La escasez de rastreadores de los nuevos contagiados es el gran inconveniente para hacer frente de forma eficaz a los rebrotes, según todos los expertos y una demostración inequívoca de la falta de previsión del gobierno Torra. La escasez de los epidemiólogos de campo no es un déficit exclusivo de la Generalitat, pero esta pésima gestión de la desescalada y los rebrotes en Lleida y Barcelona-L’Hospitalet llevan implícita una lección de humildad para Torra, quien habiéndose autoproclamado el campeón de la lucha contra el virus sobre el papel, cuando la responsabilidad recaía en el gobierno central, debe asumir ahora el choque con la comprometida realidad por la que pasa Cataluña y la confusión de su gobierno para hacerle frente.

La Generalitat dispone de unos 120 rastreadores sobre el terreno para identificar los círculos de contagiados y según la consellera de Salut, Alba Vergés, pueden ampliarse hasta 900. El cálculo teórico en el que coinciden la mayoría de expertos sitúan la cifra adecuada en 2.000. Luego están los 180 teleoperadores aportados por Ferroser, la filial de Ferrovial que obtuvo por adjudicación directa (facilidad debida al estado de alarma) un contrato de casi 18 millones que sigue en vigor a pesar de las protestas políticas y sanitarias. En vigor, pero en revisión, pensando en si debe suspenderse o solo congelarse. La alcaldesa Ada Colau le ha ofrecido a la Generalitat incorporar 50 rastreadores a cargo del ayuntamiento ante el aumento preocupante (se han triplicado) de nuevos contagiados en Barcelona. La consellera ha respondido que no lo ve necesario, aunque se ha avenido a crear una oficina mixta para el rastreo en la ciudad.

Que el sistema catalán no funciona como debería ante los rebrotes lo reconoce incluso la titular de Salut, al menos en reuniones de trabajo. La escasez de rastreadores es el déficit más innegable, sin embargo no es la única señal de preocupación emitida por la Generalitat en estas circunstancias. Las imprecisiones jurídicas para confinar la comarca del Segrià han retrasado la aplicación de la medida unos cuantos días, la decisión de convertir el uso de la mascarilla en obligatoria en todas partes ha chocado con un sector de la opinión pública y de los epidemiólogos habituales por considerarla excesiva, aunque el presidente Torra ya ha reclamado su visión de gobernante adelantado al ver que otras comunidades autónomas también lo instauraban. 

En este panorama desmoralizante, el Departamento de Salud vive una crisis interna inédita. A finales de mayo, dimitió el Secretario de Salud Pública, Joan Guix, por motivos personales. A finales de junio, dejó su cargo César López, director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria, por motivos burocráticos, dado que la plaza debe salir a concurso. Este jueves ha dimitido el jefe del Gabinete Técnico, Josep Ramon Morera, también por razones personales. Ninguno ha sido substituido. 

Y finalmente, hay que registrar las disensiones políticas de algunos de los alcaldes independentistas de la comarca del Segrià que ante la falta de información oficial, las dudas y los retrasos jurídicos en la aplicación del confinamiento no han podido evitar las críticas al gobierno Torra. Las de los ayuntamientos de Barcelona y L’Hospitalet estaban descontadas. 

El debate interno en la Generalitat es si ante el agravamiento se debe pedir ayuda al gobierno central o debe mantenerse en la confianza de sus propios recursos. El ministerio de Sanidad ha ofrecido su colaboración al gobierno catalán desde el primer momento del despunte del brote en Lleida, específicamente en el análisis de datos, según divulgó Nació Digital. A pesar de las dificultades para tener una información ajustada de los rebrotes, la propia consellera ha admitido que se rechazó la oferta por no considerarla necesaria.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, viene exhibiendo todo su apoyo a la Generalitat, incluso en la polémica del decreto-ley de confinamiento de Lleida, y todo hace pensar que en los niveles técnicos el contacto entre las administraciones es mínimamente fluido. Lo que no parece tan fluida es la relación interna entre la presidencia de la Generalitat y el departamento de Salud, al que dejó en evidencia al anunciar la limitación inicial de movimientos en el Segrià cuando la consellera lo había descartado unas horas antes.

El previsible empeoramiento de la curva de contagiados en Cataluña, aunque por ahora no se traduce en un incremento preocupante en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos ni menos aun en el número de fallecimientos, podría alimentar la hipótesis de una solicitud formal de ayuda al gobierno central.  Sin embargo, aquí entrará en juego la particular personalidad política de Quim Torra y su posición permanente durante toda la crisis del coronavirus. 

A pesar de que la gestión de la urgencia del rebrote se le está atragantando a la administración autonómica, le será muy difícil al presidente de la Generalitat pedir dicha ayuda, después de haber defendido, desde el primer minuto por allá en marzo, que su gobierno se sobraba y bastaba para dirigir la batalla contra el virus porque nadie conocía mejor el país que ellos . En aplicación de los cánones habituales de la rentabilización política de la tensión, Torra preferiría que la ayuda le fuera impuesta, tal vez con un estado de alarma particular para Cataluña, aunque si fuera para toda España también le valdría.