En la España del franquismo, dos hermanos de tan solo 17 años fueron detenidos en la que es ahora la Prefectura Superior de Policía de Cataluña durante 32 días, en los que estuvieron incomunicados y sufrieron diferentes tipos de torturas, tanto físicas como psicológicas. Las víctimas se tratan de Maria Isabel (Maribel) y José Pablo (Pepus) Ferrándiz, quienes nunca han obtenido justicia por las agresiones que habrían sufrido ambos en el tiempo en el que estuvieron arrestados en el edificio policial situado en la ciudad en la calle Via Laietana, 43 de la ciudad de Barcelona. Por esta razón, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia ha decidido elevar el caso al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así lo ha dado a conocer la propia organización sin ánimo de lucro este martes en un comunicado en el que ha explicado que ha denunciado ante el organismo de Naciones Unidas la vulneración de los artículos 12, 13 y 14, leídos conjuntamente con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, por parte de los tribunales españoles, al no haberse llevado a cabo una investigación efectiva ante las denuncias de los crímenes ni haberse garantizado el derecho a un recurso y una reparación efectivos. En este sentido, Irídia denuncia que estos han incumplido flagrantemente sus obligaciones internacionales.
Según Irídia, esta se trata de la primera denuncia relacionada con el franquismo interpuesta ante el Comité contra la Tortura de la ONU desde la aprobación en el año 2022 de la Ley de Memoria Democrática, la cual obliga a investigar cualquier crimen contra la humanidad producido durante la dictadura franquista e imposibilita la prescripción o amnistía de dichos casos. Un precepto que la organización señala que no habría respetado el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona al rechazar la querella impuesta por esta misma en representación de los hermanos Ferrándiz, alegando que el delito habría prescrito y que entraría dentro de la Ley de Amnistía de 1977.
La decisión de no admitir la querella fue posteriormente apoyada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. Entonces, Irídia presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), pero este fue rechazado por la Corte de Garantías.
Irídia reclama que se investiguen los hechos
Ante la negativa de los tribunales españoles, la organización reclama ahora al organismo de la ONU que inste al Estado a realizar una investigación de los hechos que denuncian haber sufrido Maribel y Pepus, así como a garantizar una reparación adecuada a ambos. Además, Irídia pretende que se solicite a las instituciones españolas la adopción de medidas para evitar que se vuelva a repetir ninguna de las vulneraciones que se denuncian en este caso, incluyendo las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Amnistía pertinentes.
Asimismo, la organización pide al Comité contra la Tortura que reclame al Estado español que garantice el acceso público a los archivos de la represión franquista. Igualmente, propone que la Prefectura Superior de la Policía de Cataluña se traslade a otro lugar y el edificio de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica y de interpretación de la tortura.
El caso de Carles Vallejo, también torturado en la prefectura de Via Laietana
Irídia ha acompañado la demanda de una carta firmada por más de 100 supervivientes de torturas franquistas vivos, otras 6.841 personas y 181 entidades, como parte de una campaña para reclamar justicia iniciada con la interposición de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las agresiones a Carles Vallejo. Un hombre que también fue detenido y torturado en la Prefectura Superior de Via Laietana
Para la abogada de Irídia encargada del caso, Laura Medina, “los dos casos son un ejemplo del patrón de impunidad español que afecta a los crímenes del franquismo”. Medina ha apuntado que ambas querellas se presentaron después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, “que constituyó un nuevo marco legal que implicaba una expectativa legítima de justicia para las víctimas después de años de impunidad”, pero que “aun así, esta expectativa, en el caso de Carles y los hermanos Ferrándiz, se chocó con los obstáculos judiciales de siempre”.