El verano suele inaugurar un periodo de tregua en la política, un espacio reservado para la gestión y alejado de grandes movimientos legislativos. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no existe armisticio posible, menos si el enemigo a batir son los árboles. Los 40 grados azotan a los madrileños, que se agolpan en las menguantes sombras que van desapareciendo a manos de las motosierras, mientras su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aprueba una macro ley para que más árboles puedan ser talados y el suelo liberalizado.
La ciudadanía ha estallado ante esta persecución contra todo atisbo de naturaleza presente entre el hormigón y los sindicatos claman por el servilismo de la lideresa del Partido Popular (PP) hacia los empresarios, principales benefactores de la desforestación madrileña. “La Comunidad de Madrid vuelve a aprobar de urgencia y con alevosía la modificación de 10 leyes que permitirán, entre otros atropellos, las indiscriminadas talas de árboles, eliminar evaluaciones ambientales, edificar en terrenos reservados para dotaciones públicas y entregar a empresas privadas competencias municipales”, denuncia la delegación madrileña de Comisiones Obreras (CCOO).
La ley adquirió el carácter de “urgencia” el 8 de mayo, sin responder realmente a tal naturaleza, para “enmascarar modificaciones profundas”, pero no fue hasta bien entrado julio y “por sorpresa” que se publicó en el portal de transparencia con “una escasa semana para hacer alegaciones”. Las previsiones es que entre octubre y noviembre la ley vea la luz y el proceder hace temer a CCOO lo peor: desproteger espacios medioambientales y liberalizar suelo para futuros macroproyectos urbanísticos.
Así lo lamenta la secretaria de política institucional del sindicato, Paloma Vega, en la conversación mantenida con ElPlural.com. “Es escandaloso utilizar el trámite de urgencia para enmascarar modificaciones profundas, utilizar un mecanismo previsto para cosas de realmente urgencia, como pudo suceder por ejemplo durante la pandemia”, lamenta Vega. Todo ello, unido a que los Ayuntamientos pierden capacidad de contención, fundamenta los augurios negativos del sindicato. Diez leyes son las afectadas y la secretaria de política institucional asegura que “no hay una necesidad que vaya a favorecer los intereses económicos”.
En verano, para evitar focos
La ley ómnibus de Ayuso ha sido “tramitada en verano y sin ningún tipo de transparencia ni participación”, denuncia la organización sindical, en un claro intento de esconder unas modificaciones en favor de grandes intereses. El argumento dado desde el Ejecutivo madrileño es el impulso que estas reformas darán al crecimiento económico, un crecimiento que favorecerá a unos pocos a costa de los servicios públicos de los madrileños. La “tala de árboles a cambio de dinero” no es la única medida de esta ley ómnibus que, como puntualizan desde CCOO, va mucho más allá.
Otro de los aspectos abordados permitirá “utilizar áreas naturales protegidas” para actividades que, hasta el momento de la reforma, estaban prohibidas, independientemente del “valor” que pueda representar el enclave afectado. Asimismo, a partir de ahora se podrán “construir viviendas en zonas de usos públicos”; es decir, aquellas que están “reservadas para colegios o centros sanitarios”, explican desde el sindicato. Construcciones que, además, escapan del control municipal gracias a otro cambio que permitirá a las empresas privadas adquirir competencias como “control, verificación e inspección de obras”.
“La simple declaración responsable de empresas privadas, con intereses directos, servirán como licencia urbanística y orden de ejecución”, desgranan desde CCOO, explicando que, de esta manera, los Ayuntamientos, los gobernados por el PP y los que no, “pierden el control previo sobre obras que realicen en sus municipios empresas de agua y electricidad”. Así, los municipios y todos sus ciudadanos quedan desprotegidos, a merced de estas empresas por la decisión de Ayuso y su equipo.
No obstante, no todas las modificaciones son negativas para los ciudadanos, por lo menos no para aquellos que acudan con regularidad a un campo de golf o sean propietarios de este. Ayuso ha decidido “eliminar la obligación de evaluación ambiental para los campos de golf”, denuncian desde CCOO. Los propietarios de otros servicios, las gasolineras, también están de enhorabuena, dado que se beneficiarán de la misma excepcionalidad. Campos de golf y gasolineras sin evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid, todo un avance en transición ecológica.
"Son medidas dirigidas a favorecer a grandes constructores y especuladores, eliminando controles con el objetivo de la liberalización total del suelo, otorgando mayores beneficios a la empresa privada en detrimento del interés público", denuncia la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López. “Toda esta ley ómnibus no debería tramitarse, menos como se ha hecho, por el trámite de urgencia; pero desde luego no debería haberse hecho sin pasar por una participación absoluta de la ciudadanía y con un nivel de transparencia que, lamentablemente, esta ley no ha tenido”, zanja la sindicalista.