El respeto por los presos del Procés y la atribución de todos los males actuales de Cataluña a la intervención propiciada por el artículo 155 son de los pocos puntos de encuentro entre JxCat, ERC y la CUP que resisten a la irrefrenable tendencia a la ruptura de la mayoría independentista en el Parlament. El gobierno Torra entró en la UVI el lunes por la resistencia del presidente a perder su acta de diputado por la inhabilitación acelerada propiciada por la JEC. La resignación de ERC a aceptar la situación por imperativo legal causó estragos en la tensa convivencia de los socios de gobierno, agudizada desde que los republicanos pactaron con los socialistas la investidura de Sánchez y la mesa de negociación.

La fortuna quiso que después de la tempestuosa sesión parlamentaria (suspendida oportunamente para evitar males mayores), la agenda del Parlament contemplara la intervención de los consejeros cesados por el 155 y encarcelados desde entonces en la comisión de investigación sobre intervención de las instituciones catalanas. La presencia en la sede de la cámara catalana de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn , Josep Rull y Dolors Bassa tuvo un efecto balsámico para el estado de ánimo de los diputados de la mayoría independentista.

La recuperación de la tesis que entiende el 155 como una acción unilateral del Estado, sin relacionar aquella intervención con la desafortunada secuencia de hechos iniciada en los plenos del Parlament de septiembre, permitió a los asistentes a la comisión un alto grado de coincidencia y efervescencia, solamente truncada en los pocos minutos en los que el grupo de Ciudadanos estuvo presente para interpelar a Junqueras y marcharse antes de escuchar la respuesta del líder de ERC. Tanto Ciudadanos, como el PP y el PSC, renunciaron desde el primer día a participar de esta comisión por entender que era un simple escenario de propaganda independentista, valoración que Miquel Iceta remachó mientras se celebraba la sesión.

Los antiguos integrantes del gobierno Puigdemont, presentados como el gobierno legítimo de Cataluña ante la presencia de los actuales consejeros, pasaron de puntillas sobre la crisis del gobierno Torra. Los ex consejeros de la actual JxCat fueron quienes se refirieron a la  necesidad de recuperar la unidad de forma más vehemente, especialmente Jordi Turull que no ocultó su tristeza por el desastre vivido unas horas antes. Junqueras, por su parte, se centró en subrayar la oportunidad del diálogo, y aunque se declaró escéptico sobre los resultados pidió entusiasmo para afrontarlo. Por descontado, todos los intervinientes se declararon dispuestos a volver a hacerlo (un referéndum), aunque haciéndolo mejor que en el primer intento.

Los políticos presos tenían evidentes ganas de hablar en público fruto de las muchas horas de silencio impuesto e impotencia y lo hicieron a consciencia, en modo mitin, aplaudidos por los emocionados miembros de la comisión investigadora; su estancia en la cárcel les ha reafirmado en su versión de los hechos, se sienten cargados de razón y de autoridad moral y aspiran a que se les escuche, al menos por parte de los suyos.

Los suyos, de todas maneras y a pesar de la exhibición de armonía ofrecida en la comisión, están a varias pantallas de distancia del otoño-invierno de 2017. Están preparando unas nuevas elecciones en las que dirimir su hegemonía y sus planes manifiestamente contrapuestos para una etapa cuyo objetivo concreto está por concretar, aunque la mayoría (pero no todos, por descontado) haya abandonado la unilateralidad y la desobediencia.

Las aguas se calmaron al menos aparentemente durante la tregua que se concedieron ERC y JxCat para homenajear a los condenados por el Procés. Un espejismo. Las incógnitas que se abrieron el lunes siguen sin respuesta. Torra, muy enojado por sentirse abandonado por ERC, especialmente por Roger Torrent, debe decidir si da luz verde a los presupuestos pactados por Pere Aragonés con los Comunes y aceptados de mala gana por JxCat, aun sabiendo que dichos presupuestos están pensados para gobernar sin él ni su partido, o, por el contrario, prefiere avanzar las elecciones sin haberlos aprobado, entorpeciendo los planes de los republicanos, pero defraudando, de paso, a los amplios sectores económicos y sociales que consideran prioritario actualizar las cuentas de 1017 a las exigencias presupuestarias de 2020.

El anuncio de Moncloa de la fecha para la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra, el 6 de febrero en Barcelona, puede ayudar a templar el estado de frustración del presidente de la Generalitat, quien, además, estará pendiente de los intereses de Carles Puigdemont respecto de la conveniencia o no de convocar elecciones autonómicas. JxCat-la Crida-PDeCat no disponen todavía de un candidato para la presidencia; su carta mágica, el mismo Puigdemont, está en estos momentos concentrado en su papel de eurodiputado, pendiente de la comisión que estudiará el futuro de su escaño. De esta decisión dependerá su interés por repetir o no como candidato a presidente desde la distancia. De confirmarse que en Waterloo no hay prisas, Torra recuperará la calma y la paciencia para mantener vivo un gobierno en coma.