Nuevo paso en Cataluña para reforzar la lucha contra los discursos de odio que cada vez se pronuncian con más frecuencia en el hemiciclo catalán. Después de varios meses de negociaciones, los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado este miércoles una proposición de ley para modificar el Reglamento del Parlament con el objetivo de dotar a la Cámara catalana de “instrumentos normativos adecuados para hacer frente a manifestaciones de discurso discriminatorio, ofensivo o incitador al odio que puedan producirse en el marco de la actividad parlamentaria”, como se detalla en el texto de la iniciativa. De esta manera, los partidos citados pretenden blindar las sanciones contra este tipo de ataques, puesto que actualmente están recogidas únicamente en el Código de Conducta, por lo que todavía no tienen rango de ley.
Para dotar a las sanciones de rango de ley servirá la modificación del Reglamento del Parlament, una iniciativa que, según explican en un comunicado conjunto los partidos que la han impulsado, “responde a un encargo de la Mesa del Parlament motivada por una recomendación hecha recientemente desde la Comissió de l’Estatut dels Diputats”. Este órgano, encargado de estudiar la validez constitucional y estatutaria de las leyes del Parlament, hizo dicha sugerencia hace dos semanas tras resolver los expedientes que abrió el pasado mes de octubre a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y a los diputados de Vox Joan Garriga y Júlia Calvet. Finalmente, la Mesa ha decidido penalizar a Orriols y Garriga con una amonestación pública tras la Comissió haber determinado que ambos habían cometido una “falta leve”.
En caso de que la reforma del Reglamento del Parlament salga adelante en la votación que está prevista que se lleve a cabo en otoño, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el descanso de verano, las sanciones también se incluirán en el texto que marca los derechos y deberes de todos los diputados de la Cámara catalana. En concreto, las penalizaciones se recogerán en el artículo 239.
Así se indica en el artículo 9 de adición de nuevos artículos de régimen sancionador en el Reglamento del Parlament de Cataluña, en el cual se fija que los diputados que quienes no respeten las normativa se podrán enfrentar a una amonestación, a que se le prohíba formar parte de una delegación de la Cámara catalana “ante una organización de carácter interparlamentario, una conferencia interparlamentaria o cualquier foro interinstitucional” durante como máximo un año y a una multa que podrá ir desde los 600 hasta los 12.000 euros. Mismas penalizaciones que actualmente se recogen en el Código de Conducta.
Los diferentes tipos de infracciones
Las sanciones que se interpongan dependerán de si la infracción es leve, grave o muy grave. En este sentido, la proposición de modificación del Reglamento del Parlament señala que hechos se suponen alguno de estos tipos de incumplimiento.
En el texto de la proposición se establecen como infracciones leves “las conductas que comporten un incumplimiento de los principios y reglas de conducta establecidos en el Reglamento y en el Código de Conducta, otras que las establecidas por los apartados 3 y 4”. La reiteración de este tipo de infracciones en más de dos ocasiones durante una misma legislatura podrá suponer una grave.
Asimismo, se consideran infracciones graves otras acciones, como la aceptación de “obsequios, regalos, favores, ofertas de hospitalidad u otros servicios de carácter personal por un valor estimado entre los 150 y los 600 euros” o “dar información incompleta sobre el cumplimiento de las obligaciones que establece el Reglamento y el Código de Conducta” o la facilitación de “datos parciales o incompletos en el caso de las declaraciones complementarias”. Cometer este tipo de faltas en más de dos ocasiones supondrá una infracción muy grave.
En cuanto al resto de infracciones calificadas de muy graves, entre ellas se incluyen “producir amenazas, coacciones, intimidación o actos de violencia que atenten contra la dignidad, la integridad moral o física de cualquier persona en el ejercicio de la actividad parlamentaria”, “incumplir el deber de abstención en caso de conflicto de intereses” y “aceptar obsequios o regalos de valores superiores a los 600 euros”. Además, también se considerará una falta de este nivel “facilitar intencionadamente información parcial u omitir o manipular información relevante en aquello que afecta al cumplimiento de las obligaciones que establece el Reglamento o el Código de Conducta”. +
Las sanciones según la infracción
Respecto a las sanciones a las que se enfrentarán los diputados según el tipo de falta que cometan, la amonestación pública será la penalización para quienes hagan una infracción leve. Por su parte, los incumplimientos graves conllevarán también multas de entre 600 y 6000 euros. En el caso de las sanciones muy graves, la cuantía oscilará entre los 6.001 y los 12.000 euros y, aparte, si se considera necesario, la multa irá acompañada de la prohibición de participar en una delegación del Parlament en distintos ámbitos.
Por otro lado, la proposición también determina que se podrá expulsar del hemiciclo a un diputado cuando este sea llamado al orden por palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona, contrarias al artículo 14 del Reglamento. Igualmente, en el artículo 7 de la iniciativa se indica que un parlamentario también podrá ser expulsado de la Cámara catalana en caso de que se le haya llamado al orden tres veces en una misma reunión. Si no se le echa en dicha situación, se le privará del derecho a hacer uso de la palabra.
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