En la misma semana en la que Salvador Illa ha retomado su actividad institucional, el Govern de Cataluña ha alcanzado un acuerdo con los Comuns para poder aprobar los presupuestos para el ejercicio de 2026. El pacto, que ha sido firmado este jueves por el jefe del Ejecutivo catalán y la líder de la formación, Jéssica Albiach, en el Palau de la Generalitat, aumenta los recursos propios que se destinarán a la materia habitacional hasta los 1.250 millones de euros, incrementando en 500 millones respecto a las últimas cuentas catalanas aprobadas. La rúbrica se ha realizado tras haber llegado a un entendimiento respecto a uno de los ejes centrales de las negociaciones: la limitación de la compra especulativa de viviendas.
En esta cuestión, el Govern y los Comuns han acordado limitar a los grandes tenedores la adquisición de inmuebles en los 271 municipios declarados como zonas de mercado tensionado, los cuales concentran el 90% de la población de Cataluña, a quienes vayan a hacer un uso residencial habitual de los pisos. Por lo tanto, el Ejecutivo catalán ha logrado convencer al partido de Albiach para que la medida tan solo afecte a aquellos que disponen de cinco o más viviendas en dichas localidades.
Los grandes tenedores solo podrán adquirir viviendas para uso residencial
De esta manera, para poder acceder a la compra de un piso en una zona declarada como tensionada, los propietarios de cinco o más viviendas deberán acreditar que el uso que harán de la nueva se restringirá al residencial mediante una declaración responsable ante notario y empadronándose en la localidad en la que se encuentra el inmueble en un plazo máximo de doce meses, que se podrá prorrogar otros seis meses por causas justificadas. Sin embargo, los grandes tenedores que sean personas físicas podrán adquirir una segunda residencia en otro municipio, la cual se considerará una extensión de la habitual.
Por ende, la limitación de la compra especulativa supone la prohibición de que los fondos buitre puedan adquirir una vivienda en los municipios declarados como tensionados. Estos fondos de inversión tan solo podrán obtener edificios enteros, en este casos los alquileres de sus pisos deberán ser exclusivos para el uso residencial y respetar n el tope de costes establecido por el índice de referencia de precios del arrendamiento.
En cuanto al resto de propietarios, estos podrán acceder a la compra de hasta cuatro viviendas en zonas tensionadas y ponerlas posteriormente en arrendamiento siempre que respeten la regulación de los precios establecida por la ley de la vivienda. Asimismo, las viviendas obtenidas por los pequeños tenedores podrán ser utilizadas por un familiar de hasta segundo grado.
Se espera poder reformar la ley de urbanismo vía lectura única
El marco jurídico a través del cual se efectuará la regulación de los precios será la reforma de la ley de urbanismo, que se espera que entre en vigor antes del próximo verano. Una modificación legislativa que llega después de que los cuatro informes encargados por la Generalitat y los Comuns a un grupo de expertos sobre la viabilidad jurídica de la medida hayan concluido que es legal y constitucional.
Para su aprobación en el Parlament de Cataluña, la semana que viene PSC y Comuns iniciarán reuniones para explicar la propuesta al resto de grupos parlamentarios. Posteriormente, se decidirá en un pleno si se valida su tramitación vía lectura única, como se pretende, y, en tal caso, quince días más tarde se llevará a cabo la votación definitiva en la siguiente sesión plenaria.
Una vez entre en vigor la norma, deberán ser los ayuntamientos de los municipios de mercado tensionado los que la lleven a la práctica mediante la aprobación de planes especiales urbanísticos. En caso de que un Gobierno municipal no presente dicha iniciativa en este sentido, la sociedad civil organizada, como los sindicatos o las asociaciones vecinales, podrá llevar a pleno la medida.
Aparte de la limitación de la compra especulativa de inmuebles, la reforma de la ley de urbanismo también incluye un endurecimiento del régimen sancionador por el incumplimiento de la norma que aumenta el importe que puede alcanzar hasta los 1,5 millones de euros. Además, se incorporan nuevos supuestos que podrán ser multados, como no destinar la vivienda al uso declarado o cometer fraude de ley por intentar eludir la condición de gran tenedor.
