El Govern de Cataluña ha aprobado en la reunión del Consell Executiu de este martes un primer paquete de medidas para hacer frente al impacto que la guerra en Oriente Medio pueda tener en el conjunto del territorio catalán de 400 millones de euros, de los cuales 216 millones se destinarán al apoyo a los sectores económicos más afectados por el conflicto en Irán. Asimismo, la Generalitat movilizará 154 millones de euros en actuaciones para impulsar la transición ecológica hacia las energías renovables y 30 millones en iniciativas para proteger la situación socioeconómica y el poder adquisitivo de las familias catalanas más vulnerables.
Entre las medidas para defender y reforzar el tejido económico catalán, el paquete incluye tanto ayudas directas a los sectores empresarial, agrícola, pesquero y de transporte, considerados los más afectados por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, como líneas de financiación a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat (ACCIÓ). Igualmente, incorpora la exención del impuesto sobre las emisiones de CO2 para los vehículos de transporte de mercancías de hasta 3,5 kilogramos y la de las tasas de las titulaciones de pesca, la cual tendrá una duración de nueve meses.
Ayudas directas y líneas de financiación para los sectores económicos catalanes
Las subvenciones directas para el tejido económico catalán contempladas en el paquete estarán condicionadas a que las empresas que las reciban mantengan los puestos de trabajo previos a la escalada bélica en Oriente Medio. Estas incluyen ayudas a la promoción de la internacionalización y a la creación de filiales en el extranjero, a la descarbonización industrial, a las inversiones en regadíos, a la protección de cultivos o a pequeños transportistas, autónomos y tanto pequeñas como medianas explotaciones agrarias perjudicadas por el incremento del precio de los carburantes.
En cuanto a la financiación bonificada, entre las medidas se encuentran dos nuevas líneas de ayudas, una del Instituto Catalán de Finanzas y ACCIÓ para cubrir las necesidades de activos circulantes e inversiones y otra de préstamos en condiciones preferentes para autónomos y empresas. Además, se abrirá una nueva convocatoria de la línea de préstamos ICF-Agroliquiditat, dirigida al sector agroalimentario.
Medidas destinadas a las familias de Cataluña y al impulso de las energías renovables
Por otro lado, los 30 millones de euros destinados a las familias servirán para llevar a cabo diversas medidas en distintos ámbitos como la creación de una línea abierta de ayudas para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con los efectos del conflicto o el refuerzo de las subvenciones de urgencia social para que los ayuntamientos para que tenga la capacidad de hacer frente a los gastos esenciales de los hogares más necesitados, véase la alimentación y los suministros básicos. En materia de movilidad, para paliar la subida del coste del combustible, se incrementarán los recursos para reforzar la red de transportes públicos por carretera y se revisarán los precios del transporte escolar.
Respecto a las actuaciones para acelerar la transición ecológica y una movilidad más sostenible, el paquete cuenta con actuaciones como una nueva línea de crédito del ICF para financiar proyectos de energía renovable, el impulso de los parques públicos fotovoltaicos con el incremento de recursos para la Energética, la promoción del biogás o el estímulo de la compra pública verde. De la misma manera, se fortalecerá el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2026-2030 con el fin de fomentar el cambio a este tipo de transporte y se realizará un seguimiento de la evolución del precio del combustible para determinar si es necesario modificar algún aspecto del modelo actual.
Un paquete adaptable según la evolución del impacto del conflicto
El paquete de medidas ha sido aprobado después de que el Govern mantuviera dos encuentros con representantes de los grupos parlamentarios de Junts, ERC, PP, Comuns y CUP, en los que estos plantearon algunas propuestas. Según la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, una cantidad importante de estas iniciativas, así como de las planteadas por agentes sociales en el Consejo del Diálogo Social de Cataluña, ha podido incorporarse en el acuerdo.
En la reunión con los grupos parlamentarios también se acordó la constitución de un grupo de seguimiento vinculado a la Agencia Catalana de Consumo (ACC) para controlar la afectación de la guerra en la evolución de los precios. Este complementará el trabajo de la Comisión interdepartamental creada el pasado 10 de marzo con miembros de distintas áreas del Ejecutivo catalán para hacer un análisis de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Según las conclusiones de estos órganos, podría realizarse alguna modificación respecto al paquete de medidas. “Se adaptaría en el caso de que hubiese elementos que lo recomendasen”, ha afirmado Paneque.