la experiencia y la proximidad". "Sabemos dónde hay puntos críticos, qué infraestructuras son débiles, y dónde viven las personas con más riesgo", recuerdan. En este línea creen necesario "un cambio profundo en el modelo de gestión de emergencias. "Es necesario descentralizar, coordinarse horizontalmente y escuchar a los agentes locales que conocen de primera mano las vulnerabilidades del territorio. Solo así se podrá proteger la vida, el bienestar de la población y evitar que se repitan los errores del pasado", zanjan.