Incremento de los recursos destinados a la materia de vivienda
Respecto al incremento presupuestario en materia de vivienda que establece el acuerdo, pasando de los 750 millones de euros (850 con suplementos de créditos) a los 1.250, Comuns y Govern han pactado otras medidas habitacionales. Entre ellas, destacan el aumento de hasta 300 millones de euros de los recursos destinados a la compra de inmuebles por parte del Ejecutivo para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler, el incremento del importe de las ayudas para los inquilinos a 300 millones y una partida de 150 millones para la rehabilitación de pisos.
Justamente, el pacto sobre el aumento de las subvenciones para el alquiler fue anunciado este miércoles por los Comuns e incluye la subida de los ingresos máximos que pueden tener los inquilinos para acceder a estos subsidios de los 25.200 euros hasta los 36.279 euros, priorizando a los hogares que deben destinar más del 30% de sus sueldos al arrendamiento. Igualmente, incrementa el precio límite de la renta del inmueble a los 1.135 euros mensuales en Barcelona y hasta los 850 en el resto del territorio catalán.
La previsión es que este refuerzo de las ayudas al alquiler beneficie a 50.000 unidades familiares catalanas, pasando de las 95.000 a las 145.000 favorecidas por el acuerdo. De esta forma, las subvenciones llegarán a un 25% de los inquilinos del conjunto de Cataluña, incrementando en 12 puntos porcentuales el porcentaje de población que recibirá dichos subsidios.
Otros puntos del acuerdo presupuestario
El acuerdo presupuestario firmado entre Albiach e Illa también recoge pactos en otros ámbitos aparte del de la vivienda, como es el de la movilidad. Los más destacados en esta materia consisten en la ejecución por parte de la Generalitat de inversiones en la red de Rodalies a través de encomiendas de gestión, el mantenimiento de las bonificaciones de hasta el 50% para los billetes de transporte público T-Usual y TJove y el refuerzo del servicio de buses interurbanos con 21 millones de euros.
Asimismo, el acuerdo para la aprobación de las cuentas autonómicas incluye otros puntos como un plan de choque contra el sinhogarismo de como mínimo 30 millones de euros o el refuerzo de las políticas de memoria democrática con una partida de hasta 10 millones de euros. De la misma manera, aumenta en 40 millones de euros el presupuesto de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), la cual se encarga de gestionar las políticas de ayuda y acción humanitaria para otros países.
Illa defiende que el pacto conlleva "unas nuevas cuentas para reforzar los servicios públicos y mejorar la vida de los catalanes"
Tras la firma del acuerdo presupuestario, Illa ha señalado en sus redes sociales que el pacto tiene como resultado “unas nuevas cuentas para reforzar los servicios públicos y mejorar la vida de los catalanes y las catalanas”. “Damos un paso adelante a favor de todo el mundo gracias al acuerdo con los Comuns para los presupuestos de la Generalitat de 2026”, ha defendido.
Además, desde el Ejecutivo catalán se ha querido destacar las políticas de vivienda, calificándolas de valientes, así como “la mejora de los servicios públicos esenciales”. También se ha remarcado que el acuerdo con los Comuns “se trata de un primer paso para aprobar las nuevas cuentas”. Para ello, el Ejecutivo catalán tiene que iniciar las negociaciones con ERC, su otro socio. “El Govern se compromete a seguir trabajando para obtener los apoyos necesarios”, se ha asegurado.
Jéssica Albiach, líder de los Comuns: "Queríamos un acuerdo que se notase en las cosas más cotidianas y lo hemos logrado"
Por su parte, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha ofrecido una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat en la que ha reivindicado que el pacto presupuestario servirá para mejorar la vida de la ciudadanía catalana. “Queríamos un acuerdo de presupuestos que se notase en el día a día y en las cosas más cotidianas y puedo decir que lo hemos logrado. Estamos satisfechas de haberlo conseguido”, ha declarado.
En cuanto a la limitación de la compra especulativa de vivienda, Albiach ha celebrado que Cataluña se haya convertido en la primera comunidad autónoma de España en pactar dicha medida y ha subrayado que con el acuerdo presupuestario también se ha “expulsado a los fondos buitre”. “No podemos impedir que compren. Lo que sí podemos es condicionar a qué va destinada esta vivienda. Esta es la clave de la reforma que hacemos”, ha manifestado.