“Durante las pruebas PISA 2025 ha habido errores graves e inaceptables”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles ante el Parlament en una comparecencia a petición propia para informar sobre la incidencia por la que en Cataluña quedaron excluidos de realizar las evaluaciones más del 5% del alumnado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fija como umbral y, por ende, los resultados del territorio catalán no son comparables ni con los de otros lugares ni con los de otros años. Como reclamaban también varios grupos parlamentarios, el jefe del Ejecutivo catalán ha ofrecido explicaciones en la Cámara catalana apuntando a la aportación de información incompleta a los centros por parte del ya extinto Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu como el origen del problema.
En su intervención, Illa ha remarcado que el incidente de PISA no se trata de ninguna alteración de los resultados del alumnado ni de un problema en la corrección de las pruebas, sino “de un error grave en el proceso de aplicación, seguimiento y validación de la muestra”. Una incidencia que, como ha subrayado, provocó que un 23,2% de los alumnos que debían haber participado en las pruebas quedaran exentos. En concreto, 591 estudiantes de los 2.545 que integraban la muestra. Asimismo, las diligencias realizadas han indicado que de 51 centros tan solo 5 cumplieron con el límite de exclusión establecido por la OCDE.
Hasta el momento, el error ha conllevado la apertura de tres expedientes disciplinarios a tres funcionarios, como informó el pasado 31 de agosto la consellera de Educación y Formación Profesional (FP), Esther Niubó. Según ha detallado Illa, dos se iniciaron “por hechos que podían constituir presuntamente un incumplimiento grave de las funciones y deberes inherentes a la función pública” y un tercero “por unos hechos que podrían constituir presuntamente una infracción leve vinculada al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa de transparencia y buen gobierno”.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha defendido que “cuando una administracion detecta que sus mecanismos de control han fallado”, como ha afirmado que ha sido el caso, no es suficiente determinar responsabilidades individuales. En este sentido, ha sostenido que “es necesario corregir también los procesos que han permitido que el error se produjese” y que eso es lo que el Govern ha comenzado a hacer reforzando los mecanismos de supervisión con medidas como la creación de la Comisión Coordinadora de Pruebas y Estudios de Evaluacion, un órgano técnico y permanente que debe ordenar y controlar la aplicación de las diferentes pruebas del sistema o el fortalecimiento de la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que ha sustituido al Consell Superior d'Avaluació.
La secuencia de los fallos
En su comparecencia, Illa ha explicado cómo sucedieron los hechos que llevaron al incidente. El jefe del Ejecutivo catalán ha indicado al Parlament que el Consell Superior d’Avualació del Sistema Educativo, entonces responsable de la coordinación de las pruebas PISA en Cataluña en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Gobierno, celebró en marzo de 2025 una sesión informativa con los centros seleccionados para participar en las evaluaciones en la que presentó una documentación que recogía la información del INEE sobre los criterios de exclusión del alumnado, pero que estaba incompleta.
En la documentación que recibieron los 51 centros que participaron en las pruebas PISA del año 2025 no constaba el umbral del 5% como porcentaje máximo de alumnos que podían ser excluidos de realizar las evaluaciones. Un error que provocó que, tras el arranque de la aplicación de las pruebas el 31 de marzo del año pasado, el 9 de abril el INEE comunicara al Consell d’Avaluació que en Cataluña se estaba registrando un porcentaje de alumnado excluido superior al que correspondía.
Entonces, como informa Illa, el INEE pidió expresamente al Consell d’Avaluació que se recordara a los centros que únicamente se debía excluir de las pruebas PISA a aquellos alumnos para los cuales la comprensión o realización de las pruebas resultara imposible, pero la advertencia no llegó a los centros, o al menos las diligencias no habían podido acreditar que así sucediera. De la misma manera, tampoco consta que al recibir esta alerta se activasen medidas específicas de seguimiento o de corrección, a pesar de que todavía había centros que no habían realizado las evaluaciones.
De hecho, el Consell d’Avaluació recibió hasta seis informes técnicos antes de que se finalizara el período de aplicación de las pruebas PISA. El último de los informes que recibió el Consell sobre el error consta del 30 de mayo, 14 días después de que finalizara el período de aplicación de las pruebas. A partir de entonces, se habrían interrumpido las comunicaciones respecto a la incidencia.
Respecto al momento en el que la consellera Niubó habría sido notificada del error de PISA, Illa ha asegurado que las diligencias muestran que la información no se elevó a los responsables políticos del Departamento de Educación en ningún momento hasta finales de febrero de 2026. Fue entonces cuando a la actual directora de la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació se le comunicó oralmente la existencia de una incidencia técnica en las pruebas realizadas el curso anterior.
En ese momento, la información habría comenzado a elevarse dentro del Departamento hasta llegar a la consellera y, entonces, se activó el procedimiento para esclarecer qué había ocurrido con tres objetivos, según Illa: reconstruir los hechos, identificar las deficiencias producidas durante el proceso y determinar si se podían derivar responsabilidades. No habría sido hasta el pasado mes de junio cuando la Agència d’Avualuació habría tenido constancia de la magnitud del asunto.
Illa aboga por esperar a que se cierren los expedientes para atribuir responsabilidades
Así ha repasado Illa la secuencia de los hechos, como ya había explicado con anterioridad la consellera Niubó. Además, ha declarado que las diligencias realizadas hasta ahora “apuntan a errores de interpretación, errores de supervisión y fallos en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización”.
Las diligencias señalan a tres personas, pero Illa ha abogado por no atribuir responsabilidades hasta que no concluyan los procedimientos disciplinarios en curso. “El Govern debe respetar escrupulosamente todas las garantías de procedimiento, el derecho de defensa de las personas afectadas y la presunción de inocencia. No corresponde, por lo tanto, anticipar el resultado ni identificar a las personas afectadas. Serán los expedientes los que determinarán definitivamente los hechos, las responsabilidades individuales y, si es necesario, las consecuencias que se deriven”, ha manifestado.
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