Laura Borràs no defraudó en su estreno como nueva presidenta del Parlament de Catalunya. Mientras dure su mandato, advirtió, la ley no limitará la voluntad de hablar y de legislar de la cámara catalana. La nueva legislatura, si depende de Borràs y se supone que de JxCat, va a dar muchos dolores de cabeza a los servicios jurídicos parlamentarios. Su elogio de la ex presidenta Carme Forcadell (vengo a retomar el trabajo desde donde ella lo dejó, dijo la nueva presidenta) es toda una declaración de intenciones y abre un horizonte de mayor conflictividad, teniendo en cuenta el desenlace del mandato de Forcadell y las causas por desobediencia contra la mayoría de aquella mesa pendientes de sentencia.
La omisión de cualquier referencia al presidente saliente, el republicano Roger Torrent, vino a confirmar la decidida voluntad de enterrar la moderación de su mandato, del que de todas maneras no ha salido indemne, pues tiene pendiente una investigación por desobediencia por unas mociones contra la monarquía. JxCat no perdonará nunca a Torrent el haber evitado el conflicto en diversas situaciones, especialmente al impedir la investidura telemática de Carles Puigdemont, respetando las advertencias del Tribunal Constitucional.
Por no citar, Borràs eludió cualquier referencia a ERC, partido al que debe la presidencia. Su desdén hacia los republicanos quedó patente al referirse a su fracaso como candidata a la presidencia de la Generalitat por haber dado el electorado independentista “prevalencia a otro grupo”. El acuerdo para constituir la mesa del Parlament entre ERC, JxCat y la CUP se cerró formalmente en el último minuto, aunque la opción de Laura Borràs fuera la primera y casi única que trascendió desde el primer momento. La ex diputada en el Congreso reúne dos condiciones esenciales para ocupar la presidencia de la cámara: tiene un discurso patriótico de alto voltaje y está imputada por el Tribunal Supremo.
La CUP no votó a Laura Borràs. Habían advertido que no lo harían dada su condición de imputada por un caso de contratación irregular durante su gestión de la Institució de les Lletres Catalanes; pero no hicieron nada para impedir su elección. También el presidente de ERC, Oriol Junqueras, había criticado la presentación de Borràs como candidata a la presidencia de la Generalitat por esta causa (en ERC no estaría en las listas, afirmó en campaña); sin embargo los diputados republicanos la votaron como presidenta del Parlament. ERC tenía que votarla en contraprestación a los votos que Pere Aragonés necesitará para ser investido. Y la CUP se limitó a abstenerse para cumplir la primera ley de hierro de la mayoría independentista: esté o no imputada, lo prioritario es que sea independentista. A cambio, los antisistema consiguieron por primera vez un lugar en la mesa de la cámara.
El discurso de Borràs estuvo a la altura de las expectativas. No faltó la referencia al presidente legítimo de la Generalitat (Puigdemont, por supuesto), ni la definición del Parlament como institución soberana a la que ningún ordenamiento jurídico puede limitar, ni a su propósito de trabajar para la liberación nacional de Cataluña; por descontado que no se olvidó de denunciar la guerra sucia del estado contra los independentistas y de anunciar la jornada como el enésimo punto de inflexión hacia la independencia. Pronto se podrá comprobar la determinación de la presidenta.
En la sesión constitutiva de la cámara, el diputado electo por JxCat, Lluís Puig, establecido en Bruselas para evitar la justicia española, no pudo votar al negarle la mesa de edad la posibilidad de delegar el voto. La mesa estaba formada por los dos diputados más jóvenes, uno del PSC y uno de Vox, y presidida por Ernest de Maragall (ERC) como diputado de mayor edad. Los dos jóvenes impidieron la delegación. La cuestión reaparecerá en el primer pleno del Parlament y Borràs anunció que rectificará esta decisión. Quien sí pudo votar fue la diputada republicana Meritxell Serret que regresó por sorpresa a Barcelona el jueves, previo paso por Madrid para comparecer ante el juez Llarena, quien dictó libertad sin fianza a la espera de una posterior comparecencia para declarar por el delito de desobediencia que se le imputa.
La inauguración de la XIII legislatura sirvió para estrenar el cordón parlamentario contra Vox, acordado por todos los grupos excepto Ciudadanos y PP. Este acuerdo fue glosado por la nueva presidenta de la cámara, calificándolo de muro contra el autoritarismo. Además de Vox, también Ciudadanos, PP y En Comú-Podem han quedado fuera de la mesa del Parlament, en la que los grupos independentistas dispondrán de 5 representantes por 2 el PSC.
