La sentencia del caso Palau puede representar la ruina del PDeCat. Como sucesor de Convergència Democràtica tiene que hacer frente al pago de 6,6 millones de euros, que sería la cantidad recibida por los convergentes entre 2000 y 2008 desde Ferrovial, la constructora que aprovechaba las cañerías del Palau de la Música para pagar comisiones al partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

Tal y como ha quedado acreditado, Ferrovial empezó a pagar comisiones mucho antes de la llegada de Mas al liderazgo del partido. La constructora acordó que ingresaría un 3% de las adjudicaciones de obra pública en Cataluña de instituciones gobernadas por Convergència, fuera la Generalitat o Syuntamiento, como el Sant Cugat del Vallès. Más adelante, este porcentaje se amplió hasta el 4%. Esto no quiere decir que la adjudicación fuera viciada. Mas siempre ha defendido que la Generalitat ha actuado con transparencia y legalidad en las adjudicaciones de la obra pública. Esto no evitaría que una constructora, en este caso Ferrovial, dé un porcentaje sobre todas las adjudicaciones. Como un escaparate de legalidad, Ferrovial se hizo patrocinador de honor de Palau. Así, podía enmascarar la fluidez de dinero. Pagaría mucho más pero iría con factura. El dinero entrado en el Palau ya dejaba de ser cosa suya. Era un mecanismo casi perfecto si no se hubieran encontrado con un Félix Millet ávido de dinero y que aprovechaba todo el que podía para enriquecerse personalmente, con la complicidad de Jordi Montull, la otra persona que facilitó el expolio.

Ahora, el PDeCat es el responsable de hacer frente a estos 6,67 millones de euros. Aunque los actuales dirigentes se  desmarcan, CDC tiene embargadas 15 de sus sedes, valoradas en unos 3,2 millones, un poco menos de la mitad de lo que tiene que hacer frente. Estas sedes son utilizadas por el PDeCat. Las finanzas del PDeCat son escasas. Además, el dinero que esperaba por formar parte de Junts per Catalunya irán directamente al grupo parlamentario, por lo que tendrá que hacer frente a un expediente de regulación por el personal o bien vender propiedades.

Cuando Mas anunció la dimisión como presidente del PDeCat, ahora hace una semana, ya dijo que el precio pagado por CDC era el más alto, pues había desaparecido como formación política. Aunque insiste en que los hechos pasaron antes de su liderazgo, en realidad la sentencia hace mención al periodo 2000-2008, cuando él ya era el presidente de Convergència. Durante el juicio, el abogado defensor del extesorero convergente Daniel Osácar (condenado a 4 años y cinco meses), ya reconoció que el partido se habría beneficiado de unos dos millones de euros, pero no de los 6,67 probados por la Fiscalía y que el Tribunal ha dado por buenos.

Para el tribunal, CDC se benefició de un tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entonces, Convergència tenía dinero. Ahora, hacer frente a estos más de seis millones de euros puede llevar a su desaparición y ser engullida por la plataforma de Junts, inspirada por Carles Puigdemont, quién en 2010, siendo diputado de CiU afirmaba: "Con la comisión del caso Palau, el PSC confunde sus obsesiones y éstas con la realidad. Por eso ha arruinado al país". Un Puigdemont que se siente heredero de Convergència, tal y como aseguró el sábado durante el consejo nacional del PDeCat.