La patronal española ha percibido casi medio millón (494.491 euros) de la Junta de Castilla y León en un movimiento al que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no ha querido dar publicidad. La cuantía corresponde al periodo 2022-2023, pero no ha llegado a las arcas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hasta el pasado 30 de diciembre, a las puertas del año nuevo, y sin hacer mucho ruido, apareciendo exclusivamente en el portal de transparencia autonómico.
El pago de la subvención pone fin a una guerra iniciada por Vox, cuando todavía era parte del Gobierno de coalición castellano y leonés, contra los sindicatos, que también se llevó por delante a las organizaciones empresariales. La Justicia tuvo que intervenir debido a las denuncias de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y, finalmente, la extrema derecha salió derrotada en su intento por retirar ilegalmente las partidas presupuestarias reservadas a los agentes sociales.
La CEOE renegó de iniciar una batalla legal contra la ultraderecha, pero después reclamó su parte, pidiendo una extensión de sentencia una vez que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León había fallado en favor demandantes. La Consejería de Industria, departamento responsable de estas subvenciones, no ha asumido posiciones rebeldes y ha acatado la sentencia, aunque se ha cuidado de no darle la misma propaganda que antaño, cuando el ultraderechista Mariano Veganzones, ya fuera del Gobierno, suspendió las entregas.
Subvención sin Presupuestos
Este puede ser uno de los últimos movimientos de peso del Ejecutivo de Mañueco, que deberá convocar, a no mucho tardar, elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, fecha ordinaria. Si bien no ha sido una decisión libre, pues el TSJ certificó “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”. Decisión de la que también se ha beneficiado la CEOE.
Vox suprimió la cuantía de los Presupuestos autonómicos, que entre los tres actores del diálogo social roza los 4 millones de euros, y tan solo se produjo una entrega parcial, pero el Tribunal estableció que la subvención debía entregarse integrar pese a no estar refleja en las Cuentas. “La falta de previsión de una partida específicamente considerada en los Presupuestos Generales no puede ser un obstáculo para que se reconozca el derecho a la subvención nominativa”, apuntó el TSJ.
“No consta ninguna razón o justificación que abogue por reducir o por limitar el montante económico”, añadió el Tribunal. Tesis que defendía CCOO. “No hace falta que esté en los Presupuestos Generales de la Comunidad porque esas partidas nos corresponden por ley porque están en la Ley. La jugada de Vox en 2023 era aprobar unos Presupuestos donde no se recogía esa participación institucional. Y nos niegan el derecho que es nuestro aduciendo que no estaba en los Presupuestos”, apuntó en su momento el secretario general del sindicato en Castilla y León, Vicente Andrés.