Quim Torra afirmó el otro día en la clausura de la Universitat Catalana d’Estiu, en Prada de Conflent, estar seguro de tener el viento de la historia a favor de la causa independentista, también lo dijo hace un mes Carles Puigdemont y por descontado que Mariano Rajoy proclamó que el constitucionalismo ocupaba esta preciada posición, a finales del pasado año. Pedro Sánchez cree que el punto adecuado para moverse ahora mismo es el del diálogo, aunque la fórmula tambalea constantemente por las diferencias de apreciación existentes entre las partes sobre un concepto tan amplio.
La diputada Miriam Noguera, vicepresidenta del PDeCAT, considera incompatible promover el diálogo político y presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Generalitat de reabrir unas cuantas de las embajadas cerradas por el 155, por no disponer el gobierno catalán del informe preceptivo del gobierno central.
En cambio, no parece ser un obstáculo para mantener viva la cita entre presidentes en otoño que Torra proponga “atacar al Estado” o, según su nueva versión, “acusar al Estado por la farsa” del proceso jurídico contra los dirigentes independentistas. Es un lujo creerse en el lado bueno de la historia, ofrece un margen de maniobra mucho más generoso para el error propio. También se otorgan este privilegio los dirigentes del PP o de Ciudadanos que solo ven razones para romper toda relación con el independentismo, aunque solo sea por querer atacar al Estado “hablando de forma inaceptable”, como subrayó la vicepresidenta Carmen Calvo.
El error administrativo del conseller Ernest Maragall al saltarse el informe preceptivo según la legislación vigente es algo más que hablar al parecer del titular de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es una medida de “legítima defensa”, se supone que ante el Estado al que hay que atacar o acusar. Una cortina de humo para evitar que se preste atención al hecho científico de que la Generalitat debe a dicho Estado el 77,6% de su deuda, que a estas alturas asciende al 34,4% del PIB catalán. Una cifra astronómica para una administración que no tiene prácticamente otra fuente de financiación que no sea el Fondo de Liquidez Autonómica del Estado, aunque muy alejada, todavía, del porcentaje de deuda del Reino de España, situada en el 98,8% del PIB español.
Atacar o acusar al Estado es la consigna del mes. Esta se conjuga con cualquier cuestión susceptible de ser atribuida al gobierno central, preferentemente en materia de violencia en la calle. La presencia de un guardia civil entre quienes descuelgan lazos amarillos, además de la agresión sufrida por un periodista a manos de un policía nacional que todavía no ha sido suspendido y los insultos denunciados por dos diputados de ERC, proferidos por un agente de policía, suponen, a juicio de Torra, una escalada de violencia que el ministerio del Interior no sabe, o no quiere, atajar.
Esta línea argumental se complementa con la preparación del terreno para el nuevo curso, cuya inauguración se anuncia con un discurso sonado del presidente Torra, asociado a una acción contundente del independentismo para recuperar la iniciativa política, perdida hace meses, y elevar la tensión en la perspectiva del juicio a los dirigentes procesados. Este runrún comparte protagonismo con el choque anunciado entre familias soberanistas a cuenta de las primarias municipales impulsadas por Jordi Graupera para conformar una candidatura única, al menos para Barcelona.
Esta propuesta no ha conseguido el aval ni de ERC ni de PDeCAT, sin embargo, la ANC acaba de prestar su apoyo a la idea, dando algo de esperanza al núcleo de independentistas heterodoxos y radicales que se expresan claramente decepcionados por tanta marea amarilla y tan escaso fervor por dar vida a la república. Este grupo no da crédito a las palabras de Torra de “no desviarse un milímetro” del compromiso republicano y también se creen instalados en el lado correcto de la historia.