Según el Consejo de Estado las comunidades autónomas no tienen competencia para fijar el precio de los medicamentos. Además considera que aplicar el euro por receta provoca un conflicto de desigualdad "al obligar a los ciudadanos que adquieran los medicamentos en su ámbito territorial a realizar un desembolso mayor que el que deban afrontar en otras partes del territorio del Estado".
El euro por receta ha sido criticado por todos los partidos de la oposición en las dos comunidades afectadas pero también por el Gobierno central, que con Rajoy a la cabeza, se lanzó en tromba a desautorizar la medida. Lo curioso del caso es que lo hicieron justamente cuando lo anunció uno de los suyos, el popular Ignacio González. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, habló incluso de la posibilidad de recurrir al Constitucional.
