El trágico accidente en la mina de Cerredo (Degaña) el 31 de marzo de 2025, y que se cobró la vida de cinco trabajadores, es motivo de una ardua comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias para determinar si se trató de negligencia administrativa o política. Este suceso fue resultado de una sucesión de decisiones burocráticas, omisiones de control y fallos en la supervisión que permitieron el desarrollo de una explotación minera prohibida por mandato estatal, según Transición Ecológica, y que fue considerada “clandestina”. Ahora, tal y como reza el borrador de la comisión de investigación al que ha tenido acceso ElPlural.com, son tres exconsejeros asturianos, además de otros cargos técnicos, los señalados con responsabilidades en el siniestro.
El documento, de 64 páginas, señala como principales responsables políticos del Principado de Asturias a Belarmina Díaz Aguado, directora general de Minas hasta 2019 y consejera competente en el momento del accidente; Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera de Industria y Minas entre 2023 y 2025 y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria y Minas hasta 2023 y actual presidente de Hunosa. Además, también se refieren a Isaac Pola Alonso, quien fuera viceconsejero de Industria y Minas hasta 2025 y anterior directivo del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), otra de las instituciones señaladas por su intervención indirecta en el proyecto.
Para estos tres primeros cargos políticos, la comisión reclama su reprobación. Ejemplo de ello, para Díaz Aguado por “haber autorizado, suscrito o validado resoluciones administrativas” que dieron luz verde a las extracciones “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa”. Cabe recordar que la exconsejera se personó en el lugar de los hechos inmediatamente tras el accidente y, 15 días después, presentó su dimisión. Asimismo, en el caso de Roqueñí, por no haber realizado “una supervisión política reforzada” o no haber creado “ningún tipo de auditoría”. Sobre Pola Alonso, por no haber impulsado una “fiscalización reforzada” sobre el expediente de la mina de Cerredo.
Entre los perfiles técnicos involucrados, también se señala a Alberto Quirino Vázquez, jefe de sección de Seguridad Minera; Santiago Berjano Serrano, jefe del Servicio de Minas; y Gonzalo Martín Morales de Castilla, quien fuera secretario general técnico y asesor jurídico.
Al tiempo, el borrador de la comisión también aduce a la responsabilidad del IDEPA por sus funciones de “promoción económica, evaluación de proyectos empresariales y gestión de instrumentos públicos”. Su actuación, por ende, contuvo “relevancia institucional en tanto que contribuyó indirectamente a la conformación del contexto administrativo favorable en el que se desenvolvió el proyecto empresarial asociado a Cerredo, pudiendo generar una apariencia de respaldo o validación pública” del proyecto.
Cronología de los hechos que terminaron en tragedia
Entre 2019 y 2021 se aprobó el proyecto de abandono de las labores en la mina de la localidad asturiana y el proyecto de restauración de la explotación y, por ende, se prohibió expresamente continuar trabajando en la mina de Cerredo. No obstante, en noviembre de 2023, con la transmisión de la concesión minera a la empresa Blue Solving, y con la consiguiente aprobación de un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) en julio de 2024, se introdujo la posibilidad de reanudar la extracción del carbón.
Estas autorizaciones, a ojos de la comisión de investigación, fueron incompatibles con el previo cierre de la mina, lo que se plantea en este punto una evidente contradicción a nivel jurídico y administrativo, es decir, una cadena de errores que declinó en tragedia. “La Administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, condena el borrador.
Uno de los puntos en caliente que sitúa la comisión en la diana fue la elección de Blue Solving, puesto que no acreditó por los cauces adecuados si existía solvencia técnica y económica para proceder, pese a que son requisitos previos y obligatorios en la normativa minera para poder realizar trabajos en este sector.
Más aún cabe matizar que la actividad extractiva en la mina de Cerredo estaba expresamente prohibida en el momento del accidente por normativa estatal, esencialmente, por Transición Energética y Restauración Ambiental. Por ende, tras el trágico incidente, se concluyó que las explotaciones que declinaron en el incidente fueron “clandestinas”, al no contar con amparo administrativo que las validase.
El accidente “se pudo y debió detectar y prevenir”
En las consideraciones finales del escrito de la comisión, se refiere que el suceso de Cerredo no fue un accidente como tal, sino “un suceso imprevisible e inevitable”: “Fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir”.
Sumando el accidente que aconteció previamente en 2022, son seis las víctimas mortales que se cobró la mina de Cerredo mientras extraían carbón, sobre la cual no había un Plan de Labores vigente, por lo que se procedió a su cierre y consiguiente restauración, un proceso financiado con 27 millones de euros de fondos públicos “y cuyos indicios de actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente”.
A juicio de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha referido que todos los cargos señalados en el borrador deben ser cesados. En este sentido, el documento incide en que el accidente, que recientemente cumplió un año, pudo haberse evitado porque existía “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre y de restauración con el posterior autorizado en 2024.
Con ello, entre las principales conclusiones que se extraen del documento, y pese a que se refiere que la primordial responsabilidad recae en “quienes ordenaron la extracción de clandestina”, también aducen a responsabilidades administrativas “inequívocas” por haberse dado autorizaciones insuficientes de control.
“Una Administración que autoriza transmisiones sin verificar solvencias, que aprueba figuras jurídicas sin cobertura normativa, que no abre expedientes sancionadores cuando se incumplen garantías esenciales, que avisa a las empresas antes de inspeccionarlas y que reduce progresivamente el número y calidad de las visitas de control, no puede alegar que actuó diligentemente”, refiere el borrador.
Ahora, con la presentación de este borrador, será el turno del debate de los grupos parlamentarios en Asturias que deberán plantear sus respectivas propuestas para determinar la reprobación o no de los excargos políticos señalados. Por ello, el documento añade que estas conclusiones no son más que “una hoja de ruta para construir en Asturias un modelo de administración minera moderno, transparente, con recursos suficientes y sometido al escrutinio democrático”.
