La comisión bilateral Estado-Generalitat no es el escenario institucional para alcanzar ningún acuerdo sobre el conflicto catalán, es solo un instrumento de cooperación política autonómica para remediar tensiones competenciales propias del Estado de las Autonomías. Así de claro ha quedado finalmente para la parte catalana, que durante unas semanas pretendió hacer creer al entorno independentista que también podía servir para hablar de presos y autodeterminación. Desmentida esta hipótesis, ahora, la exigencia de sus portavoces y sus prescriptores es exigir al PSOE que plantee su proyecto para Cataluña.

El proyecto catalán del PSOE es el mismo que el del PSC, conocido desde hace años por cualquiera que haya estado atento a la actualidad: desarrollo del Estatuto, incluso aceptando la tesis de la recuperación parcial del estatuto desfigurado por el Congreso en general y Alfonso Guerra, en particular, siempre en el marco del horizonte federalizante del Estado de las Autonomías que algún día podría demandar la reforma constitucional pertinente para su perfeccionamiento federal.

Algunos miembros del gobierno catalán podrían desconocer la posición socialista; el único que no debería reclamarle al PSOE que explicite su propuesta para Cataluña es justamente el que lo hizo, el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, presidente de la parte catalana de la comisión bilateral. El veterano socialista seguro que recuerda los documentos del PSC y del PSOE sobre estas cuestiones, incluidos los vaivenes de la misma, como mínimo tan bien como la ministra Batet.

Esta exigencia sobrevenida presenta todas las características de una cortina de humo, nacida al minuto de acabar sin grandes acuerdos la reunión bilateral, inmediatamente después que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, recordara la existencia de un proyecto catalán del PSOE, y para frenar las críticas de los decepcionados ante la evidencia de que la Generalitat no había conseguido introducir sus temas soberanistas en la reunión.

En realidad, todo permite pensar que cuando los portavoces de la Generalitat se preguntan cuál es el proyecto del PSOE para Catalunya se refieren a cuál es la vía que los socialistas les pueden ofrecer para salirse con la suya, o sea: proclamar la República o, en su defecto, la celebración de un referéndum acordado. Mantener viva esta suposición, que el PSOE accederá a sus pretensiones, es el clavo ardiendo de este verano ante el nerviosismo y el cabreo de sus socios radicales, especialmente los CDR, los comités de defensa de la república que ya se enfrentan abiertamente a ERC y PDeCAT, al grito acusador de “desobediencia o dimisión”.

El cerco a la desorientación del gobierno Torra y el posicionamiento contemporizador-pragmático de ERC responde perfectamente a los intereses de Carles Puigdemont. El movimiento de la Crida Nacional está obteniendo adhesiones muy fácilmente, unas 50.000, y pronto estará en condiciones de poner en marcha la maquinaria electoral. El propio presidente Torra ha sugerido a sus socios de la CUP, enfadados por tanta bilateralidad autonómica, que el momento para ir a elecciones será en otoño, cuando el gobierno presente sus presupuestos. El rechazo de las cuentas de la Generalitat sería motivo suficiente para una convocatoria electoral, ha dicho el presidente de la Generalitat, respondiendo así a las prisas de Puigdemont para obtener un nuevo empujón a su legitimismo.

Para que no todo sea tan evidente, especialmente su dependencia de los planes del diputado Puigdemont, Torra ha insistido en que pronto llegaran los momentums propicios para proclamar la república que quienes rodean las sedes de los partidos de su gobierno ya dan proclamada. Una victoria en las elecciones municipales, el clamor popular contra una sentencia injusta del Tribunal Supremo en la causa de los procesados y una avance electoral en Cataluña con la consiguiente mayoría independentista; estos serían factores determinantes para el advenimiento de la república, y substitutivos de otro referéndum, a juicio de Torra, que, por descontado, no cuenta con ningún proyecto del PSOE que no sea para darle la razón o para ser utilizado como argumento de ruptura del diálogo.