Históricamente, Cataluña y Andalucía han sido dos territorios fundamentales para el PSOE en sus victorias en las elecciones generales. Sin embargo, la situación del PSC y del socialismo andaluz responde a trayectorias inversas. El partido liderado por Salvador Illa ha pasado de tener un papel secundario en la política autonómica a gobernar prácticamente todas las grandes instituciones catalanas. En cambio, la primera federación del PSOE, que capitaneó durante casi cuatro décadas la Junta de Andalucía, es hoy una formación que necesita reinventarse y recuperar músculo territorial si quiere aspirar a volver a ocupar el Palacio de San Telmo.
Las últimas elecciones generales acentuaron esta dinámica: si Pedro Sánchez logró conservar la presidencia del Gobierno tras los comicios de 2023 fue, en buena parte, gracias a los 19 diputados obtenidos en Cataluña. Es evidente que, de cara a la investidura, también necesitó el apoyo de distintos grupos nacionalistas e independentistas, pero sin aquel resultado del PSC probablemente hoy el jefe del ejecutivo sería Alberto Núñez Feijóo.
La gran confianza depositada en los socialistas catalanes también se explica por el hecho de que se trataba de una cita con las urnas en la que se decidía si habría un gobierno de izquierdas o bien un ejecutivo de derecha y extrema derecha. En este tipo de convocatorias, la sociedad catalana suele movilizarse.
Cabe subrayar que aquellos comicios tuvieron lugar después de las elecciones autonómicas de 2021. Unas elecciones que probablemente dejaron dos noticias importantes. La primera fue la irrupción, poco antes del inicio de la campaña electoral, de Salvador Illa como candidato tras haber sido ministro de Sanidad, así como su victoria en votos (empató en escaños con ERC). La segunda fue el ‘sorpasso’ de los republicanos a Junts al frente de la presidencia de la Generalitat.
Después de tres años de una oposición constructiva y en medio de las continuas disputas entre las formaciones independentistas como consecuencia de la constatación del fracaso del procés, Illa fue investido presidente de la Generalitat gracias a los votos de ERC y los comunes.
La federación andaluza del PSOE, en cambio, ha recorrido el camino inverso. Después de 37 años en el poder, con un partido internamente dividido – solo hay que recordar las primarias entre Susana Díaz y Juan Espadas- y sin un rumbo claro, el PP ha sabido ocupar parte del antiguo espacio socialista.
Señalo todo esto a raíz del debate abierto sobre la decisión del PSOE de situar a ministros como cabezas de lista en unas elecciones autonómicas.
¿Por qué funcionó en el caso de Salvador Illa? A mi juicio, por cuatro motivos.
El primero es que adquirió una gran notoriedad pública durante la pandemia. El hecho de que compareciera continuamente en rueda de prensa para anunciar nuevas restricciones o el levantamiento de algunas limitaciones hizo que alcanzara un nivel de conocimiento muy elevado entre la ciudadanía. También influyó que, en un contexto de enorme incertidumbre y con muchas defunciones diarias, Illa transmitía serenidad y calma. No era una tarea nada fácil y, pese a la distancia impuesta por la pantalla televisiva, proyectaba una cercanía que buena parte de la ciudadanía valoraba positivamente. La segunda razón es su estilo dialogante y pactista con el resto de las fuerzas políticas. El tercer motivo es que el entonces secretario de Organización socialista tenía a todo el partido detrás y que, además, el PSC había recuperado, en los últimos tiempos, músculo territorial y municipal. Finalmente, también fue determinante el contexto político. En aquel momento, la política catalana necesitaba un rostro que no hubiera estado vinculado a los hechos del año 2017 y que abriera una nueva etapa de convivencia y entendimiento entre diferentes.
María Jesús Montero, en cambio, había aterrizado como candidata después de casi ocho años al frente del Ministerio de Hacienda, una cartera poco atractiva electoralmente y que el PP había utilizado como instrumento de confrontación contra las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, era la tercera cabeza de cartel diferente en unos comicios andaluces, y era más percibida como una candidata de la Moncloa que del territorio. Esto provocó que se la evaluara más por su gestión en el Gobierno central —sin perder de vista la complejidad parlamentaria de esta legislatura— que por sus propuestas para el futuro de Andalucía. Probablemente, además, el hecho de no haber dejado antes la cartera ministerial hizo que le faltara tiempo para explicar su proyecto.
La socialista competía, asimismo, con un presidente consolidado que, pese a ello, fracasó en su objetivo de no necesitar a la extrema derecha de Vox para gobernar. Con todo, Montero, pese a perder dos escaños, sumó unos 59.000 votos más que el PSOE hace cuatro años. La cifra no es menor, sobre todo en algunos municipios, de cara a las elecciones locales del próximo año.
Sin embargo, en el debate público planea la duda de si habría funcionado mejor como candidata a la presidencia algún alcalde o alcaldesa, o bien algún diputado o diputada. Es una pregunta sin una respuesta empírica, pero el auge de una formación como Adelante Andalucía demuestra, más allá de las propuestas, que la izquierda suma adhesiones cuando está arraigada en el territorio. También es muy paradigmático el caso de Carlos Martínez, exalcalde de Soria y candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, que sumó dos procuradores en las elecciones de este año, probablemente por su política de proximidad y por el hecho de que su proyecto nació desde una visión local y municipal.
En cualquier caso, resulta evidente que una de las lecciones de los comicios andaluces es que la ciudadanía, pese a vivir inmersa en el mundo de las pantallas y de los móviles, sigue valorando mucho la proximidad física y real de los dirigentes políticos. El arraigo al territorio continúa siendo un activo político insustituible, un factor relevante que la izquierda en su conjunto debería tener presente de cara al próximo ciclo electoral.
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